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Proponen agravar las penas para los delincuentes que victimicen a mayores de 65 años: estadísticas alarmantes de casos

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Ante la proliferación de casos de robo con saña contra víctimas de la tercera edad, un tipo de asalto que ha resultado en personas gravemente golpeadas, mutiladas o incluso asesinadas, diputados del PRO enviaron un proyecto de ley al Congreso que busca la modificación de Código Penal y que propone agravar en un tercio las penas de delitos contra mayores de 65 años.

En los argumentos de la propuesta, se indican el aumento sostenido de la violencia en los crímenes contra los adultos mayores. También, que se trata de una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas frente a los hechos delictivos que ocurren a diario «por lo que requieren un agravante y reproche adecuado para quienes cometan dichos delitos».

La modificación planteada para el Código Penal afectaría a las condenas de delitos contra las personas, la integridad sexual, la libertad y la propiedad. La edad de las víctimas sería tomado como agravante.

«El presente proyecto busca establecer un agravante especial en el Código Penal, para cualquier tipo de delito cometido contra personas mayores de 65 años, considerando que representan a una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas frente a los hechos delictivos que ocurren a diario» argumenta la autora de la propuesta legislativa, la diputada Gabriela Besana, del PRO.

En sí, la norma implica una mera modificación en el articulado del Código Penal. Puntualmente, , el artículo 41 sexies, bajo el Título V, que da cuenta de las causales a tomarse en cuenta para agravar el tiempo de prisión ante los delitos.

«Cuando alguno de los delitos contra las personas, la integridad sexual,la libertad y la propiedad previstos en Título I, III, V y VI del Libro Segundo de este código, se cometiera contra adultos mayores de 65 años, la escala penal prevista para el delito que se trate se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, sin que esta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda», plantean como texto para el articulado.

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La diputada Gabriela Besana (PRO) impulsa agravar las penas de quienes delincan contra adultos mayores. Foto XLa diputada Gabriela Besana (PRO) impulsa agravar las penas de quienes delincan contra adultos mayores. Foto X

Así, la condición de «nueva agravante genérica» se daría cuando el delincuente actúa a conciencia de la ventaja de la que abusa, es decir, que «se cometiere contra personas mayores de 65 años, donde el autor tuviere conocimiento o razonablemente debiera conocer su calidad de tal».

El proyecto impulsado por Besana recibió el respaldo de las firmas de sus colegas de bloque María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Sotolano, Gabriel Felipe Chumpitaz y Verónica Gabriela Razzini.

Crímenes contra mayores de 65 años: las estadísticas que alarman

«Argentina cuenta con un elevado porcentaje de población con una edad superior a los 65 años, con el crecimiento de esta franja poblacional, también se profundizaron algunas formas de violencia contra las personas que la conforman. La más visible y notoria es la cantidad de delitos perpetrados por delincuentes que escogen a los adultos mayores como víctimas predilectas debido a una probable debilidad o un mayor grado de indefensión que poseen», sostiene Besana en las fundamentaciones de su proyecto.

Como aval para la normativa, los diputados firmantes aportaron estadísticas inquietantes: informan que en el año 2022 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registraron más de 14 mil robos a “ancianos”, a un promedio de 40 episodios por día, según relevamientos de la ONG “Defendamos Buenos Aires”

En esa misma línea utilizan como fuente un informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la misma entidad, en la que quedó acreditada que la inseguridad es el peor de los flagelos padecidos en el AMBA por los adultos mayores, indicando que durante el año 2023 han ocurrido 10.200 ataques de todo tipo, incluidos 58 homicidios.

También, el proyecto aporta jurisprudencia en leyes de países como Brasil, Costa Rica (“Ley Integral para la Persona Adulta Mayor»), Ecuador («Ley del Anciano»), Estados Unidos (“Older Americans Act, Ley de Americanos de Edad Avanzada») y México (“Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”), entre otros.



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En el mismo lodo

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Mauricio Macri está furioso con Santiago Caputo. No es algo nuevo, pero se intensifica con el paso de las semanas. No sólo le molesta el destrato y el ninguneo permanente al que es sometido por el gobierno de Javier Milei, sino también que el “Mago de Kremlin” haya cerrado un acuerdo de impunidad cruzado con La Cámpora. Algo que nadie oculta y que él siente que se lo exhiben en su cara.

A menudo el ex presidente expresa con ofuscación a sus allegados: «Cuántas piedras me hubieran tirado si le sacaba los remedios a los jubilados». No es el único: en el peronismo no cristinista la sensación es compartida. Pero a Macri, además, le molesta, y mucho, que Santiago Caputo no sea funcionario, no se exponga con sus decisiones, y que toma medidas trascendentales sin arriesgar su firma ni tener que presentar una declaración jurada.

Macri no puede dejar de comparar la actualidad con sus tiempos de gloria. Entonces, «Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y los de La Cámpora me denunciaban todos y a este le sonríen». Tal vez porque no supo lograr un buen acuerdo que beneficiara a ambas partes.

No sólo es el expresidente o el peronismo no cristinista quienes denuncian Santiago Caputo. Varios radicales y Elisa Carrió, incluso, han ido más allá, relacionándolo con la mafia.

Del lado de La Cámpora el silencio es sepulcral. Sus principales dirigentes jamás hablan de Santiago Caputo, ni comentan sus decisiones, aunque quede en claro que maneja la secretaría de Inteligencia a control remoto y al ejército de trolls que agreden a diestra y siniestra, siendo una de sus preferidas las mismísima Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, su devoción por la expresidenta parece dejar lugar a un cálculo racional de daños y perjuicios. Y todos le esquivan el cuerpo a las eventuales sanciones.

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Hay un dato adicional, y es que el jefe de los Peaky Blinders no sólo tiene a la SIDE bajo su control, sino también otras áreas estratégicas como ARCA o YPF. Justamente en esta última Caputo selló un acuerdo secreto con La Cámpora a través de Guillermo Garat, su socio, que antes había trabajado en la candidatura presidencial fallida de Eduardo «Wado» de Pedro.

Pese a que YPF maneja una pauta publicitaria de más de 1.000 millones por año, y esto se incrementa con las del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, La Cámpora jamás hizo mención al tema. Mucho menos se les cruzó presentar un pedido de informes en el Congreso.

Si bien “Wado”, cada tanto, critica a Javier Milei, jamás se le escuchó una sola frase contra Santiago Caputo, con quien ya había cerrado acuerdos antes de que este asumiera su no función en el gobierno nacional. Tampoco lo hacen Fernanda Raverta ni Luana Volnovich, quienes estuvieron a cargo de la ANSES y el PAMI, y que han sido objeto de las políticas de desmantelamiento más salvaje por parte de los libertarios. Más aún, la implosión de las jubilaciones o la destrucción del plan de medicamentos elaborado por Volnovich tampoco merecieron más que alguna publicación aislada en su cuenta de X, y esto sólo como respuesta a la presión del Instituto Patria.

El acuerdo de partes entre Santiago Caputo y La Cámpora parece sostenerse sobre la amenaza de carpetazos sobre prebendas, actos de corrupción y mal desempeño como funcionarios públicos de sus miembros. Además, la organización que lidera Máximo Kirchner está totalmente desprestigiada ante la sociedad: no serviría de nada confrontar con ella para revivirla en la consideración pública. Distinto es el caso de Cristina, a quien -más allá de lo que se diga- la han dejado librada a su suerte en los tres juicios orales que deberá afrontar.

Más aún, cuando el autodesignado como fiscal cristinista, Rofolfo Tailhade, ha salido a hacer alguna denuncia pública, como la de los bienes no declarados de Juan Pazo, el nuevo titular de ARCA, se sospecha que actuó a instancias de Santiago Caputo, en la puja interna que mantiene con su tío Luis “Toto” Caputo. Pazo es un hombre clave del ministro de Economía. Además Tailhade, pese a sus declaraciones de pureza prístina, también tiene su pasado en las filas del PJ de Malvinas Argentinas, que lideraba por entones Jesús Cariglino, y de donde también proviene Sergio Neiffert, actual titular de la SIDE.

Todos manoseados en el mismo lodo. Quien imagine comportamientos de casta debe estar extraviado en sus juicios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, La Cámpora, Jesús Cariglino, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Alberto Lettieri, Mauricio Macri, Eduardo de Pedro, Santiago Caputo, Sergio Neiffert

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