Tras definir ajustes en el gas y el boleto de transporte, el Gobierno comenzará este viernes la primera audiencia pública para ajustar las tarifas de energía eléctrica. Allí, se espera que las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur soliciten una recomposición y, según fuentes del sector, el pedido podría ser inferior al 200%.

Tal como ocurrió con el gas, el ente regulador del servicio eléctrico (ENRE) expondrá los costos del sistema y propondrá una reducción de subsidios a la generación. Semanas atrás, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ratificó en el Congreso que las tarifas de energía deben reflejar el “costo del suministro” y que el subsidio debe ser para “quien no pueda pagar la totalidad de dicho precio”. 

A su vez, las empresas de distribución presentarán una proyección de ingresos bajo el esquema actual y solicitarán un ajuste mensual y automático, siguiendo el camino de las distribuidoras de gas.

En informes elevados al ENRE, Edenor estimó que necesita $ 521.000 millones para cubrir su déficit y Edesur, $ 330.000 millones, sin contemplar la revisión integral de tarifas pendiente. 

La audiencia tiene como objetivo definir una “adecuación transitoria en la tarifa” de distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde Edenor y Edesur son reguladas por el Estado nacional. De esta manera, el Gobierno busca avanzar en la “liberación de precios” para reducir los subsidios en energía y transporte en un 0,7% del PBI por año.

Si bien la segmentación de subsidios en la gestión de Alberto Fernández significó ajustes en las tarifas de luz de hasta el 500%, se estima que con la devaluación del peso y la inflación los aumentos podrían oscilar entre el 150% y el 400%. 

En ese marco, la consultora Economía y Energía, encabezada por Nicolás Arceo, estimó aumentos de entre 150 y 400% bajo el supuesto de que los usuarios de mayores ingresos (nivel 1) no tendrán subsidios sobre el costo de la energía, los de ingresos medios (nivel 3) pagarán el costo pleno de abastecimiento y los de bajos recursos (nivel 2), el 20% del costo de suministro.

Según esas proyecciones, la entidad proyecta que los hogares de mayores ingresos con una factura promedio de $ 10.467 en noviembre pasarían a pagar $ 26.300 en marzo (151%); los de bajos ingresos, de $ 3.970 a $ 11.211 (182%); y el sector medio, de $ 5.518 a $ 26.300 (377%), aunque por la quita de subsidios el salto podría llegar al 633% en algunas categorías.

La última revisión integral de tarifas fue en abril de 2017. Luego, en abril de 2019, la gestión de Mauricio Macri congeló los incrementos pautados y el Gobierno de Fernández declaró la emergencia, por lo que suspendió la revisión integral y autorizó subas transitorias. La última fue en junio del año pasado, ya que después de las elecciones primarias Sergio Massa congeló los ajustes.

La gestión de Javier Milei imprimió un nuevo giro al declarar con un DNU la emergencia en la energía eléctrica bajo jurisdicción federal hasta fines del 2024 y ordenar ajustes transitorios hasta finalizar la revisión integral. En ese marco, el ENRE, nuevamente intervenido desde el 1 de enero, convocó a la audiencia de este viernes con 63 participantes inscriptos.

La intención de las autoridades es aplicar el nuevo cuadro tarifario en marzo y reducir los subsidios para alcanzar el superávit primario del 2% del PBI acordado con el FMI. Ese rubro será el que sufrirá el mayor recorte (junto con la obra pública), ya que deberá reducirse desde el 2,1% en 2023 a 1,4% del PBI en 2024, un ajuste de más de US$ 3.000 millones.