Madrid, 16 jul (.).- Las entidades financieras españolas no tendrán que contribuir en 2024 a las arcas del Fondo Único de Resolución europeo, el FUR, debido a que este cuenta ya con los fondos que necesita, en torno al 1 % de los depósitos garantizados acumulados en la Unión Bancaria Europea.

Según la Memoria de 2023 publicada este martes por el fondo español de resolución bancaria, el FROB, en 2023 las 125 entidades obligadas a contribuir al FUR aportaron 1.008 millones de euros, 1.005 millones correspondientes al FUR y 3 millones al FRN, el fondo de resolución nacional, algo menos que los 1.135 millones aportados en 2022.

De esta forma, el FUR contaba a cierre de 2023 con un saldo de alrededor de 77.600 millones de euros, aportados por aproximadamente 2.777 entidades europeas y de los que prácticamente 7.500 millones de euros proceden de entidades españolas, en torno al 9,66 %.

La resolución de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión consiste en un procedimiento administrativo extraordinario para gestionar su inviabilidad sin recurrir a su liquidación conforme al procedimiento concursal ordinario, explica el FROB.

En el caso de las entidades significativas, el FROB se encarga de implementar en España las decisiones de resolución adoptadas por la JUR, mientras que, si se trata de una entidad no significativa, el FROB adopta directamente las decisiones de resolución, en el ejercicio de sus competencias.

Según recuerda la entidad, aunque en 2023 no hubo resoluciones de entidades en España, el FROB siguió mejorando su preparación para potenciales casos futuros que se puedan producir, mediante la revisión y mejora de los procedimientos de gestión de crisis e incluso con su participación en un simulacro de quiebra de una entidad ficticia, organizado por la JUR.

En cuanto a los resultados del pasado ejercicio, positivos por segunda vez desde su creación en 2012, el FROB ganó 456 millones de euros un 79 % menos, principalmente por la revalorización de la participación del Estado en CaixaBank (BME:) y por el dividendo pagado por el banco.

De esos 456 millones de beneficio, 405 millones proceden de CaixaBank, que permitió al Estado ingresar, por primera vez en su historia, un dividendo de más de 300 millones de euros que contribuyó a reducir el déficit público y, por otra parte, aumentó el valor de la participación pública, superior al 17 %.

A cierre de 2023, el Estado, a través del FROB, era el propietario del 17,32 % del capital de CaixaBank, aunque actualmente ese porcentaje se eleva al 17,88 %, a consecuencia de la recompra de acciones llevada a cabo por el propio banco.

Con respecto a la participación en la Sareb, el «banco malo» que el Estado pasó a controlar a través del FROB con una participación del 50,14 %, no tiene impacto en las cuentas porque a finales de 2019 ya se valoró a cero.

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