La justicia en Ecuador deliberaba este viernes la petición del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas de que se anule su detención realizada dentro de la Embajada de México en Quito tras haber recibido asilo y ordene al Estado ecuatoriano entregarlo nuevamente a México. Si el tribunal accede al pedido no podrá borrar el atropello que las autoridades ecuatorianas cometieron cuando allanaron por la fuerza la embajada mexicana para llevarse a Glas.

Así lo dejó en claro el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al indicar este viernes que permitir que Jorge Glas (2013-2017) obtenga asilo en México no resolvería el conflicto diplomático con Ecuador.

México ya presentó una denuncia ante el Tribunal de La Haya contra Ecuador para que sea retirado de las Naciones Unidas por haber invadido suelo mexicano, al allanar la embajada mexicana en Quito, hace una semana.

La demanda en la Corte Internacional de Justicia no es el único frente diplomático y legal abierto para Ecuador, que afronta una condena internacional casi unánime, y una cascada de sanciones.

Desde el asalto policial a la Embajada de México, la presión sobre Ecuador aumenta en todos los foros internacionales. Al pedir este jueves la suspensión del país sudamericano de la ONU a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), México se muestra optimista y confiado en tener a su favor el derecho internacional, algo en lo que parecen coincidir todos los analistas.

La politóloga ecuatoriana Valeria Argüello explica a RFI que, si bien es posible que sea admitida la denuncia, al estar México en un proceso electoral, algunos candidatos podrían retirarla.

En todo caso, afirma, “es un proceso que va a tomar mucho tiempo en la CIJ. Hay otros foros que ya van a encontrarse ahora mismo, Mercosur, CELAC, pero cuando ya tenemos un antecedente no sancionatorio, en que no se suspendió la participación de Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), porque eso podía haber pasado. La resolución también muestra en cierta medida cómo los Estados condenan a Ecuador, pero al mismo tiempo recuerdan otros artículos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas”.

La OEA ha aprobado este miércoles una resolución para condenar el violento asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito. Con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, el organismo panamericano acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.

Entonces, ¿se da por hecho en Ecuador que habrá sanción por parte de La Haya?

“Ecuador debería ser sentenciado, porque no solamente es la violación de la sede, sino la violación de la dignidad del funcionario, que también tiene inmunidad. Eso es lo que nos podría llevar no solamente a la Corte Internacional de Justicia, sino nos va a llevar primero a la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso va a representar para el Estado ecuatoriano una sentencia pecuniaria y no sabemos a cuánto podría elevarse”, responde la politóloga.

Lo cierto es que existen pocos precedentes en la región como este caso. Salvo en contadas ocasiones, ni siquiera en las férreas dictaduras militares latinoamericanas de los sesenta y setenta se permitió el asalto a embajadas. Por eso resulta complicado prever qué sanciones podría enfrentar Ecuador.

“Hay varias sanciones que pueden ser tomadas de manera unilateral por México. La ruptura de relaciones diplomáticas que ya es una realidad, puede significar sanciones para los inmigrantes ecuatorianos. Tiene que ver con el sistema de visas, porque los ecuatorianos necesitan visa, así sea para ir como turistas a México. Puede haber repercusiones para los estudiantes ecuatorianos que están estudiando en México, puede haber sanciones comerciales por parte de México”, subraya Alexis Medina, historiador y profesor de Asuntos Latinoamericanos en la Universidad de Besançon.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con celeridad. La admisión a trámite de esta denuncia puede demorarse entre cuatro y ocho meses.

Con información de Pablo Martinez Vega de RFI