Ante la proliferación de casos de robo con saña contra víctimas de la tercera edad, un tipo de asalto que ha resultado en personas gravemente golpeadas, mutiladas o incluso asesinadas, diputados del PRO enviaron un proyecto de ley al Congreso que busca la modificación de Código Penal y que propone agravar en un tercio las penas de delitos contra mayores de 65 años.

En los argumentos de la propuesta, se indican el aumento sostenido de la violencia en los crímenes contra los adultos mayores. También, que se trata de una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas frente a los hechos delictivos que ocurren a diario «por lo que requieren un agravante y reproche adecuado para quienes cometan dichos delitos».

La modificación planteada para el Código Penal afectaría a las condenas de delitos contra las personas, la integridad sexual, la libertad y la propiedad. La edad de las víctimas sería tomado como agravante.

«El presente proyecto busca establecer un agravante especial en el Código Penal, para cualquier tipo de delito cometido contra personas mayores de 65 años, considerando que representan a una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas frente a los hechos delictivos que ocurren a diario» argumenta la autora de la propuesta legislativa, la diputada Gabriela Besana, del PRO.

En sí, la norma implica una mera modificación en el articulado del Código Penal. Puntualmente, , el artículo 41 sexies, bajo el Título V, que da cuenta de las causales a tomarse en cuenta para agravar el tiempo de prisión ante los delitos.

«Cuando alguno de los delitos contra las personas, la integridad sexual,la libertad y la propiedad previstos en Título I, III, V y VI del Libro Segundo de este código, se cometiera contra adultos mayores de 65 años, la escala penal prevista para el delito que se trate se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, sin que esta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda», plantean como texto para el articulado.

Así, la condición de «nueva agravante genérica» se daría cuando el delincuente actúa a conciencia de la ventaja de la que abusa, es decir, que «se cometiere contra personas mayores de 65 años, donde el autor tuviere conocimiento o razonablemente debiera conocer su calidad de tal».

El proyecto impulsado por Besana recibió el respaldo de las firmas de sus colegas de bloque María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Sotolano, Gabriel Felipe Chumpitaz y Verónica Gabriela Razzini.

«Argentina cuenta con un elevado porcentaje de población con una edad superior a los 65 años, con el crecimiento de esta franja poblacional, también se profundizaron algunas formas de violencia contra las personas que la conforman. La más visible y notoria es la cantidad de delitos perpetrados por delincuentes que escogen a los adultos mayores como víctimas predilectas debido a una probable debilidad o un mayor grado de indefensión que poseen», sostiene Besana en las fundamentaciones de su proyecto.

Como aval para la normativa, los diputados firmantes aportaron estadísticas inquietantes: informan que en el año 2022 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registraron más de 14 mil robos a “ancianos”, a un promedio de 40 episodios por día, según relevamientos de la ONG “Defendamos Buenos Aires”

En esa misma línea utilizan como fuente un informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la misma entidad, en la que quedó acreditada que la inseguridad es el peor de los flagelos padecidos en el AMBA por los adultos mayores, indicando que durante el año 2023 han ocurrido 10.200 ataques de todo tipo, incluidos 58 homicidios.

También, el proyecto aporta jurisprudencia en leyes de países como Brasil, Costa Rica (“Ley Integral para la Persona Adulta Mayor»), Ecuador («Ley del Anciano»), Estados Unidos (“Older Americans Act, Ley de Americanos de Edad Avanzada») y México (“Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”), entre otros.