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POLITICA

Se reactiva la causa Chocolate: la Justicia apunta ahora contra los diputados que pidieron contratar a los ñoquis

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Publicado originalmente en Clarín

La causa “Chocolate” se reactiva y con una novedad central: la Justicia apuntará ahora contra los diputados bonaerenses que pidieron contratar a los “ñoquis” y montaron así un sistema de recaudación millonario (e ilegal) en la Legislatura provincial.

¿Qué se sabe hasta ahora? El detenido puntero Julio “Chocolate” Rigau es un delincuente de poca monta. Para los investigadores, podría haber caído preso antes, más allá de la protección política que lo empoderaba de impunidad.

Durante mucho tiempo (se estima varios años), Chocolate iba dos veces por semana a una misma sucursal del Banco Provincia, en el centro de La Plata. Siempre en el mismo rango horario, por la tarde noche.

Cada vez, entraba con 48 tarjetas de débito para sacar de los cajeros automáticos unos $ 27 millones mensuales del sueldo de los ñoquis contratados por la Legislatura bonaerense. Se demoraba al menos media hora ingresando los plásticos en la ranura para extraer el máximo dinero permitido, $ 40,000.

Como los jugadores de ruleta que juegan en varias mesas al mismo tiempo, Chocolate operaba con dos o tres cajeros a la vez. Los sueldos eran de $580.000, por eso tenía que ir al banco muchas veces por mes. La plata la iba metiendo en una bolsa. Todo un show de la corrupción, algo complicado para pasar desapercibido y no llamar la atención.

Rigau cayó el 9 de septiembre, según el relato policial/judicial porque una jubilada que también quería usar el cajero se cansó de esperar y lo acusó con un agente de calle que estaba en la esquina. Lo agarraron con todas las tarjetas y $ 1.400.000. El juez Guillermo Asencio estimó que con este esquema de corrupción, Chocolate se robó (para otros) unos $ 800 millones.

El rol de los Albini y el enojo de Chocolate

Los investigadores judiciales aseguran que Chocolate no se quedaba con la plata. Sólo cobraba $ 200.000 por mes de los 27 millones que retiraba. Rigau estaba molesto por lo poco que le pagaban y se demoraba en rendirle la plata de las tarjetas a su jefe directo, Facundo Albini, que luego del escándalo tuvo que renunciar a su banca de concejal de Unión por la Patria.

Facundo Albini reportaba a su padre, Claudio, un vidrioso político que durante muchos años manejo la oficina de personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Un poder clave para el esquema de desfalco, ya que allí se hacen y manejan administrativamente los contratos.

El Clan Albini está preso, con prisión preventiva. Al igual que Chocolate, podrían quedar tras las rejas un largo tiempo, probablemente hasta que se realice el juicio.

Por lo menos políticamente, los Albini responden al diputado massista Rubén Eslaiman. Lo presume la Justicia y es vox populi en el mundo de la política. Los últimos años fueron fantásticos para Eslaiman. En San Martín, donde vive, hasta no hace tanto sus vecinos lo recuerdan pidiendo plata prestada, pero desde que asumió como legislador la prosperidad lo bendijo como un rayo.

Ahora, Eslaiman no sólo dejó de pedir dinero prestado sino que lo contaría a diario en alguna de sus varias casas de cambio que le atribuyen: sobre todo, aseguran fuentes del caso, en la sede que regentearía su hija, frente del famoso boliche Soul Train.

Otro dato confirmado en el mundo de la política es que Facundo Albini, papá Claudio, y Eslaiman reciben órdenes de Sergio Massa. Les gusta presentarse como sus soldados.

Massa nunca dijo una palabra del escándalo de Chocolate y los Albini. Pero, más llamativo aún, ningún legislador del radicalismo ni del PRO tampoco pidieron demasiadas explicaciones. Ni siquiera en plena campaña y a poco de las elecciones. ¿Códigos de la casta?

La madre de las curiosidades: tampoco los dirigentes libertarios anti casta liderados por el presidente Javier Milei se refirieron con vehemencia a Chocolate y los políticos massistas de las tarjetas.de la corrupción.

Un paso más de la Justicia

La fiscal Betina Lacki ahora quiere ir más allá. Intenta saber quiénes fueron los que autorizaron la contratación de los ñoquis cuyos sueldos cobraba Chocolate. Para eso pidió la nómina de todos los trabajadores del área de personal de La Legislatura.

A Lacki le costó bastante conseguir esa lista de empleados. Al principio, las autoridades políticas de la Legislatura se negaron a entregarla. Adujeron que era “información confidencial”. Luego, sí lo hicieron pero de una manera extraña: en una confusa extensión del expediente que en un primer momento los funcionarios judiciales no lograron identificar.

Durante la semana pasada hubo un cruce entre las autoridades legislativas con la fiscal, ya que en la Justicia creyeron que desde la Cámara de Diputados intentaron retacear la información. Varios medios interpretaron que Lacki y el juez Guillermo Atencio podrían tomar la decisión de allanar la Legislatura bonaerense.

Finalmente, Lacki se dio cuenta que la nómina de empleados que había pedido efectivamente se la habían mandado, pero torpemente camuflada. La Fiscal sigue enojada y, a pesar de ya tener el listado, este lunes volverá a solicitar que la Legislatura le vuelva a mandar esa información pero “de manera clara, como corresponde”.

¿Qué busca la fiscal? La intención es llamar a declarar a cada uno de los empleados que trabajan en el área de personal de la Cámara de Diputados bonaerense para que identifiquen quiénes fueron los que ordenaron contratar a los ñoquis cuyas tarjetas estaban en poder de Chocolate Rigau.

“Lo de Claudio Albini (padre de Facundo) es algo, al menos, sospechoso. Hace muchos años que tiene un alto cargo en la Dirección de Personal de la Legislatura pero nadie sabe bien cuál es específicamente. Lo que nadie sabe es si, estando presos, tanto él como su hijo se quebrarán para identificar a los verdaderos jefes. Es decir. los que armaron todo el esquema de corrupción y se quedaban con la guita”, le dice a Clarín una fuente que conoce bien a casi todos los protagonistas de este entramado mafioso que “funciona desde hace años”.



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POLITICA

Prorrogaron el mandato de Fernando Espinoza como presidente de la Federación de Municipios, a pesar de su procesamiento por abuso sexual

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Un día después de que la Cámara del Crimen confirmara su procesamiento por presunto abuso sexual y desobediencia a la Justicia, Fernando Espinoza consiguió el aval de los miembros de la Federación Argentina de Municipios (FAM) para mantenerse como presidente por un año más. Sin elecciones, el jefe comunal de La Matanza cerró por acuerdo una prórroga para todo el directorio hasta 2025.

A la reunión en la sede del centro porteño asistieron unos 100 intendentes y otros se conectaron de manera virtual. En total, la FAM reúne a unos 500 jefes comunales de todo el país, en su mayoría peronistas y el resto de otros espacios alineados con Unión por la Patria.

En forma presencial estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Varela), Mario Secco (Ensenada), Gastón Granados (Ezeiza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros.

No hubo alusiones a la denuncia de la modelo Melody Rakauskas y al procesamiento confirmado por la Cámara. Al caer la noche difundieron un comunicado con cuestionamientos al Gobierno, firmado por Espinoza y los vicepresidentes Lorenzo Schmidt (Villa Dos Trece) y Juan Manuel García (Machagai).

Entre las ausencias sobresalieron los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Alvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham). Espinoza integra el sector que impulsa a Axel Kicillof a una mayor centralidad de cara al próximo proceso electoral, lo que genera una disputa con la organización conducida por Máximo Kirchner.

La Coalición Cívica mediante un comunicado y dirigentes como Silvia Lospennato, del PRO, pidieron que Espinoza deje sus funciones en La Matanza luego de que la Cámara del Crimen porteña confirmara este miércoles su procesamiento por los presuntos delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia, con un embargo de $1.500.000.

Secretaria privada del municipio durante unos días, de manera informal y con el falso nombre de María Miccuci, Rakauskas acusó a Espinoza de presionarla para cenar en su casa y, según su declaración, a la tercera vez el titular de la FAM se bajó los pantalones y se abalanzó sobre ella con “tocamientos impúdicos”, hasta que desistió por su resistencia y se fue enojado.

Desde el municipio de La Matanza ratificaron que Espinoza no dejará su cargo ni se tomará licencia por el momento, y cuestionaron que la Cámara resolvió en cuatro días hábiles la presentación de 66 páginas, con varios pedidos de ampliación de pericias. El jefe comunal también denunció a Rakauskas por “apropiación de 18.000 archivos” de la intendencia.

Como contó Clarín hace un mes y medio, cuando se conoció el procesamiento de la jueza Fabiana Galletti, el peronismo había cerrado filas para respaldar a Espinoza. Kicillof había compartido un acto con el intendente al día siguiente, en Lomas del Mirador, y el hecho en esa instancia quedó al margen de la interna del peronismo bonaerense. Ahora los intendentes alineados con Máximo Kirchner tomaron distancia, con el faltazo a la reunión de la FAM.

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