La crisis en la salud se tradujo en los últimos meses en el conflicto del Gobierno con las prepagas, pero eso fue sólo la punta del iceberg. El problema es mucho mayor. Parte de ese nudo difícil de desatar es protagonizado por los prestadores, que son los sanatorios y centros de diagnóstico cuyo financiamiento se nutre de las obras sociales, las prepagas y, en gran medida, del PAMI.

Unas treinta clínicas de Capital y el Conurbano, cansados sus dueños de no obtener mejoras en los aranceles que paga la obra social de los jubilados, tenían previsto anunciar en las últimas horas el cobro de copagos a los afiliados que tienen esa cobertura. Según pudo saber Clarín, estaba todo listo para empezar a hacerlo desde septiembre y hasta argumentaron contar con una vuelta legal que justificaba la medida. Pero a último momento, con los micrófonos ya encendidos, aseguran que un llamado las frenó.

Al parecer, los abogados que representan a esas clínicas -explicaron a este medio fuentes que participaron del plan- les aconsejaron sobre la hora del anuncio desensillar y no avanzar por el momento en el rumbo previsto. Les habrían advertido que las consecuencias legales o económicas pueden ser complicadas. Unas horas antes, fuentes del PAMI habían tomado nota de la situación y ratificaron, ante la consulta de Clarín, que “por ley no se puede cobrar copagos”.

La duda que queda en el aire, sin embargo, es si la decisión empresaria será la de no cobrar efectivamente los mentados copagos ilegales o, en su defecto, no anunciarlo de manera institucional para evitar poner la cabeza en la guillotina. Y y que luego, cuando los flashes se apaguen, que cada prestador se arriesgue a hacer lo que le parezca. Sólo resta esperar algunas semanas las eventuales denuncias particulares si es que la exigencia de pagos extra se materializa.

La realidad es que los copagos ilegales en obras sociales y prepagas son una práctica extendida desde hace más de dos años. Ocurre no sólo en consultorios particulares de profesionales que figuran en cartilla, sino también -admiten desde las financiadoras- en los sanatorios en los que estos médicos trabajan.

La acción de las treinta clínicas del AMBA obedecía a lo que explicó a Clarín una importante fuente del sector: “Desde comienzos de año hasta julio el ajuste del PAMI fue aproximadamente del 60 por ciento. En agosto es del 2,5 por ciento y para septiembre se anunció el 2 por ciento”, es decir, valores por debajo de la inflación. Las fuentes del PAMI consultadas admitieron el desfase. Como contexto, en esos dos meses la paritaria del sector se fijó en un 4,5 por ciento cada uno.

Los dueños de las clínicas dicen que las autoridades del PAMI repiten desde hace meses el mantra libertario cada vez que acuden con el reclamo: “No hay plata”. Y, también, que les avisan que se cuiden con lo que firman en la paritaria, porque el PAMI no saldrá a sacarles las papas del fuego. Los empresarios se quejan: “El PAMI es un monopolio nacional, es tómalo o déjalo”.

Y el “déjalo” no resulta una experiencia sencilla de transitar, porque hay una gran cantidad de clínicas -sobre todo fuera de los centros urbanos- que son “PAMI dependientes”. La obra social les paga a los centros de salud una cantidad de cápitas por mes: la parte positiva es que esas entidades tienen asegurado un ingreso fijo; la negativa, que las actualizaciones vienen quedando por debajo del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

La vía de cobrar copagos mientras los aranceles no mejoren tiene sus riesgos. “Es una medida ilegal y el PAMI puede darte de baja como prestador. Muchos no se meten en el quilombo de los copagos, porque además se pueden comer una multa importante”, dijo a Clarín la misma fuente del sector consultada.

No sólo prefieren no ingresar por esa puerta, sino que nadie -al menos hoy- se anima a dar la cara para enfrentar al PAMI: temen que comprometerse en ese choque termine jugándoles en contra en futuras negociaciones. De modo que el PAMI sigue siendo amo y señor, incluso más de lo que puede serlo OSDE como prepaga dominante: en este caso hubo prestadores que en el reciente derrotero crítico se animaron a desafiarla.

Ahora, si este grupo de clínicas desistió de empezar a cobrar copagos -o al menos dijo haberlo hecho- incluso antes de ponerlo en marcha, por las supuestas consecuencias que eso podría acarrearles, ¿por qué tantos profesionales del sistema de salud siguen sosteniendo la práctica? Básicamente, porque en esos casos no hay voluntad política de controlarlo. Se les pide a los afiliados algo imposible: el comprobante de pago del copago ilegal.

La primera señal a contramano de esa tendencia, en la que la gente queda entre la espada y la pared en una posición completamente vulnerable, la dio la obra social de los empleados del Estado en Santa Fe, primera en hacer algo concreto al respecto. Por un lado, devolverles el dinero del copago a los afiliados sin obligación de presentar comprobante alguno. Por otro, sancionar a los profesionales cuando sean denunciados por tercera vez.

Los copagos ilegales nacieron justamente como un recurso desesperado de los profesionales de la salud ante la pauperización de los aranceles de la medicina. Primero fue en silencio, hasta que hace un año varios colegios médicos anunciaron la medida con bombos y platillos -el clima de época era otro-, a fin de exponer públicamente la situación que atravesaban.

Poco a poco, la práctica se naturalizó. Las prepagas hicieron la vista gorda para poder seguir teniendo en sus cartillas a profesionales que de otro modo, con lo que cobran en blanco, hubieran abandonado las empresas para las que trabajan -los que ya no lo habían hecho-, y también porque el paciente carece de herramientas para probar el cobro extra y su voluntad no suele ser entrar en conflicto con el médico que lo atiende.

La manta sigue siendo corta. En enero, cuando el Gobierno dio por primera vez vía libre para que las prepagas aumentaran las cuotas según su criterio y sin pedir autorización, los aranceles que las prepagas abonan a los prestadores empezaron una lenta recomposición. Pero el sacudón en las cuotas derivó en la intervención libertaria, la denuncia por cartelización y la orden de un tope en las subas acorde con el IPC, ajuste que las empresas trasladaron a sus prestadores.

Aunque desde julio los precios volvieron a liberarse, las quemaduras con leche del pasado reciente determinaron que ya nadie se animara a aumentar cada mes mucho más que la inflación. La mejora del ingreso de los prestadores, pues, también quedó más acotada, con lo que los copagos ilegales -que se aplican ya sin anuncios altisonantes- siguen gozando de buena salud.