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POLITICA

Los “años dorados” en los Estados Unidos

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Los norteamericanos eligieron consecutivamente tres presidentes republicanos, Warren Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) y Herbert Hoover (1929-1933), quienes fueron fieles representantes de los intereses de los hombres de negocios y, ellos mismos, la encarnación del ideal del self made man americano. Durante sus respectivos gobiernos, la postura oficial se caracterizó por la no intervención del estado en cuestiones económicas y por una participación limitada –denominada “aislacionismo”– en la política europea. Sin embargo, si bien reiterado hasta el hartazgo, ese programa parece haber tenido poco que ver con las políticas reales aplicadas a lo largo del período. 

Pese a su pretendida defensa de la igualdad de oportunidades y de la prescindencia del estado en materia económica, expresada en cuanta oportunidad tuviesen a mano, los gobiernos republicanos beneficiaron considerablemente a los sectores empresarios. De hecho, el primer rasgo fundamental que ha de destacarse en cuanto a la expansión de los años veinte, fue la creciente concentración de la riqueza. Esta evolución obedeció a una serie de factores económicos y políticos. Por un lado, fue producto de fusiones empresariales que dieron vida a fabulosas corporaciones, motivadas tanto en razones de eficiencia económica y tecnológica, cuanto en la posibilidad de concretar turbios negociados con el gobierno. En el comercio, la aparición de las “grandes tiendas” afectó considerablemente al comercio minorista, y lo mismo sucedió en la banca, donde los 250 bancos más importantes, que representaban sólo el 1 por ciento del total, manejaban más de la mitad de los capitales. Esta fuerte concentración tenía como contraparte una atomización de pequeños establecimientos en ciudades ubicadas en áreas rurales.

A esto se agrega el hecho de que la política impositiva de los republicanos era abiertamente regresiva. Dado que la intervención estatal en materia económica y social era muy limitada, el gasto público se mantuvo bajo y por lo tanto la presión fiscal fue leve, concediendo incluso rebajas impositivas a ciertas corporaciones. Lógicamente, la disminución de la presión fiscal incrementaba la disponibilidad de capital de los empresarios para ser destinada a inversiones productivas y especulativas.

Otro factor que agudizaba la desigual distribución del ingreso era la debilidad de las organizaciones sindicales y la ausencia de legislación social, así como las políticas brutalmente represivas del estado, que en ese caso no dudaba en tomarse una licencia con respecto al laissez faire.

El segundo rasgo distintivo de esta década de expansión en los Estados Unidos fue el impresionante desarrollo industrial que descansó fundamentalmente en la producción de bienes durables (lavarropas, heladeras, radios, ascensores, automóviles, etc.), cuya producción y consumo se basaba en el acceso a la energía eléctrica a un precio razonable, generalizado durante la década. El impresionante auge de estos sectores se debió, he aquí el tercer rasgo, al boom de productividad desencadenado por la difusión de las formas de organización científica del trabajo desarrolladas por Taylor. El taylorismo permitió producir grandes cantidades de unidades en tiempos decrecientes, con el consiguiente abaratamiento de costos y aumento de beneficios.

Así como los ferrocarriles constituyeron el eje del desarrollo económico en los EE.UU. en el siglo XIX, en esta etapa fue la industria automotriz el sector más dinámico de la economía, pues generaba encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con otras industrias –neumáticos, acero, cemento, vidrio– y también permitió dar vida a una nueva forma de organización del trabajo, el “fordismo” que habría de extenderse a otras ramas de la industria luego de la Segunda Guerra Mundial.

Estrechamente ligado al desarrollo de la industria automovilística, el sector de la construcción fue el otro pilar del crecimiento económico de la década. La expansión del automotor –en 1920 había un promedio de 1 automóvil cada 11 habitantes, y en 1930, 1 cada 4,5– exigió realizar grandes construcciones viales (rutas, puentes, etc.), al tiempo que la extensión de la pavimentación impulsó la urbanización de los pequeños pueblos y el surgimiento de suburbios en las grandes ciudades, destinados a la instalación de hogares de la progresista clase media. A su vez, la producción de inmensos volúmenes de acero y hormigón a precios razonables, permitió la edificación de las primeras moles urbanas, denominadas “rascacielos”, destinadas a oficinas comerciales y uso privado. 

Debido a la magnitud de las migraciones internas durante la década de 1920, la mayor parte de la población dejó de estar concentrada en zonas rurales. La expansión de las carreteras alentó la especulación inmobiliaria. Terrenos antes inaccesibles y sin valor se volvían sumamente codiciados y atractivos para los inversionistas. Ejemplo de ello fue la alocada carrera por adquirir lotes, discretamente promocionados como residencias veraniegas, en el sur de la península de Florida. Como las ventas eran a plazos y los compradores entraban en posesión del terreno, lo revendían sin haber pagado la totalidad del mismo, embolsando una sustancial diferencia gracias al ascenso meteórico de los valores de los bienes inmuebles. La burbuja de la especulación inmobiliaria se acabó abruptamente en 1926, cuando un huracán dejó tras de sí un tendal de terrenos asolados, valores desinflados y una cadena de compradores insolventes. En otras circunstancias, este hecho podría haber servido de advertencia en 1928, cuando comenzó el alza especulativa de la Bolsa de Valores. Que nadie lo tuviera en cuenta es una muestra del implacable optimismo de la época.

A lo largo dé la década, los medios de comunicación se modernizaron y diversificaron, aportando una contribución decisiva a la ampliación del mercado de consumo masivo a través de una nueva técnica de ventas: la publicidad comercial. En 1920, se realizó en Pittsburgh la primera transmisión de radio. El éxito fue notable y, poco después, la difusión del consumo de energía eléctrica barata posibilitó su popularización masiva en los hogares urbanos y rurales. La radio estimuló la transformación de los hábitos sociales y permitió cierta uniformación de gustos musicales, expresiones verbales, nuevas formas de sociabilidad y, naturalmente, una voraz apetencia de bienes.

Las noticias llegaban a los lugares más distantes en cuestión de minutos y comenzaron, incluso, a penetrar las tradicionales costumbres de muchas de las cerradas comunidades rurales. También la prensa escrita experimentó un cambio significativo, al reemplazarse el formato sábana por el tabloide, más pequeño y manipulable, caracterizado por el sensacionalismo periodístico y un lenguaje más coloquial. Los diarios locales fueron desapareciendo, y su lugar fue ocupado por los diarios nacionales y las cadenas de información. Además, gracias a los medios y la publicidad no sólo se abría un mercado potencial de millones de consumidores, sino que surgía una nueva forma de competencia que evitaba la ruinosa guerra de precios. En efecto, las técnicas publicitarias comenzaron a hacer hincapié en la calidad de los productos, antes que en sus precios, estrategia muy difundida en los sistemas oligopólicos.

Por último, la prosperidad de los años 20 se asentó también en el desarrollo de novedosos sistemas de crédito al consumo, que alcanzaron a sectores a los que hasta entonces les habían estado prácticamente vedados. En efecto, puesto que el valor de los bienes durables era relativamente alto, las ventas al contado comportaban un poderoso obstáculo que dificultaba explotar el potencial mercado, lo que impulsó a las empresas a implementar agresivas políticas de venta a plazos. Para poder financiar estas ventas diferidas, las empresas tomaban créditos baratos o, más frecuentemente, emitían acciones. Otra novedad fue que el mercado de valores se abrió a los sectores medios e incluso asalariados, y rápidamente se generalizó la compra a crédito de acciones con garantía hipotecaria.

La agricultura fue el único sector que se mantuvo al margen de la prosperidad, puesto que los precios de las cosechas y del ganado descendieron durante toda la década. Las razones eran varias. Por el lado de la demanda, la población estaba creciendo a un ritmo considerablemente más lento que años anteriores, en tanto que el aumento del poder adquisitivo en las áreas urbanas se traducía en cambios en los gustos de los consumidores, quienes destinaban mayores recursos a productos más caros y refinados, como hortalizas y frutas, mientras que disminuían su demanda de productos tradicionales como el trigo y el maíz. A eso se sumaba que la ausencia de conflictos bélicos de dimensiones mundiales les privaba de ese mercado cautivo del que habían gozado durante la Gran Guerra.

Por el lado de la oferta, en tanto, se registraba una tendencia a la sobreproducción a nivel mundial. En tales condiciones, las exportaciones agrícolas norteamericanas apenas llegaron a los dos tercios de su valor durante la guerra y la posguerra. Además, la guerra misma dio como resultado la sustitución de fibras naturales –como por ejemplo, el algodón– por otras sintéticas. Por último, la estructura competitiva del mercado agrícola norteamericano, dominado por pequeños y medianos agricultores –para quienes era mucho más sencillo, ante un descenso de precios, aumentar el volumen dé ventas para compensar la disminución de las ganancias (lo cual agravaba el exceso de oferta y presionaba nuevamente los precios a la baja)–, impedía coordinar una contención de la oferta.

A partir de 1925, la situación se volvió crítica y los precios de venta llegaron a ser inferiores a los costos de producción, entre un 5 y un 20 por ciento. Esto se tradujo en un creciente endeudamiento hipotecario de los productores agrícolas. Por entonces, los agricultores comenzaron a reclamar, sin éxito, que el gobierno les otorgara la “paridad”, es decir, el establecimiento de precios sostén que les garantizara ingresos equivalentes a los de preguerra. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Las 27 tareas que tendrá el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes a la medianoche la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que estará a cargo de Federico Sturzenegger, cuya designación quedó estipulada también en la última edición del Boletín Oficial, y precisó cuáles serán las 27 funciones «particulares» que tendrá la cartera que se sumará a las de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad; Salud; y Capital Humano

«Compete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público», expresa uno de los artículos que se incorpora a la Ley de Ministerios según lo dispuesto por el Decreto 585/2024.

Federico Sturzenegger, de asesor presidencial a ministro del gobierno de Javier Milei. Foto: Clarín.

Según lo que indica ese documento, al ministerio le competen, «en particular», las siguientes funciones:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.

3. Entender, junto con las áreas competentes, en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado.

4. Entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas, con la intervención de las áreas competentes.

5. Entender en la elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

6. Impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.

7. Participar, junto con las áreas con competencia en la materia, en la revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía.

8. Impulsar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, reformas estructurales que impulsen la creación de empleo privado, el desarrollo económico, la equiparación de las estructuras tributarias y la eliminación de los privilegios.

9. Entender en la elaboración de propuestas para la reorganización del Sector Público Nacional con el objeto de lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.

10. Proponer a las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión y el gasto público.

11. Entender en el diseño de políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de reducir el gasto público y propender a una administración pública moderna y eficiente.

12. Coordinar y controlar las acciones relativas a la reforma, transformación y modernización del Estado que se desarrollen en todos los Ministerios, Secretarías de Presidencia de la Nación y organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional.

13. Entender en la definición y monitoreo de los temas vinculados a la simplificación de trámites y procesos de la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y organismos desconcentrados, con especial foco en aquellos concernientes al sector productivo nacional en coordinación con las áreas sustanciales en la materia.

14. Impulsar los principios de calidad regulatoria y la aplicación de estándares internacionales en materia de simplificación y desburocratización de trámites y procesos del Sector Público Nacional.

15. Promover, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, procesos de reforma y modernización que sean transversales al Sector Público Nacional, en coordinación con los sectores públicos provinciales y locales, destinados a impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, desregulación, simplificación y desburocratización, fomentando el uso de herramientas tecnológicas.

16. Proponer el dictado de reglamentos para modificar y/o eliminar trámites y normativas que establezcan una carga administrativa excesiva o que incumplan con la política de calidad regulatoria vigente.

17. Entender en la transformación, modernización y desarrollo de la política de gestión del empleo público tendiendo a la optimización y fortalecimiento de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, junto con las áreas competentes en la materia.

18. Diseñar e implementar el régimen de ingresos del personal, a través de parámetros para el diseño de una carrera pública conforme las negociaciones colectivas de trabajo.

19. Entender en la implementación de las políticas relativas a la mejora estratégica de los recursos humanos y su capacitación, la política salarial del sector público, la promoción y el desarrollo de carrera de los agentes de la Administración Pública Nacional y en la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

20. Entender en la formulación de políticas nacionales en materia de recursos humanos, procedimiento de selección e ingreso, gestión del empleo público, evaluaciones de desempeño y compensaciones, en el ámbito de su competencia.

21. Colaborar con las áreas competentes de cada Ministerio en la sistematización de los procesos de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional, como la liquidación de salarios, justificación de inasistencias, otorgamiento y convalidación de licencias y protección de la salud en el trabajo.

22. Intervenir en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas de fortalecimiento institucional y en la promoción de políticas de integridad en la función pública, en coordinación con los organismos del Estado Nacional con competencias en la materia.

23. Coordinar junto con las áreas competentes, la estrategia y los estándares sobre tecnologías de la información, comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la Administración Pública Nacional.

24. Impulsar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del Sector Público Nacional.

25. Promover, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, la implementación de los canales y plataformas digitales a fin de alcanzar un gobierno digital y tecnológico al servicio del ciudadano y del sector productivo.

26. Participar en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del Estado Nacional.

27. Promover acuerdos con organismos provinciales y locales, en el ámbito de su competencia.

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