ECONOMIA
Tras la pelea con los gobernadores, Luis Caputo quedó a cargo de los fondos fiduciarios
El ministro de Economía suma poder en su rol al quedarse con el control de los recursos que se destinan a las provincias y que forman parte primordial del plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional.
Mientras el presidente Javier Milei, busca reconciliarse con los gobernadores tras la pelea por el recorte de la coparticipación, convocando al “Pacto del 25 de Mayo”, otorga el control de los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis Caputo, que será el encargado de realizar una auditoría y recorte en el sector.
Así lo dispuso el jefe de Estado, a través del Decreto 215/2024, en donde coloca al Palacio de Hacienda “como fiduciante en representación del ESTADO NACIONAL, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”, indica el texto.
“En los casos en los que el H. CONGRESO DE LA NACIÓN haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”, agrega el decreto publicado en el Boletín Oficial.
De este modo, Caputo será el encargado de revisar la dispersión de las partidas presupuestarias destinadas a las provincias y contará con “un plazo de 60 días para realizar una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”, reza el documento.
Además, en el decreto que lleva las firmas del Presidente, del ex funcionario de Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se anuncia que la cartera económica podrá efectuar contrataciones que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto.
Vale destacar que los fondos fiduciarios son uno de los ejes de ajuste más importantes para el gobierno libertario, ya que representan una gran porción del presupuesto nacional, tan sólo en el 2023, 16 de ellos recibieron más de 1.000 millones de dólares sin ningún control de parte de la administración de Alberto Fernández, por lo que se han colocado en la mira de Caputo.
ECONOMIA
Tres grandes empresas del sector se presentaron en concurso de acreedores, en un día negro para el agro
El sector agroindustrial argentino atraviesa un momento de gran incertidumbre luego de que, en una misma jornada, tres compañías de peso solicitaran la apertura de concurso preventivo de acreedores. Se trata de Los Grobo Agropecuaria, la cooperativa láctea SanCor y Surcos, una de las principales proveedoras de insumos del país. En conjunto, estas empresas acumulan deudas que rondan los u$s530 millones, reflejando la compleja situación financiera que afecta al agro.
El detonante de esta crisis responde a múltiples factores, entre ellos, la fuerte caída en las ventas de insumos, la iliquidez del mercado financiero, la sequía que golpeó la producción en los últimos años y un contexto económico nacional marcado por la inflación y la falta de acceso a créditos.
Surcos: una deuda millonaria y cuentas embargadas
La firma Surcos S.A., especializada en insumos agrícolas, arrastraba problemas financieros desde diciembre pasado, cuando incumplió el pago de un pagaré por u$s500.000, lo que derivó en embargos y restricciones para operar. Según trascendió, actualmente adeuda u$s73 millones.
En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa confirmó su presentación en concurso preventivo, argumentando que esta medida le permitirá reestructurar su deuda y garantizar la continuidad de sus operaciones. Además, resaltó que esta decisión representa una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer su estructura financiera a largo plazo.
En los últimos meses, la compañía enfrentó un embargo sobre sus cuentas bancarias por parte de un acreedor financiero, lo que paralizó sus actividades al quedar sin acceso a sus fondos y líneas de crédito. Esta situación afectó su capacidad de pago, así como su operatividad en el comercio de insumos, exportaciones e importaciones.
Los Grobo y Agrofina: impacto en la cadena de insumos
Por su parte, Los Grobo Agropecuaria y su división de protección de cultivos, Agrofina, también se acogieron al concurso preventivo, asegurando que continuarán operativas mientras buscan una solución financiera. Desde la compañía explicaron que la crisis se debe a la caída en las ventas, la falta de liquidez en el mercado de pagarés y la reducción de márgenes de rentabilidad debido a la baja de precios en el sector.
El Grupo Los Grobo es controlado en un 90% por Victoria Capital Partners (VCP), mientras que su fundador, Gustavo Grobocopatel, y su hermana Matilde conservan el 10% restante.
«Esta medida busca garantizar la continuidad de nuestras operaciones, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo. Seguiremos operando y trabajando en una solución integral para ordenar la situación financiera», señalaron desde la empresa.
SanCor: crónica de una crisis prolongada y sin solución
La histórica cooperativa láctea SanCor lleva años intentando superar una crisis estructural que la obligó a reducir su tamaño drásticamente. De operar con 12 plantas, actualmente solo mantiene seis, y su producción cayó de 4 millones de litros diarios a 180.000 litros. Además, en los últimos meses despidió a 500 empleados.
A pesar de haber vendido activos y marcas, la cooperativa no logró encaminarse hacia una recuperación financiera sostenible. Ahora, con la presentación a concurso preventivo, la empresa espera encontrar una solución definitiva que le permita acceder a herramientas de financiamiento y garantizar su estabilidad operativa.
«Aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, confiamos en que se logrará un entendimiento con los acreedores que permita consolidar a SanCor en el mercado«, indicó la firma.
Caída de precios y costos altos: la crisis del sector agroindustrial
La suma de estos casos expone las dificultades que atraviesa el sector agroindustrial en Argentina, un pilar fundamental de la economía nacional. Con restricciones en el acceso al crédito, caída en los precios de los productos agrícolas y una estructura de costos cada vez más desafiante, muchas empresas enfrentan problemas de liquidez que las llevan a situaciones de insolvencia.
La convocatoria de acreedores se presenta como una última instancia para evitar la quiebra y renegociar compromisos financieros, pero también genera incertidumbre en la cadena de valor, afectando a proveedores, clientes y empleados. Mientras el sector agropecuario busca alternativas para estabilizarse, el impacto de estos procesos podría marcar un punto de inflexión en la economía del país.
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