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POLITICA

Jorge D’Onofrio nombró a la hermana de una funcionaria procesada por corrupción

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El nombramiento resulta polémico debido a los antecedentes judiciales de Claudia Pombo, quien fue procesada por corrupción aunque sigue en funciones al no tener una condena en segunda instancia.

Claudia Pombo mantiene una relación cercana con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, lo que ha suscitado sospechas sobre el criterio de selección para el cargo de Roxana Elma Pombo.

La designación, oficializada el 8 de mayo y rubricada por D’Onofrio, le concede a Roxana planta permanente en el ministerio, destacando que reúne «los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias» para desempeñar el cargo. Sin embargo, sus antecedentes en el área portuaria y aeroportuaria son escasos, limitándose a su trabajo en el Senado provincial y su paso por el Concejo Deliberante de Pilar bajo la tutela de su hermana Claudia.


Claudia y Roxana Pombo.

La situación se agrava al considerar que Claudia Pombo, a pesar de su procesamiento por corrupción, sigue ejerciendo su cargo y ha influido en el nombramiento de su hermana en un puesto clave. Esta decisión ha generado controversia y críticas sobre el uso del poder político para favorecer a familiares y allegados, cuestionando la transparencia y la meritocracia en la administración pública.

Roxana Pombo no posee causas judiciales pendientes como su hermana, pero su nombramiento ha sido percibido como un ejemplo de nepotismo. Los críticos señalan que Roxana no se destaca ni por su labor ni por su capacidad oratoria, y dudan de su idoneidad para el nuevo cargo, resaltando la desconfianza hacia la gestión pública en manos de una «casta» que perpetúa su poder y beneficios a lo largo de su vida.

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La polémica decisión de D’Onofrio pone en evidencia los desafíos que enfrenta la política argentina en términos de transparencia y equidad, mientras los ciudadanos observan con escepticismo la influencia de los lazos familiares en la designación de cargos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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POLITICA

Alberto Fernández se presentó ante el juez Ercolini y debe declarar en indagatoria por violencia de género contra Fabiola Yañez

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Poco antes de lo previsto, Alberto Fernández se presentó en el cuarto piso de Comodoro Py, ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa donde se lo acusa de haber ejercido violencia de género contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. La indagatoria se celebrará después de un nuevo intento del ex mandatario de postergarla.

El ex presidente de la Nación se encuentra acusado de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, Fabiola Yañez.

La primera fecha se había fijado para el 19 de diciembre pasado, pero después de recusar al juez Julián Ercolini y de que éste rechazara los argumentos planteados, el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Ante esa primera circunstancia el magistrado resolvió postergar, durante una semana, la audiencia indagatoria.

Como el expediente llegó ante la instancia superior, donde de manera unipersonal el camarista Eduardo Farah resolvió confirmar al magistrado del caso, se ordenó que este martes a partir de las 11 de la mañana, bajo la representación de la abogada Silvina Carreira, Fernández deberá declarar.

A menos de 24 horas de tener que declarar, el ex Jefe de Estado presentó un escrito pidiendo la postergación de la indagatoria. El planteo fue rechazado por el juez del caso. En simultáneo, ante la Cámara de Apelaciones, Alberto Fernández en una audiencia unipersonal con el juez Roberto Boico, pidió recusar Ercolini y sostuvo que lo investiga «para vengarse, tiene animosidad hacia mí y me quiere preso».

En esta causa por hechos de violencia de género, el único acusado es Alberto Fernández, con lo cual una vez que se escuche su descargo, el magistrado deberá resolver si hay elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal que la fiscalía a cargo de Ramiro González le atribuyó al solicitar que sea indagado.

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Los delitos atribuidos

La imputación formulada en su contra refiere a lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un marco de violencia de género contra la ex primera dama.

La investigación inició en agosto del año pasado, cuando la ex primera dama lo denunció penalmente horas después de la información exclusiva que publicó Clarín sobre las pruebas que en sus manos tenía la justicia federal que exponían posibles hechos de violencia contra Yañez.

El análisis de todas las pruebas reunidas durante los meses de pesquisa permitió al fiscal federal Ramiro González “acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”.

Esos sucesivos actos de violencia, consideró el fiscal, ocurrieron durante «la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia”.

Lo que señala la acusación es que Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

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