La dramática situación de hacinamiento en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá podría encontrar alivio a partir de abril, según las últimas propuestas del alcalde Carlos Fernando Galán. Actualmente, la tasa de hacinamiento supera el 265%, generando graves problemas, especialmente en localidades como Puente Aranda, Kennedy y Usaquén.

En un esfuerzo por abordar esta problemática, de acuerdo con información de la emisora colombiana W Radio, el alcalde ha diseñado un plan que contempla la adquisición o arrendamiento de bodegas para trasladar a las personas detenidas. Este enfoque no solo mejoraría las condiciones de detención, sino que también garantizaría un cuidado más efectivo, al tiempo que liberaría espacio en las estaciones y URIs, aliviando así la presión existente.

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Otro aspecto esencial de este plan es la propuesta de utilizar el terreno en La Picota para construir una cárcel distrital con capacidad para albergar a aproximadamente 2.000 individuos sindicados. La iniciativa no solo busca resolver el hacinamiento en las instalaciones actuales, sino que también pretende proporcionar un lugar adecuado para aquellos en proceso legal.

El alcalde Galán destacó la importancia de abordar tanto a los ya condenados como a los sindicados en una reciente entrevista con W Fin de Semana.

Según Galán, “quien está condenado ya debe estar en un centro de reclusión, no en una estación de la Policía”. En relación con los sindicados, anunció una reunión para avanzar en la adquisición del terreno en La Picota, con el objetivo de tener una cárcel distrital operativa en el primer semestre del año.

El secretario de Seguridad lidera este plan, que se espera sea presentado a finales de abril. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre los lugares temporales identificados en Bogotá, es evidente la urgencia con la que se está abordando esta situación crítica, que afecta tanto a los detenidos como al funcionamiento regular de la Policía en las calles de la ciudad.

“Hay un déficit de 15.000 funcionarios” en las cárceles: director del Inpec

En una entrevista concedida a El Tiempo, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez, expuso las complejas condiciones de la vida para las personas privadas de la libertad en Colombia, en especial, desde que se ha conocido el ascendente índice de hacinamiento en los centros de reclusión del país.

En el diálogo, también destacó problemáticas relacionadas con corrupción, las falencias en la alimentación que estarían afectando a miles de presos, y enfatizó en el hecho de que el presidente Gustavo Petro no ha firmado la oficialización de su cargo, según lo que publicó el portal de noticias.

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De los principales obstáculos que están encarando los centros privativos de libertad en Colombia, uno de los más sonados ha sido el amontonamiento de encarcelados en los recintos penitenciarios. Daniel Gutiérrez, indicó que para el cierre del 2023 se había registrado un aumento en el hacinamiento carcelario que alcanzó un índice del 24,5%.

De hecho, según cifras manejadas por el mencionado medio, hay aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad de manera intramural, lo cual, en término de Gutiérrez, es un reflejo de lo que también se ve en estaciones y Unidades de Reacción Inmediata (URIs) a nivel nacional, espacios en los que el hacinamiento respecto a sindicados ha rondado cerca el 130%.

“Hicimos unas cuentas de las cifras, de las capturas que hace la Policía, y más o menos el aproximado es que al sistema entran alrededor del año 3.600 privados de la libertad”.

El hecho se suma a una serie de denuncias sobre presunta corrupción el el proceso de contratación alimentaria en las cárceles de Colombia – crédito imagen de referencia Colprensa

Pero, más allá del aparente apilamiento de presos, Gutiérrez, abordó temas como la corrupción dentro de la misma entidad, y, de la misma manera, la escasez de personal que ha desencadenado más flagelos, y que requiere de miles de funcionarios nuevos.

No obstante, las cifras mencionadas por el coronel Gutiérrez representan solo una fracción de los desafíos actuales que enfrenta el Inpec. De acuerdo con el director, una de las problemáticas destacadas es la también dispendiosa gestión en áreas esenciales como alimentación, salud e infraestructura, situaciones que se han agravado en el cierre de 2023 debido a la transición contractual que administra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en el cambio de consorcios.

“Desafortunadamente, (…) entendiendo que la Uspec es la que maneja esos tres ámbitos, y más en términos de alimentación, si a los internos no les llega comida, se van a enfermar. Tenemos entendido que para finalizar 2023 la Uspec cambió la contratación de los consorcios, entonces está en la transición de los nuevos con los viejos, y eso ha hecho que haya una crisis más amplia. Esperamos que la Uspec pueda solucionar de manera rápida”, indicó Gutiérrez al medio.