ECONOMIA
Aysa pidió aumentar las tarifas un 138% pero Economía lo rechazó para contener la inflación
La empresa estatal de agua y cloacas prevé gastos por $600.000 millones para no depender de los subsidios de Nación.
La empresa pública Agua y Saneamientos Argentina (AySA) presentó una propuesta para aumentar en un 138% las tarifas de agua y cloacas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó esta solicitud para no agravar la situación inflacionaria del país.
Anteriormente, el ministro había postergado los incrementos en el gas hasta mediados de marzo o principios de abril, aunque autorizó un ajuste en la luz a partir de este mes.
La compañía operadora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberá presentar este viernes al Ministerio de Economía un nuevo esquema tarifario para 2024 y reducir sus costos.
Para hacer frente a sus gastos, Aysa obtiene ingresos de tarifas y subsidios del Estado nacional. Si no logra que el Gobierno apruebe su propuesta, deberá retrasar inversiones en mantenimiento y reducir gastos superfluos.
La primera propuesta, presentada al hoy vacante Ministerio de Infraestructura, establecía que las boletas promedio pasaran de unos $6400 a $15.200, pero deberá ser modificada.
Aysa estimó que, en 2024, necesitaría recursos por unos $602.437 millones, entre gastos operativos por $455.446 millones y mejora y mantenimiento por $146.990 millones.
Sin nuevos aumentos, los ingresos tarifarios proyectados serían de $253.518 millones, cubriendo solo el 42,1% de los costos totales. Es decir, el otro 57,9% restante debería provenir de subsidios o de una suba tarifaria del 138%.
Ante la falta de ingresos suficientes, AySA tendrá que reducir gastos en mantenimiento y diseñar un nuevo esquema operativo.
Las tarifas de AySA son reguladas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ENRE), que está bajo la órbita de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine.
Como sus coterráneos Osvaldo Giordano, de Anses, y Franco Mogetta, de Transporte, el secretario de Obras Públicas quedó suspendido por la pelea de Javier Milei con el gobernador Martín Llaryora tras el fracaso de la “Ley Ómnibus”.
La salida de Guillermo Ferraro de Infraestructura ha dejado una situación de incertidumbre en la cartera, que ahora es manejada directamente por Caputo, aunque sin diálogo con los funcionarios.
ECONOMIA
Tres grandes empresas del sector se presentaron en concurso de acreedores, en un día negro para el agro
El sector agroindustrial argentino atraviesa un momento de gran incertidumbre luego de que, en una misma jornada, tres compañías de peso solicitaran la apertura de concurso preventivo de acreedores. Se trata de Los Grobo Agropecuaria, la cooperativa láctea SanCor y Surcos, una de las principales proveedoras de insumos del país. En conjunto, estas empresas acumulan deudas que rondan los u$s530 millones, reflejando la compleja situación financiera que afecta al agro.
El detonante de esta crisis responde a múltiples factores, entre ellos, la fuerte caída en las ventas de insumos, la iliquidez del mercado financiero, la sequía que golpeó la producción en los últimos años y un contexto económico nacional marcado por la inflación y la falta de acceso a créditos.
Surcos: una deuda millonaria y cuentas embargadas
La firma Surcos S.A., especializada en insumos agrícolas, arrastraba problemas financieros desde diciembre pasado, cuando incumplió el pago de un pagaré por u$s500.000, lo que derivó en embargos y restricciones para operar. Según trascendió, actualmente adeuda u$s73 millones.
En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa confirmó su presentación en concurso preventivo, argumentando que esta medida le permitirá reestructurar su deuda y garantizar la continuidad de sus operaciones. Además, resaltó que esta decisión representa una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer su estructura financiera a largo plazo.
En los últimos meses, la compañía enfrentó un embargo sobre sus cuentas bancarias por parte de un acreedor financiero, lo que paralizó sus actividades al quedar sin acceso a sus fondos y líneas de crédito. Esta situación afectó su capacidad de pago, así como su operatividad en el comercio de insumos, exportaciones e importaciones.
Los Grobo y Agrofina: impacto en la cadena de insumos
Por su parte, Los Grobo Agropecuaria y su división de protección de cultivos, Agrofina, también se acogieron al concurso preventivo, asegurando que continuarán operativas mientras buscan una solución financiera. Desde la compañía explicaron que la crisis se debe a la caída en las ventas, la falta de liquidez en el mercado de pagarés y la reducción de márgenes de rentabilidad debido a la baja de precios en el sector.
El Grupo Los Grobo es controlado en un 90% por Victoria Capital Partners (VCP), mientras que su fundador, Gustavo Grobocopatel, y su hermana Matilde conservan el 10% restante.
«Esta medida busca garantizar la continuidad de nuestras operaciones, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo. Seguiremos operando y trabajando en una solución integral para ordenar la situación financiera», señalaron desde la empresa.
SanCor: crónica de una crisis prolongada y sin solución
La histórica cooperativa láctea SanCor lleva años intentando superar una crisis estructural que la obligó a reducir su tamaño drásticamente. De operar con 12 plantas, actualmente solo mantiene seis, y su producción cayó de 4 millones de litros diarios a 180.000 litros. Además, en los últimos meses despidió a 500 empleados.
A pesar de haber vendido activos y marcas, la cooperativa no logró encaminarse hacia una recuperación financiera sostenible. Ahora, con la presentación a concurso preventivo, la empresa espera encontrar una solución definitiva que le permita acceder a herramientas de financiamiento y garantizar su estabilidad operativa.
«Aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, confiamos en que se logrará un entendimiento con los acreedores que permita consolidar a SanCor en el mercado«, indicó la firma.
Caída de precios y costos altos: la crisis del sector agroindustrial
La suma de estos casos expone las dificultades que atraviesa el sector agroindustrial en Argentina, un pilar fundamental de la economía nacional. Con restricciones en el acceso al crédito, caída en los precios de los productos agrícolas y una estructura de costos cada vez más desafiante, muchas empresas enfrentan problemas de liquidez que las llevan a situaciones de insolvencia.
La convocatoria de acreedores se presenta como una última instancia para evitar la quiebra y renegociar compromisos financieros, pero también genera incertidumbre en la cadena de valor, afectando a proveedores, clientes y empleados. Mientras el sector agropecuario busca alternativas para estabilizarse, el impacto de estos procesos podría marcar un punto de inflexión en la economía del país.
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