Dos clínicas de fertilidad cordobesas están siendo investigadas por explotación de personas. La Justicia sospecha que tenían armado un sistema de captación de mujeres pobres de la zona para hacerlas trabajar como gestantes en tratamientos de subrogación de vientres a cambio de dinero. Hay 9 personas imputadas, entre ellas médicos, psicólogos y abogados, por 14 posibles casos que está estudiando la fiscalía.

Las parejas solicitantes son consideradas también víctimas, ya que se cree fueron engañadas por las clínicas. Algunas de ellas ya dieron testimonio en la Justicia y otras se animaron a contar públicamente la terrible experiencia que vivieron durante el largo proceso de subrogación.

Daniel Potavez y Sebastián Rojas son una pareja que decidió hace muchos años ser padres. En 2019 hicieron un tratamiento de fertilidad en Estados Unidos y lograron tener a su primera hija. Dejaron embriones congelados por si algún día se animaban a darle un hermanito. En 2021 empezaron a charlar del tema y averiguaron que podía hacerse en Argentina. Así fue como se contactaron con Nascentis, una de las clínicas imputadas por la Justicia Federal de Córdoba.

Primero tuvieron varios encuentros con el equipo de profesionales de la clínica que reciben las solicitudes: el médico especialista en fertilidad, una psicóloga y el abogado de la institución. Les pidieron 40 mil dólares para seguir con el programa y les aseguraron que tenían un par de candidatas a gestantes. Luego de varias comunicaciones, Nascentis no logró conseguir una gestante y el plan fracasó.

La idea de darle un hermanito a su hija empezaba a diluirse. Hasta que en junio del 2022 una pareja amiga les contó sobre Fecundart, la otra clínica investigada por trata. Como antes, un abogado les explicó que no existía ley que prohibiera o respaldara un tratamiento de subrogación. Que era necesario el aval de un Juzgado de Familia (que es obligatorio), del cual ellos harían el trámite.

A partir de ahí, las cosas se complicaron. Apareció otra abogada de Fecundart que les aseguró que podía hacerse antes, durante o hasta después del tratamiento. «Nos dijo que ya nacido el bebé era como hacer una adopción», cuenta Daniel.

También les aseguraron que había una gestante disponible llamada Belén. «Nos conocimos con ella en la clínica y nos pasamos los teléfonos», cuentan. Era una mujer mayor de 30 años, con varios hijos y dos trabajos. «En ese momento, entendimos que había sido evaluada por la clínica y nos aseguraron que ella quería ayudarnos», agrega Potavez.

En enero de 2023, luego de hablar varias veces con ella, acordaron seguir adelante con el plan. «A nosotros nos pareció muy sincera. Dijo que tenía deseo de ser subrogante y que era su primera vez«. Los tres, junto con la abogada de la clínica, firmaron un consentimiento ante un escribamos e iniciaron el tratamiento.

La primera oportunidad no funcionó. El embrión -que habían traído de Estados Unidos- no prendió bien y se perdió. Volvieron a intentarlo un tiempo después, y esta vez lograron el embarazo. Pero la felicidad por la buena noticia no duró mucho, enseguida empezaron los problemas: la abogada desapareció. Nunca más atendió el teléfono. Aún no habían hecho el aval judicial y llevaban 16 semanas de gestación. Preocupados, llamaron a la clínica, pero ellos tampoco sabían nada. La abogada -se enteraron en ese momento- había dejado a varias parejas en la misma situación.

Sebastián asegura que la abogada que desapareció y que le habían presentado era Julia Reartes, que según él era asesora legal de Fecundart. En enero de este año, la letrada asumió como titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de Córdoba.

La clínica entonces los contactó con otra abogada. Lo primero que les informó la nueva letrada fue que era tarde para hacer el trámite judicial. Aun así, aceptó igual el trabajo y el 15 de marzo de 2024 tuvieron audiencia con la jueza Cecilia Ferrero del Juzgado de Familia N° 7 de la ciudad de Córdoba. Faltaba una semana y media para que naciera el bebé.

«En la audiencia sufrimos maltrato institucional«, denuncia Potavez. Una asesora judicial les recordó, en plena reunión, que el Papa estaba en contra de la subrogación de vientres, y que había pedido a los jueces no avalarla. La jueza los retó por hacer tarde el trámite y les pidió tramitar una cautelar.

Sebastián describe la audiencia como «una caza de brujas». Asegura que los trataron como «si fuéramos de delincuentes». La defensora de Fausto -el bebé que en ese momento estaba por nacer- los reprendió por ser hombres, diciendo que con la subrogación estaban «violando los derechos de una mujer pobre». Y que fiscal les dijo que la Justicia de Córdoba no estaba para solucionarle la vida a la gente de Buenos Aires.

También describió una escena muy polémica durante la audiencia. «Cuando les contamos que Reartes era la abogada que nos había presentado la clínica, hubo silencio primero. Y después el fiscal pidió borrar el nombre de Reartes de las actas y la jueza lo permitió», asegura Sebastián.

Sebastián denuncia a ese juzgado como «homofóbico». «No les gustó que dos tipos vayan y les pidan el reconocimiento de un bebé».

La jueza -según la pareja- le ordenó a la nueva abogada de ellos que pasara por su oficina porque le iba a decir cómo tenía que redactar la cautelar. «Dos horas antes de que nazca Fausto, nos enteramos que habían rechazado la cautelar«, comenta Sebastián.

El día de la cesárea, la abogada les informó de esa denegación. Y que la jueza había pedido la intervención de la SeNAF. Daniel y Sebastián no entendían nada. Ya tenían al bebé en los brazos, pero no podían ser sus padres legales. No sólo eso, de repente una funcionaria de la secretaría, relatan, irrumpió en la habitación del hospital con una orden judicial aterradora. «Nos dijeron que el bebé quedaba al resguardo del Estado y se lo llevaron«, recuerda Daniel. También les sacaron sangre, compulsivamente, a ellos, al bebé y a la gestante para ser cotejados.

Durante un par de horas, su vida fue un completo caos. Sebastián se descompensó emocionalmente y tuvieron que sacarlo de la clínica. «Termino de darle la primera mamadera, con mucha felicidad, y viene personal de SeNAF junto a policías, entran al cuarto y me sacan a mi hijo de los brazos a la fuerza«, relata.

«Entré en crisis. Empecé a gritar cómo me podían a sacar a mi hijo», sigue. La funcionaria y los policías le advirtieron que de seguir con esa actitud «me iban a declarar insano y me iban a llevar a la comisaría, que no me iban de devolver a mi hijo».

El bebé fue traslado a un lugar de tránsito con custodia policial, donde estuvo un mes. La gestante -recién operada de la cesárea- fue interrogada por personal de la SeNAF.

«Quedamos totalmente desprotegidos. Nosotros hicimos reclamos a la SeNAF y no tuvimos respuestas. Poco tiempo después, nos enteramos que había una causa por trata de personas contra Fecundart», resume Daniel.

El ADN salió a los diez días y comprobó que Sebastián era el padre genético de Fausto. Aún así, con todas las pruebas presentadas en el juzgado, Ferrero tardó un mes en restituirlo con sus padres.

Tiempo después, ya con el bebé con ellos, la Justicia allanó la casa de la pareja. «Me retuvieron por cinco horas», agrega Sebastián, quien asegura que ellos fueron la única pareja allanada en la causa, donde hay otros 13 casos más.

Durante el mes de ausencia de Fausto, la angustia de la familia fue suprema. «Mi hija estuvo llorando porque no podía ver a su hermano», comenta Sebastián. Y denuncia que «se nos negó tener el apego con nuestro hijo que es fundamental en los primeros días de vida«.

Durante el embarazo, cuando habían construido un vínculo, Belén les blanqueó que vivía al límite; que uno sus hijos tenía discapacidad y que la coordinadora de la clínica le sugirió que no habla mucho con ellos sobre su vida. «A nuestro entender era algo muy malo eso porque el vínculo con ella iba ser de por vida«, cuenta Daniel.

Potavez aseguró que la mujer nunca contó que le habían pagado. «Cuando nos enteramos de la causa fue horrible, porque te preguntás en manos de quién estábamos», dice. Finalmente, la pareja pudo recuperar al bebé y también el vínculo con la gestante, que es una de las 13 víctimas de la causa de trata.