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Corrupción en el Senado bonaerense: los testigos que debían declarar no se presentaron y quedaron en la mira

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Todos los dueños de tarjetas de débito que tenían que declarar esta semana en la “causa Chocolate” faltaron. Se trata de seis de los 39 prestanombres del Senado bonaerense que permitían que sus sueldos los cobraran Josefina Ortellado y Hugo Muguerza, los nuevos “chocolates” de esta historia que empezó con Julio Segundo Rigau y sus 48 tarjetas de empleados truchos de Diputados.

La fiscal Betina Lacki esperó en su despacho el 12 y el 13 de marzo a Yamila Benzo, Brisa Novillo, Jonatan Villegas, Daniela Ileana Salamanco, Víctor Uribe y Karina Saraqui, seis dueños de tarjetas del Senado que había citado a declarar como testigos. Pero todos faltaron, asesorados por los defensores que tienen asignados.

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La situación de estos dueños de tarjetas comienza a tornarse inquietante. Por un lado, ahora quedaron expuestos a ser llevados a Tribunales mediante la fuerza pública, según surge del expediente. Por otro lado, podrían llegar a quedar más complicados en la causa que quienes usaban sus tarjetas para extraer sus sueldos. Es que, mientras ellos se esconden de la fiscal, los “chocolates” Ortellado y Muguerza se presentaron espontáneamente ante Lacki. Y no sólo eso: dieron a entender que tienen algo para decir.

Hace un mes, el penalista Javier Percow se presentó como abogado de confianza de este matrimonio del radicalismo-PRO de La Plata que había quedado filmado manipulando tarjetas e interactuando con Rigau, el “Chocolate” original, en cajeros de La Plata. Esos videos del Banco Provincia fueron difundidos por TN desde el año pasado. A esta evidencia se suman informes del Banco Provincia sobre las cuentas que estaban moviendo mientras aparecían en los videos.

La cámara de seguridad captó el momento en que Chocolate saludó a otros dos cómplices. (Foto: captura de TN)
La cámara de seguridad captó el momento en que Chocolate saludó a otros dos cómplices. (Foto: captura de TN)

En un escrito del 16 de febrero, Percow le informó a la fiscal que sus defendidos “se ponen a derecho, dejan constancia de su espontánea presentación y solicitan, de ser convocados si se estimare corresponder, se lo haga por medio de una citación”, en los términos del artículo 162 del Código Procesal Penal. Pese a un dejo de ambigüedad, el escrito permitiría inferir que algo quieren decir. ¿Tal vez asumir la responsabilidad de lo que muestran pruebas en video e informes del Banco Provincia, y tratar de que la historia se circunscriba a ellos? ¿Quizá proteger a los familiares de sangre y políticos que tienen entre los 39 prestanombres de su circuito? Muguerza, además, padece una enfermedad crónica avanzada.

Ortellado y Muguerza todavía no están imputados y pese a esto se presentaron. Por el contrario, los ñoquis –que tampoco están imputados– se esconden de Lacki y eligen no hablar de su relación con la Legislatura y con quienes les usaban las tarjetas. Es por eso que su situación podría complicarse más que la de los propios chocolates.

Vértigo y crujidos en el “sistema Chocolate”

La Chocolatería es un sistema donde todos pueden perjudicar a todos, y requiere de una defensa sistémica. La orden de esconder a los ñoquis del Senado, evitar que declaren, surge del mismo lugar que la orden de mandar a Ortellado y Muguerza a pedir la palabra. A su vez, sale de la misma usina que el año pasado mandó a declarar ante la fiscal a un puñado de ñoquis de Diputados (del circuito de Rigau), adoctrinados con un relato sobre su relación con la Legislatura, con Rigau y con sus salarios.

Pero aquel relato no resultó creíble, al punto de que esos prestanombres fueron presos. Y hoy esa experiencia llena de temor a los demás. Muchos ñoquis del Gran La Plata no pueden dormir. Viven mal, angustiados, alterados, con las ventanas cerradas todo el día. Salen poco. No saben si los van a citar o no. Si los van a detener o no. También sufren presiones constantes y maltrato por parte de quienes conducen la defensa.

Es que ellos son el núcleo de la historia. Es gente común que prestó su nombre para un acuerdo espurio, que lo hizo a cambio de una obra social y una jubilación, descansando en el anonimato. Ellos posibilitaron la pujante fábrica de tarjetas de Legislatura (son partícipes necesarios de la estafa para la fiscal). Pero ellos pueden quebrarse, sin el cuero duro de punteros o dirigentes políticos.

Tienen abogados gratis, pero son los que les provee el sistema, para defender al sistema, y no necesariamente a ellos. Varios ñoquis comienzan a preguntarse si están bien defendidos o si les convendría haber tomado otro camino. Por ejemplo, el sugerido en su momento por la ONG Poder Ciudadano, querellante (particular damnificado) en esta causa.

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La Chocolatería, un engranaje de reclutadores, prestanombres, recaudadores, facilitadores administrativos y terminales superiores, ya incluye ñoquis y chocolates de distintas cámaras y bloques. Hay cada vez más gente implicada. La defensa es sistémica y se comanda desde el estudio Gascón Cotti-Molina, junto a un elenco de abogados –no todos penalistas– que asumen defensas de racimos de prestanombres.

Poco importa si son tarjetas de reclutadores peronistas, radicales o del PRO. Mucho menos, si las tarjetas dicen “Honorable Cámara de Diputados” o “de Senadores”. Por ejemplo, Percow defiende a los chocolates radicales, pero estaba en la causa mucho antes, para una prestanombre de Rigau y Albini (circuito de Diputados-massismo). Es Perla Adriana Demicheli, una mujer contratada desde 2016 en la Secretaría de Desarrollo Institucional de esa cámara.

Javier Fernández, otro abogado muy cercano al estudio Molina-Gascón Cotti, defiende a varios ñoquis de Ortellado y Muguerza (circuito Senado-UCR/PRO) de los que faltaron a declarar. Pero ya defendía a cinco de Diputados: Mónica Caberta, Antonio Rodríguez, Patricio Pascual Prieto, Juan Vallejos y Sheila Maroni.

Lo mismo pasa con Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, que primero defendieron a Julio Rigau (que después se pasó con Gascón-Molina). Después a la prestanombre de Diputados María Amanda Albino. Y en tercer lugar a Claudio y Facundo Albini, defensa que hoy comparten con Maximiliano Rusconi.

Novedades en la causa

Senado y Diputados: todo se investiga todo dentro del mismo expediente, la “causa Rigau”, impulsada por la fiscal Betina Lacki. Hay tres detenidos: Chocolate Rigau, Claudio Albini y Facundo Albini, procesados por asociación ilícita y fraude al Estado, con prisión preventiva confirmada, y callados. Esa es la línea de las 48 tarjetas de Diputados, vinculadas al massismo.

Corrupción en la Legislatura bonaerense: ahora investigan a una senadora por presuntos contratos con “retorno”. (Foto: TN)
Corrupción en la Legislatura bonaerense: ahora investigan a una senadora por presuntos contratos con “retorno”. (Foto: TN)

A eso se agregó la línea del Senado, con las 39 tarjetas que manipulaban Ortellado y Muguerza, ligados al radicalismo-PRO de La Plata. En videos del Banco Provincia que reveló Somos Buenos en TN, el matrimonio mete tarjetas en las máquinas y extrae dinero. Ella entra y sale de cajeros con una mochila, algunas veces lleva el pelo suelto y otras usa un gorro de lana. Él se saluda con Rigau, pulgar en alto, e incluso le da una palmada en la espalda, en distintas fechas.

Este lunes está prevista una audiencia virtual de morigeración para Chocolate Rigau. Es el imputado más antiguo de la causa que lleva su nombre, está preso desde mediados de septiembre –con una ventana en la que fue liberado– cumpliendo a rajatabla un pacto de silencio. Sus defensores le habrían prometido un arresto domiciliario.

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A su vez, esta semana Lacki espera como testigos a Eduardo Vito Resiglione, el Director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados, y a varios empleados que figuran en una lista de 402 nombres de la Secretaría Administrativa de esa cámara. Allí fueron funcionarios Claudio Albini y Facundo Albini. El jefe es Miguel Antonio De Lisi. Este tipo de audiencias en la fiscalía del caso están organizadas hasta el 10 de abril.

En cuanto a la causa “chocolates de la Costa Atlántica”, otra revelación de Somos Buenos con el testimonio de la denunciante, el próximo paso es que la Cámara de Dolores se expida sobre el pedido de desafuero de la senadora Flavia Delmonte, solicitado por el fiscal Mario Pérez, consentido por el juez de garantías de Villa Gesell David Mancinelli y apelado por el abogado de Delmonte, Marcelo Di Leo, un ex diputado y candidato a senador del PRO.



Chocolate Rigau

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Primeros chispazos con la ley de Bullrich para bajar la imputabilidad a los 13 años: para la oposición el límite debería ser 14

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El Gobierno mandó a Diputados la reforma del Régimen Penal Juvenil -que incluye la baja de imputabilidad a los 13 años– y en la oposición están de acuerdo en dar el debate pero surgen reparos.

Aunque todavía no hay una hoja de ruta diseñada, el proyecto presentado por la ministra Patricia Bullrich se debatiría en las comisiones de Legislación Penal y Justicia.

Como el texto ingresó en pleno receso invernal, los bloques todavía no lo conversaron puertas adentro. Sin embargo, todas las bancadas tienen propuestas sobre el tema.

Hay otras siete iniciativas con estado parlamentario. Entre ellas hay de Cristian Ritondo (PRO), de Carla Carrizo (UCR), de Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), y Eugenia Alianello y Agustina Propato de Unión por la Patria. Además de otros de La Libertad Avanza.

Pero ya hay cuestionamientos a la propuesta oficial. La mayoría de la oposición coincide con bajar la edad de imputabilidad, pero a los 14 años. «Bajarla a 13 no existe en ninguna parte del mundo», señala una legisladora radical de peso.

Sesión en Diputados por Educación. Foto: Federico López Claro.

En la oposición señalan que la discusión sobre la edad es insuficiente si no hay una reforma integral del sistema. Por eso le advierten al oficialismo que buscarán una discusión «seria» y no fuegos de artificios para la tribuna.

«Lo de delito de adulto, pena de adulto no es así», coinciden en distintas bancadas. Señalan, incluso, que no es lo mismo un adolescente que un joven. Por eso los proyectos plantean diferenciaciones entre los 14 y 15 años, que entre los 16 y 18.

En el oficialismo plantean que hay régimenes especiales o sistemas de infracciones a partir de los 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago. Igualmente reconocen que podrían ceder en elevar a 14 la edad de imputabilidad si existe consenso.

La iniciativa de Bullrich señala, además, que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

El punto del «alojamiento» en caso de detención será otro foco de discusión. Muchos creen que no debe ser un sector apartado dentro de una cárcel común, aunque todos coinciden que no pueden estar junto a mayores de 18.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO.Foto: Martín Bonetto.Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO.Foto: Martín Bonetto.

Otro punto de debate tiene que ver con la intensidad de los delitos. El proyecto de Ritondo, por ejemplo, plantea distintos grados de penas que van desde la amonestación, la reparación a la víctima o la prestación de un servicio a la comunidad; hasta libertad vigilada, internamiento terapéutico o internamiento en centro especializado.

El proyecto de Carla Carrizo, por su parte, señala que los adolescente entre 14 y 16 años serán penalmente responsables a partir de delitos cuya pena máxima sea superior a los 10 años. Es decir, delitos graves. Por su parte, las penas de prisión para los menores de entre 14 y 18 años no podrán superar el máximo de 10 años y deja excluidas la pena de prisión perpetua.

«El problema existe y hay que legislar bajo parámetros internacionales. Pero no alcanza con solo reformar la ley, se debe responsabilizar con parametros de cuidado y politicas. También van a necesitarse otras leyes que refuercen como la de Carolina Losada, que propone penalizar a los adultos que organizan y promueven los delitos con menores», señaló Carrizo a Clarín.

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