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POLITICA

Ley Ómnibus: los cambios que el Gobierno tuvo que hacer sobre ambiente para destrabar la negociación

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De manera inesperada para el Gobierno, las drásticas modificaciones ambientales que pretendían hacer a través de la Ley Ómnibus terminaron trabando gran parte de la negociación. Especialmente las referidas a la industria pesquera, que implicó un fuerte rechazo de los gobernadores más afectados. Es por eso que el Ejecutivo debió ceder y replantear los cambios.

Al final de la semana pasada, trascendió el borrador –al que accedió TN- que el Ejecutivo acercó a los bloques dialoguistas para acercar posiciones, tener dictamen esta semana y sesionar en los próximos días. Más allá de algunos compromisos concretos, falta la letra chica y definitiva de la ley.

Los cambios que el Gobierno hizo en materia ambiental

Pesca

Fue uno de los temas que más espanto provocó en los gobernadores que tienen industria pesquera y el primero que obligó al Gobierno a dar marcha atrás. En el proyecto original se modificaba el artículo 26 de la ley 24.992 que iba a permitir el ingreso de buques extranjeros a la zona económica exclusiva a través de la entrega de cupos de pesca y se quitaba la obligación de contratar a al menos 75% de tripulación argentina. También se eliminaba la obligatoriedad de descargar en puertos argentinos, medida que fomentaba la opacidad en la industria ante la falta de controles.

Un buque extranjero pesca calamar en la zona del Agujero Azul, ecosistema vital del sur del país. Foto: Greenpeace
Un buque extranjero pesca calamar en la zona del Agujero Azul, ecosistema vital del sur del país. Foto: Greenpeace
© Martin Katz / Greenpeace

Según el borrador que se presentó a la oposición, con los cambios:

  • Se mantiene la obligación de desembarcar en la Argentina
  • Se aclara que el sistema de licitación no va a ser internacional
  • Se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local

Este domingo, los gobernadores de JxC se reunieron con los jefes de bloque para actualizarse sobre el avance de la Ley Ómnibus en comisión. Según trascendió, unos de los puntos en los que se plantearon no dar marcha atrás es en el pesquero.

Más temprano, el Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes, Patronos y Pilotos de Pesca, Jorge Frías, pidió al Gobierno directamente quitar las modificaciones pesqueras de la iniciativa para tratarla más adelante. “No se puede discutir una ley que involucra a tantos en un debate coyuntural; esto tiene que ser llevado a Ordinarias. Pedimos que este proyecto quede sin efecto, pero que se abra la cuestión para una nueva Ley de Pesca”, dijo a Radio Brisas.

Quemas

El texto original de la Ley Ómnibus prevé facilitar que los dueños de las tierras puedan quemarlas para limpiarlas. Hasta hoy, había que solicitar un permiso, pero en la ley se contemplaba que se otorgaba el aval “de hecho” si el Estado no respondía en 30 días. El Gobierno dio marcha atrás y ofreció como modificación que el plazo sea de 90 días en vez de un mes.

Un ciervo de las pampas en pleno incendios en Yerbalito, Esteros del Iberá. Foto: Matías Rebak/Fundación Rewilding
Un ciervo de las pampas en pleno incendios en Yerbalito, Esteros del Iberá. Foto: Matías Rebak/Fundación Rewilding
Rewilding Argentina

Bosques

Ley de Bosques Nativos actual ordenó las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.

Según la modificación que planteó el Gobierno en la Ley Ómnibus se habilitarían “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría rojo y amarillo.

En el nuevo borrador, “se elimina el artículo 26 de la Ley de Bosques”, que preveía esta modificación.

Por otro lado, también se aclara que “se agrega art (sic.) para garantizarle los fondos a la Ley de Bosques en 2024″. Es que, inicialmente, se había quitado el financiamiento automático que la Ley de Bosques tenía con el 0,3% del PBI y el 2% de las retenciones. Sin embargo, no está claro si con esta modificación se garantizarán fondos exclusivamente para este año.

Glaciares

Otro de los temas que despertó temor fue la modificación de la ley de glaciares y de la tipificación de glaciares y área periglaciar. Como estaba propuesto, daba vía libre a actividades económicas y extractivas en áreas que son clave para la preservación del ambiente.

El Chaltén, paraíso patagónico entre glaciares y grandes cerros. (Foto: gentileza Romina Musso)
El Chaltén, paraíso patagónico entre glaciares y grandes cerros. (Foto: gentileza Romina Musso)

En el nuevo borrador que se acercó a la oposición dice que “se modificará el artículo 6 de la ley de glaciares para dar más claridad a la reforma”. En la Ley Ómnibus no se hace mención al artículo 6. Sin embargo, en la ley original ese artículo hace referencia a actividades prohibidas como:

a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;

b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos;

c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial;

d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.



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Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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