La informalidad es una de las principales problemáticas que impacta de lleno en el mercado laboral argentino. Es una realidad conocida por todos, incluso, por la dirigencia política. En ese contexto, y aprovechando el recambio de Gobierno, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para incentivar al sector privado a que contraten personal en blanco.

La situación es realmente crítica, según datos oficiales y de consultoras privadas, el empleo registrado no crece hace al menos una década en la Argentina y el nivel de informalidad del sector asalariado privado alcanzaba, a principios del 2023, al 42,2% de los trabajadores.

Estos datos representan en números unos 5.443.000 empleados en el país que trabajan en negro, lo que evidencia la gravedad de esta problemática, por lo que, a juicio de los diputados nacionales que presentaron la iniciativa, surge la necesidad de atender de manera prioritaria esta cuestión, tanto desde una perspectiva social, como económica.

Alivio fiscal para el sector privado

El proyecto consta de 17 artículos y está titulado «Regularización y promoción del empleo registrado». Esta iniciativa está destinada a impulsar el empleo registrado «planteando un abordaje integral de trabajadores y empleadores del sector privado», tanto para las relaciones laborales comprendidas en la ley de contrato de trabajo, como aquellas correspondientes a regímenes y estatutos especiales.

Sin embargo, la novedad de este proyecto, es que a diferencia de más de una docena de textos que reposan en el Congreso en torno a beneficios impositivos a las empresas para impulsarlos a contratar gente, esta iniciativa propone la generación de un mecanismo de alivio fiscal para empleadores cumplidores. «De esta forma se busca acompañar y motivar a aquellos contribuyentes que aún atravesando una fuerte crisis económica han mantenido relaciones laborales registradas», destaca el texto presentado por un grupo de diputados de la oposición.

La autora de la propuesta es la diputada nacional del radicalismo Soledad Carrizo, pero acompañaron con su firma otros legisladores nacionales de la UCR como Rodrigo de Loredo, Julio Cobos, Karina Banfi, Lisandro Nieri, entre otros.

En Argentina trabajan más de 5 millones de personas en negro.

Qué beneficios impositivos propone

La idea de la oposición es que el proyecto prospere en la Cámara de Diputados y pueda aprobarse en el corto plazo, entendiendo que tendrá el visto bueno de un sector mayoritario de esa cámara, incluidos los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, que fueron elegidos tras la promesa de bajar o eliminar definitivamente la pesada carga impositiva que asfixia -en mayor o menor medida- a todos los sectores del país.

Así las cosas, el proyecto establece diversos beneficios impositivos para los empleadores, quienes gozarán de una reducción de las contribuciones patronales por cada relación de trabajo correctamente registrada y sin deuda, durante seis (6) meses, conforme el siguiente esquema:

a) Una reducción del veinticinco (25%) por ciento de las contribuciones patronales correspondientes a los meses uno (1) y dos (2), desde su adhesión al régimen.

b) Una reducción del quince (15%) por ciento de las contribuciones patronales correspondiente a los meses tres (3) y cuatro (4), desde su adhesión al régimen.

c) Una reducción del diez (10%) por ciento de las contribuciones patronales correspondientes a los meses cinco (5) y seis (6), desde su adhesión al régimen.

Es decir, el incentivo propuesto en el proyecto de ley representa la reducción del 100% de una contribución patronal mensual por cada relación de trabajo correctamente registrada y sin deuda, y que cada empleador obtendrá como beneficio la quita del 100% del total de una contribución patronal repartida en 6 periodos.

Por otro lado, el texto aclara que -de aprobarse el proyecto- la adhesión a este régimen será de carácter voluntario, e implicará la obligación de la regularización o la rectificación de una relación de trabajo irregularmente registrada.

En ese sentido, propone que para quienes se adhieran al régimen, se establecerán beneficios adicionales, incluido un plan de facilidades de pago, quitas y condonación de hasta un cincuenta por ciento (50%) para el pago de deudas de capital adeudado sobre aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

En esa misma línea, el texto establece que los beneficios procederán si los empleadores, una vez adheridos al régimen de promoción dentro del plazo de vigencia, cumplen, respecto del capital e intereses no condonados, alguna de las siguientes condiciones:

a) Cancelación total mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento al presente régimen; o

b) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la reglamentación.

Similitudes con la Ley de Bases

Es importante destacar que el proyecto de la UCR tiene algunas similitudes con las propuestas que el Poder Ejecutivo detalló en el borrador al que ya tuvieron acceso algunos legisladores nacionales respecto de la nueva Ley de Bases que intentará -otra vez- aprobar el presidente Javier Milei.

Además, es un proyecto que también coincide con más de una decena de propuestas que tiene, en general, la misma propuesta: beneficios impositivos para que aumente el empleo registrado. «Esto refleja una importante coincidencia y entendimiento sobre la cuestión, que debe ser aprovechado y potenciado a través de acuerdos comunes«, argumentó la diputada del radicalismo.

Finalmente, el proyecto busca asegurar el financiamiento sustentable de esta propuesta, autorizando al Jefe de Gabinete de Ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios para generar asignaciones específicas para este plan de regularización, sin afectar el desarrollo de programas presupuestarios hoy vigentes.

«Modernizar las relaciones laborales en nuestro país es una necesidad urgente que debemos abordar los legisladores. La cantidad de trabajadores informales alcanza la mitad de los trabajadores ocupados. Todos los indicadores relevados ponen en evidencia la gravedad de esta problemática y la necesidad de atender de manera prioritaria esta cuestión. Debemos modernizar las leyes laborales, lograr una mejora para los trabajadores simplificando sus aportes y con beneficios para los empleadores que cumplan con las normativas fiscales», sentenció la autora del proyecto de ley.