Tras fracasar en su intento por avanzar en un trámite exprés en el Senado, el oficialismo busca reducir los daños y mete presión sobre los senadores provinciales para que aporten las firmas al dictamen de comisión de la Ley Bases y el paquete fiscal. En el otro extremo, el kirchnerismo sigue con su militancia y va a la carga por los radicales díscolos y algunos provinciales, que exigen cambios sobre la media sanción de Diputados.

Desde el Ejecutivo mantienen la apuesta de máxima: que la propuesta salga sin modificaciones y que las reformas se hagan a través de la reglamentación, como propuso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, propuesta que fue desestimada por la oposición. Por eso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, abrió la puerta para hacer cambios al proyecto, opción que el peronismo buscará aprovechar para dilatar el tratamiento de la ley en el Congreso.

En tanto, Victoria Villarruel permanece a un costado de las conversaciones, pero se muestra con las senadoras dialoguistas operando para que una de las dos plazas para la Corte Suprema sea ocupada por una mujer, lo que bajaría las acciones a favor de la candidatura de Ariel Lijo.

La vicepresidenta cedió el mandato de las negociaciones a Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche, presidente provisional y jefe de bloque de La Libertad Avanza, respectivamente. Aunque es el secretario parlamentario, Rubén Giustinian, quien la mantiene informada.

El tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal se retomará este lunes a las 15 en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, pero Villarruel no arriesga fecha para que la propuesta sea tratada en el recinto. Desde su entorno repiten que hay que respetar los tiempos del Senado y así maquillan la clara intención de evitar ser la cara de la derrota.

Por ahora, las tensiones quedaron al descubierto en la primera semana de debate en comisión con los cuestionamientos de Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Mónica Silva (Río Negro), José Carambia (Santa Cruz) y Alejandra Vigo (Córdoba).

Justamente, la falta de acompañamiento de la oposición dialoguista ya obligó al Gobierno a postergar el dictamen de comisión que tenía previsto sellar el jueves pasado, con la intención de tratarlo en el recinto el 16 de mayo.

Ahora, los libertarios y sus socios del PRO quieren dictaminar el martes para sesionar el 23 de mayo. Como saben que la ley tendrá cambios deberá volver a Diputados, y es muy poco probable que esté lista para el 25 de mayo cuando Javier Milei quiere firmar el pacto con los gobernadores.

Esto alteró un poco la paciencia libertaria y Francisco Paoltroni (LLA-Formosa) no sólo se fue desilusionado por no haber podido firmar dictamen sino que, además, presionó a los provinciales para que acompañen el despacho del oficialismo.

«No se dan cuenta que son minoría y que deben ceder en cambios para que salga el dictamen. Ahora salen a presionar a los senadores», dijo un legislador que también sabe que es difícil conseguir que las modificaciones que se hagan en la Cámara alta puedan quedar firmes.

Es que para avanzar con las modificaciones, el Senado tiene que aprobarlas con los dos tercios porque si es sancionada por mayoría simple será difícil que pueda pasar una posible revisión de Diputados teniendo en cuenta la conformación de la Cámara que quedó dividida en tercios.

Este mismo análisis hacen en las filas del kirchnerismo, que tiene la primera minoría con 33 senadores. Para modificar el RIGI, uno de los puntos más cuestionados, junto a la delegación de facultades y la reversión del Impuesto a las Ganancias; en la Cámara alta saben que necesitan los dos tercios, porque es la única garantía que tienen para imponerse si vuelve a Diputados.

Por eso, desde el oficialismo presionan no sólo a los senadores sino también vía gobernadores o con mensajes a los jefes de despacho. Estas operaciones no son exclusivas del oficialismo porque el kirchnerismo también se lanzó a la caza de los radicales díscolos (ubican allí a Martín Lousteau y Pablo Blanco, pero presionan a otros más) o algún senador provincial. La militancia dedicó los últimos días a enviar mensajes y llamados a los legisladores dialoguistas para que rechacen la Ley Bases y el paquete fiscal.

Incluso, la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recibió el apoyo de su agrupación. “La patota no entra más en los cánones de la política. Pero algunos siguen creyendo en el apriete como recurso para expresarse», dice un documento difundido por Juntos Somos Río Negro.

En el bloque de Unión por la Patria están confiados de que conseguirán los 4 votos para hacer caer la ley, sobre todo luego de que se despejara la posición de catamarqueño Guillermo Andrada, quien confirmó su voto en contra pese a que el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, pidió acompañar la ley.

El Gobierno ya tiene claro cuáles son los objetivos para garantizarse el triunfo en el Senado. Por ahora tiene unos 30 votos seguros entre los 7 de La Libertad Avanza, 11 de la UCR, 5 del PRO, 3 de Cambio Federal y 2 del Frente de la Concordia de Misiones. A ellos se agregan la tucumana Beatriz Ávila y la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal.

Más allá de algunos cuestionamientos, el radical Pablo Blanco y la neuquina Lucila Crexell dejaron trascender que darán su apoyo a la votación en la votación en general, pero rechazarán la reversión de Ganancias, el régimen de promoción de inversiones RIGI y las facultades delegadas.

Mientras que Silva insistió en que todo dependerá de la negociación del Ejecutivo con Weretilneck, aunque dejó en claro que votar en contra de la restitución de la cuarta categoría de Ganancia. De avanzar, el Gobierno sumaría 33 voluntades.

Pero los santacruceños Carambia y Natalia Gadano, que vienen votando en tándem, son el ejemplo más claro de que los senadores están cada vez más lejos de la órbita de los gobernadores. Ambos senadores no están alineados a Claudio Vidal y exigen cambios en el RIGI y cuestionan duramente la reforma laboral, entre otras cosas.

A la lista se agregan Edgardo Kueider y Carlos «Camau» Espínola, ambos de Unidad Federal, son dos senadores sin padrino, lo que les permite demorar cualquier definición hasta último momento, aunque en principio se mostraron críticos con la norma.

Sin embargo, la mayor preocupación de los libertarios y sus aliados es lo que puedan hacer Martín Lousteau y Tagliaferri, que mantienen la alianza que dejó Juntos por el Cambios y que en el arranque del tratamiento de la Ley Bases no escatimaron críticas a las propuestas del Ejecutivo, que deberá trabajar para sumar los 7 votos que le faltan.