Hubo una frase de Toto Caputo en su reciente participación en el encuentro anual de la American Chamber que pasó algo inadvertida para los medios, pero de la que todos los empresarios y dirigentes sindicales tomaron nota: al referirse a su desagrado por el hecho de que los precios de lista no reflejan la «inflación real», dijo que eso, a su vez, derivaba en un exceso a la hora de negociar los aumentos de salarios.

Esta fue su frase textual: «Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’, dicen, y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona».

La sola alusión a «un salario que no es» y la posibilidad de que una paritaria pueda distorsionar la economía llamó la atención del mercado. Primero, porque suena contradictorio con el discurso liberal de no interferir en las libres contrataciones entre partes del ámbito privado.

Pero, además, porque presupone que la inflación no solamente se explica por «un fenómeno monetario en todo momento y en todo lugar», como dice la definición de Milton Friedman que gusta citar el presidente Javier Milei. Lo que el ministro está aceptando tácitamente es el temor a que las expectativas puedan transformarse en un obstáculo para la baja de la inflación, y que paritarias con aumentos altos puedan desatar la espirar entre precios y salarios.

Estas definiciones parecieron confirmar los temores que varios dirigentes sindicales venían expresando en los últimos días. El primer llamado de atención fue el de la paritaria de camioneros, que había acordado un aumento alto -25% para el sueldo de marzo y 20% en abril- pero que todavía no ha tenido homologación.

Los economistas que participan en la encuesta REM prevén que la inflación de marzo será de 14,3% y la de abril 12%, mientras que el gobierno apuesta a que se registrarán niveles de aumento menores, en el entorno de 12% para marzo y 10% en abril. Y empezó a flotar la sospecha de que la falta de homologación para el gremio camionero estaba vinculada a una decisión de Caputo sobre enviar señales más contundentes de la moderación inflacionaria.

Ya muchos gremios, en el arranque del año, habían firmado aumentos por encima del 30%, basándose en el intento de recuperar el golpe del IPC de diciembre, que había cerrado en 25,5%.

En Amcham, el ministro Caputo dejó en claro que le preocupa el exceso en las negociaciones salariales, por su eventual impacto inflacionario

La vuelta del «techo Moyano»

La paritaria de camioneros entró en zona de conflicto la semana pasada hubo una reunión en la Secretaría de Trabajo, que finalmente pasó a cuarto intermedio sin resolver el tema porque faltaron representantes de parte del sector empresarial. No se trató de un «faltazo» inesperado: hay una interna entre las cámaras de las empresas grandes y las transportistas pymes del interior, que se quejan de no haber sido consultadas en la inclusión de un pago por adicionales y un aporte extraordinario para la obra social sindical.

Afirman que no pueden pagar esa mejora, que hace que los transportistas chicos queden poco competitivos frente a los grandes, en una insinuación de un pacto entre las grandes empresas del sector y los Moyano.

A su vez, el sindicato no tuvo dudas sobre cómo interpretar la situación: lo calificaron como un boicot y advirtieron que habrá una escalada conflictiva con paralización de actividades.

Pero, sobre todo, desde el inicio de ese conflicto está sobrevolando la sospecha de que en la paritaria de camioneros había algo más que una disputa interna entre los transportistas, sino que el gobierno estaba preocupado por no enviar una señal equivocada al mercado.

Después de todo, esta paritaria ha sido considerada, durante muchos años, como una referencia para el resto de la actividad. Y no por casualidad se hablaba, en la gestión kirchnerista, del «techo Moyano», que les marcaba informalmente al resto de los gremios el nivel máximo que el gobierno estaba dispuesto a convalidar.

Sueldos: ¿se generaliza el techo Moyano?

Ahora, el gobierno se niega a hablar explícitamente de techos en la negociación salarial, pero entre los sindicatos se está instalando la idea de que hay una intención por acotar los aumentos considerados excesivos en el marco de una inflación descendente.

«Te hacen el verso de la libertad de negociación y después te quieren poner el techo del 12 al 16%, como ha ocurrido en algunas actividades», disparó Pablo Moyano. Y argumentó que, si la paritaria no resulta homologada, «no se pueden dar los aumentos porque las empresas no pueden trasladar los mayores costos a las dadoras de carga».

Pablo Moyano denunció la mano de Caputo en la traba para homologar la paritaria del gremio camionero

En medio del tironeo por la paritaria de camioneros, se produjo el recambio en la Secretaría de Trabajo, con la salida de Omar Yasín y la entrada de Julio Cordero. Oficialmente, el alejamiento de Yasín estuvo vinculado al escándalo por el aumento del salario presidencial por una supuesta desatención en la firma de un decreto.

Lo cierto es que la responsabilidad por ese error que levantó polvareda política no recaía en forma directa sobre Yasin, que terminó siendo un fusible político para resguardar al jefe de gabinete, Nicolás Posse.

Todo esto no hizo más que intensificar la especulación respecto de si detrás del recambio de nombres en Trabajo podía haber, además un intento por endurecer la política salarial del gobierno. «Hablan de las paritarias libres y después no las homologan», advirtió Pablo Moyano.

Lo cierto es que grandes gremios están negociando aumentos que estarían por encima del tope pretendido por Caputo. Entre ellos los de dos sectores en situación de pre-conflicto, como la construcción y la industria metalúrgica. La UOCRA había firmado por 20% en enero y revisiones mensuales para los meses siguientes, mientras que Smata había firmado un 38,85% para enero y febrero, a cuenta de la inflación acumulada en el bimestre -que finalmente registró un 36,5%-.

Y algunos que ya firmaron todavía tienen pendiente su homologación, como es el caso de porteros de edificios -que había firmado 45% para febrero, un aumento ya vigente-, industria textil y el sector molinero.

El gremio bancario, tomado como referente por el resto del mercado, por su alto nivel salarial, había recibido una actualización de 23,2% sobre los sueldos de diciembre y un adelanto de 20% para enero. Y en febrero obtuvo otro adelanto de 14%.

En tanto, el convenio de comercio, el más numeroso, con 1,2 millón de trabajadores, acordó un aumento salarial de 17,6% para febrero, sumado a un retroactivo de 11% para diciembre y un 20% no remunerativo cobrado en enero.

Durante el gobierno peronista, la ministra Kelly Olmos solicitaba moderación en las paritarias para evitar que los sectores en crisis trasladaran el costo salarial a los precios

Un pecado de todos los gobiernos

El temor a que salarios nominales demasiado elevados puedan exacerbar una suba de precios es un clásico de la historia económica argentina, aunque la mayoría de los gobiernos se han negado a reconocerlo.

De hecho, durante la gestión de Alberto Fernández, ese fue un motivo de tensión interna en el peronismo, dado que el sector kirchnerista se quejaban de la reticencia a autorizar aumentos salariales. En la doctrina peronista, no se puede afirmar que el salario es un factor inflacionario, lo cual no fue obstáculo para que, igualmente, se pusieran en práctica topes, bajo la forma de sugerencias a los gremios.

Lo hicieron los ministros de economía, Martín Guzmán -que a inicio de año solía marcar una pauta máxima a la CGT- y luego Sergio Massa, que daba su predicción de inflación, para que las paritarias se mantuvieran no muy lejos de esa referencia. Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni y Raquel «Kelly» Olmos, fueron los encargados de poner en práctica esos topes, para irritación de Cristina Kirchner, que incitaba a los sindicatos a no respetar esos los límites sugeridos.

La frase preferida de Moroni era «la mejor paritaria es la que se puede pagar», en alusión a que había empresarios que, para no ir a un conflicto con el sindicato, firmaban aumentos que excedían su capacidad, y luego hacían el traslado del costo salarial a los precios.

Ahora, un gobierno de signo liberal demuestra que no tiene una visión tan diferente. En su doctrina también está mal visto la intervención en las paritarias, porque implica una interferencia estatal en un acuerdo de privados. Una contradicción entre hechos y discursos que, por otra parte, ha sido bien aprovechada por la CGT.

«Qué carajo se tienen que meter en un acuerdo entre privados del gremio y las empresas, Caputo o el mismo Presidente de la Nación», protestó Moyano, en una frase que varios liberales podrían suscribir sin inconvenientes desde el punto de vista teórico.

Lo cierto es que prácticamente no hay gobierno que se salve de esa acusación. La misma Cristina Kirchner había tenido conflictos de ese tipo. Fue particularmente elocuente durante las paritarias de 2012, cuando demostró su conciencia respecto de cómo las subas salariales que superan la capacidad de pago de las empresas pueden poner en riesgo la actividad productiva. 

«Pido a los dirigentes sindicales que tengan responsabilidad, porque cuando se arman los barullos en los cuales todos gritan para ver quién puede lograr más, y después de pudre todo, los dirigentes se van a sus casas, que nunca son pobres, y los trabajadores son los que se quedan sin empleo», decía la entonces presidente.