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POLITICA

El Ejecutivo recurrirá a la Justicia para frenar los amentos en las prepagas

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Continua la batalla entre el Gobierno y las empresas de medicina privada, esta vez desde la gestión que comanda Javier Milei, anunciaron que recurrirán a la Justicia para impedir que las prepagas sigan elevando sus cuotas, que ya superaron el 160% de alza en los últimos tres meses.

Además, destacaron que iniciarán acciones legales contras los titulares de las principales firmas por “cartelización”, es decir que el oficialismo sospecha que hubo un acuerdo espurio para fijar precios en altos niveles y evitar la libre oferta y demanda.

El Gobierno le pidió a las prepagas que congelen los aumentos: la respuesta del sector

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene en la mira al dueño de la compañía Swiss Medical Group, el empresario Claudio Belocopitt, quien encabezó el reclamo por el ajuste en los valores de la medicina privada, ni bien Milei legó a la Casa Rosada. Y a quien acusan de liderar la cartelización.

Por ello, la Secretaría de Comercio, que depende del Palacio de Hacienda, y la Superintendencia de Servicios de Salud, encabezarán en los próximos días una ofensiva contra las prepagas para que congelen las subas en sus cuotas y ofrezcan planes a un menor costo.

De hecho, en línea con los reclamos de Caputo, que incluso hizo públicos a través de los medios y las redes sociales, se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes, durante esta semana. Si bien, el DNU de Milei, los había eximido de esta exigencia, antes las subas desmedidas se volvieron a implementar.

 

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POLITICA

Montoneros, de ayer a hoy (Última parte). Libres, impunes y activos

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Escondidas tras la fachada de una falsa “militancia popular” esas mismas organizaciones y personas de fuertes vínculos internacionales que sembraron el terror en los años 70 hoy siguen brindando apoyo y solidaridad a Irán, a Hezbollah y a los demás grupos terroristas que de ellos dependen. Son las mismas que extienden su actividad a manifestaciones y expresiones incluso de extrema violencia contra los Estados Unidos y el Estado de Israel, con la excusa de una supuesta lucha contra “el sionismo internacional”.

Es precisamente la dirección en que se ha movido, entre otros, Emilio Pérsico, un oficial de Montoneros que participó en la Contraofensiva bajo el nombre de guerra de Arturo. Con el tiempo, fue funcionario público durante gobiernos kirchneristas y referente del Movimiento Evita. Junto a sus antiguos compañeros de armas Roberto Perdía y Fernando Esteche, fue también fundador del violento movimiento Quebracho, que marchaba por el centro de la Capital con consignas antisemitas, desplegando banderas de Irán y de Hezbollah.

Durante el gobierno de los Kirchner, parte de estos sectores de agitación, ocupantes de tierras y reivindicadores del terrorismo, se convirtieron en movimientos piqueteros con el propósito de constituir milicias populares. Los Kirchner financiarían a muchos de ellos con fondos millonarios del Estado convirtiéndolos por décadas en intermediarios de la ayuda social estatal.

La agrupación Madres de Plaza de Mayo, en la facción que lideraba Hebe de Bonafini, fue otra de las organizaciones que contaron siempre con el apoyo de Montoneros y desde la cual se alentaron acciones violentas contra el Estado de Israel. Con dinero del Estado, esa organización fue responsable de un millonario desfalco en viviendas populares cuyos adjudicatarios recibían adoctrinamiento político por parte del personal de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Cabe recordar que Hebe de Bonafini, de fuertes lazos con los Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, concurrió como invitada especial a la recepción que el presidente Evo Morales dio al mandatario iraní Mahmud Ahmadinejad, aliado estratégico de los gobiernos venezolano y boliviano.

La explosión tras el estallido de la bomba colocada por Montoneros contra un avión Hércules de la Fuerza Aérea, en Tucumán, en 1975

Muchos montoneros han cobrado millonarias indemnizaciones mientras injustamente no recibieron el mismo trato las víctimas de la guerrilla. Hubo que esperar décadas para que recién este año el Ministerio de Defensa anunciara que se pagará una compensación económica a los familiares de los nueve soldados conscriptos asesinados y también de los heridos durante el sangriento copamiento de parte de Montoneros al Regimiento de Infantería de Formosa, en 1975. Esa decisión había sido adoptada por decreto de Mauricio Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por cuestiones claramente ideológicas, nunca las pagó. Finalmente, el 4 de este mes, se publicó en el Boletín Oficial la citada indemnización.

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Otra fue la historia para los montoneros, beneficiados también con el acceso a importantes cargos públicos, pese a haber sido cultores de la violencia, la destrucción y la anarquía.

Mario Firmenich fue contratado como asesor del gobierno del nicaragüense Daniel Ortega. Fernando Vaca Narvaja se dedicó a procurarles asistencia legal a grupos seudomapuches que vandalizaron propiedades, ocuparon tierras públicas argentinas y atentaron contra habitantes de la región. Roberto Perdía, hasta su reciente muerte, también estaba detrás de la toma de tierras y alentando a grupos piqueteros. Muchos que han llegado a ser gobernadores, embajadores, diputados, funcionarios municipales y asesores se suman a la política portando sin culpas ni vergüenzas su pasado asesino, un sangriento historial desconocido para los más jóvenes.

El prestigioso historiador Félix Luna lo ha dicho con claridad y contundencia: “Hallo injustificable la actitud de políticos, artistas, sacerdotes, gremialistas, periodistas y otros que, por esnobismo o cálculo, contribuyeron a crear un clima de simpatía hacia Montoneros o pretendieron dar jerarquía política a cónclaves donde se procesaba secretamente a determinados personajes, se las condenaba a muerte y se ejecutaban tales sentencias. ¡Muy enfermo debió estar nuestro país para que ocurrieran estas aberraciones!”.

Las jóvenes generaciones deben acceder a datos fehacientes sobre estos protagonistas de nuestra historia reciente, pues su nefasta influencia no cesa.

La paz, la reconciliación y la unión nacional son siempre objetivos prioritarios para cualquier nación. Si indignan las abultadas indemnizaciones y los privilegios de los que gozan los responsables de tantos dolorosos crímenes, más conmocionan la falta de reconocimiento y las violaciones a los derechos de sus víctimas, al igual que la negación de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años y la añosa persecución a miembros de fuerzas armadas y de seguridad, que, en nombre de la Nación y cumpliendo el mandato de ella recibido, los combatieron. Deberíamos preguntarnos si tanta injusticia no nos vuelve en cierto modo indignos de la libertad de la que hoy gozamos.

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