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POLITICA

Ley Bases: los senadores radicales exigieron que se respeten los cambios

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La relación entre los bloques dialoguistas del Congreso se ha vuelto tensa después de que el Gobierno solicitara a los diputados que mantuvieran la media sanción original del paquete fiscal, ignorando los acuerdos alcanzados en el Senado para la aprobación de la Ley Bases. En respuesta a esta decisión, los senadores de la UCR emitieron un comunicado el martes, instando a la Cámara baja a que “evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”.

Según informó Clarín, los senadores dialoguistas expresaron su descontento y lanzaron una clara advertencia hacia la postura del Gobierno, que liberó a los diputados dialoguistas para que insistan con la media sanción original, a pesar de las modificaciones acordadas en el Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo que desempatar la ajustada votación.

Esta situación ha intensificado las tensiones entre diputados y senadores dialoguistas en las últimas horas. La bancada radical liderada por Eduardo Vischi de Corrientes destacó “los importantes aportes” realizados al proyecto gubernamental, que el presidente Javier Milei espera cerrar antes del 9 de julio, fecha prevista para la firma del pacto con los gobernadores.

“Una minoría rebelde, con la excusa del trabajo que hizo el Senado, quiere condicionar la posiciones de todos los diputados”, protestó un representante de la UCR, que reveló la intención de la bancada liderada por Rodrigo De Loredo de reintegrar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos al paquete de privatizaciones de la Cámara baja. Además, también buscan reabrir el debate sobre la reforma laboral.

Desde el Senado, un legislador dialoguista advirtió que “muchos senadores se lo van a ser notar al Gobierno si no cumple los acuerdos y le va a costar para adelante”. Es importante destacar que la mayoría de los radicales han pedido que Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos sean excluidos del paquete de empresas a privatizar.

Por tanto, en el Congreso ya se está solicitando que no solo Vischi, sino todos los senadores que participaron en las negociaciones con el Gobierno, clarifiquen los detalles de los acuerdos que llevaron a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, para que estos puntos sean ratificados en Diputados.

Sin embargo, es poco probable que la Cámara baja, presidida por Martín Menem, apruebe los cambios del Senado. Esta situación se complicó aún más después de la reunión por zoom que tuvieron este martes los líderes de los bloques dialoguistas con el vicejefe de Gabinete José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzaba Murphy, donde se profundizaron las discrepancias, especialmente en relación con el tema de las privatizaciones.

Además, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, criticó la decisión del Senado de bloquear con los dos tercios el artículo 111, destinado a revisar el gasto tributario para eliminar extensiones tributarias y modificar el esquema de beneficios impositivos en Tierra del Fuego, lo cual, según él, incrementa los precios de los productos nacionales. 

“Los senadores de todos los bloques rechazaron por mucho ese artículo”, protestó López, agregando: “No se sabe qué les pasa a los senadores pero no escuchan lo que les preocupa a mucha gente”.

A la protesta del legislador se sumó María Eugenia Vidal, quien anunció que el bloque del PRO volverá a votar el texto original de la Ley Bases. “El que trabajamos rigurosamente y debatimos en la Cámara de Diputados. Los cambios del Senado atentan contra el déficit 0”, argumentó la exgobernadora.

Por otro lado, los senadores radicales destacaron que se lograron “modificaciones de relevancia”, resaltando que en el capítulo de privatizaciones se consiguió “resguardar organismos de importancia estratégica federal”. También valoraron las reformas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para “contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales”.

“Cumplimos el rol para el que la sociedad nos eligió y que espera de nosotros. No votamos a libro cerrado, ni somos un engranaje más de la ‘máquina de impedir’ que sólo obstaculiza, demora y bloquea los cambios. Estamos convencidos, que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos. Solicitamos a la Cámara de Diputados que evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, expresaron.

En su primera visita al Congreso tras la aprobación del Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desconoció los acuerdos y señaló que en el caso de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos “se bajaron de las privatizaciones porque no había los números”. 

Aunque esa exclusión se había interpretado como una señal hacia los senadores radicales y de los bloques federales que durante el tratamiento en comisión pidieron que esas empresas fueran excluidas del plan de venta.

Es evidente que “el Gobierno quiere ir por todo”, según una fuente del oficialismo, y se entiende que el objetivo es ratificar la media sanción de Diputados, lo cual no sería bien recibido por los bloques dialoguistas del Senado que apoyaron la votación en general y en gran parte de la particular.

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POLITICA

Acusan al ex presidente Jair Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictiva

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La Policía Federal de Brasil abrió una causa contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa relacionados con diamantes no declarados que recibió de Arabia Saudita durante su mandato, según informaron fuentes familiarizadas con las acusaciones. 

Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no detalló los delitos específicos. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la falta de autorización para hacer declaraciones públicas al respecto.

El informe policial con las acusaciones aún no ha sido recibido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Una vez en posesión del tribunal, el procurador general del país, Paulo Gonet, revisará el documento y decidirá si presenta cargos contra Bolsonaro y lo lleva a juicio.

Bolsonaro y sus abogados negaron rotundamente haber cometido cualquier delito en relación con este caso y otras investigaciones en su contra. Además de estas acusaciones, enfrenta cargos por supuestamente ordenar a un asistente manipular registros de salud pública para falsificar su certificado de vacunación contra COVID-19, así como por su supuesta implicación en un intento de levantamiento en Brasilia en enero de 2023 para destituir a su sucesor.

El año pasado, la Policía Federal ya había acusado a Bolsonaro de intentar introducir de contrabando joyería con diamantes valuados en aproximadamente 3 millones de dólares, así como de vender dos relojes de lujo.

En agosto, la Policía reveló que Jair Bolsonaro recibió casi 70.000 dólares en efectivo por la venta de dos relojes de lujo que había recibido como regalos del gobierno de Arabia Saudita. Según la ley brasileña, los ciudadanos deben declarar bienes con un valor superior a 1.000 dólares al llegar al país desde el extranjero, y pagar un impuesto del 50% sobre cualquier cantidad que exceda esa exención.

Los relojes, que eran parte de la colección presidencial y no de propiedad personal de Bolsonaro, habrían estado exentos del impuesto si se hubieran destinado a Brasil como regalo oficial de Arabia Saudita. 

Sin embargo, un colaborador cercano de Bolsonaro, Mauro Cid, vendió en junio de 2022 un Rolex y un Patek Philippe por un total de 68.000 dólares a una tienda en Estados Unidos. Ambos relojes habían sido regalados por Arabia Saudita en 2019. Cid admitió su culpabilidad y colaboró con las autoridades en la investigación.

A pesar de las acusaciones y las investigaciones en su contra, Bolsonaro mantiene un fuerte apoyo político entre su base, como se demostró en una gran protesta en febrero, donde aproximadamente 185.000 personas bloquearon la principal avenida de Sao Paulo en señal de respaldo al expresidente, a quien consideran víctima de persecución política.

En contraste, sus detractores, especialmente del Partido de los Trabajadores de su rival Luiz Inácio Lula da Silva, han celebrado cada avance en las investigaciones y han pedido en repetidas ocasiones su arresto.

El año pasado, el Tribunal Electoral Supremo de Brasil dictaminó que Bolsonaro abusó de sus poderes presidenciales durante su campaña de reelección en 2022, lo que le impide postularse para cualquier cargo hasta 2030. El caso se centró en una reunión donde Bolsonaro utilizó recursos del gobierno y la televisión estatal para afirmar a embajadores extranjeros que el sistema electoral brasileño estaba manipulado.

En otra línea, se espera que Bolsonaro se reúna este fin de semana con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una conferencia conservadora en Balneário Camboriú, al sur de Brasil.

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