Entre los ítems que aún están siendo analizados en la reglamentación de la reforma laboral sancionada en la Ley Bases y que constituye uno de los dos pilares desde los cuales la administración de Javier Milei espera conseguir un triunfo electoral en el 2025, los ejecutivos de importantes compañías financieras y de seguros, sueñan despiertos con la posibilidad de intervenir con los fondos que se generen por la implementación del fondo de cese laboral.

Este fondo, por el que las partes en una relación laboral podrán reemplazar el esquema indemnizatorio tradicional por un fondo o sistema de cese laboral cuyas características deberá definir la reglamentación, continúa bajo análisis por representantes sindicales, empresariales y del ejecutivo.

Reforma laboral: surge jugoso negocio para empresas del seguro

Es uno de los músculos principales de la reforma como dejo en claro el ministro Federico Sturzenegger en un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, al afirmar, que «el artículo que crea el nuevo sistema indemnizatorio dentro de la Ley Bases les va a permitir a los empresarios diseñar su propia reforma laboral». 

Por otra parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización (o bien autoasegurarse) para solventar el costo de la indemnización por antigüedad prevista en la ley o para el pago de una eventual gratificación convenida en el marco de un acuerdo de rescisión (artículo 241 de la LCT). 

Si bien existe un tema que traba la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial, por estas horas, y está relacionado con el fondo de cese laboral y el requerimiento de empresarios para que «el fondo de despido sea opcional a elección de la empresa y no por paritaria«, también se discute la posible participación de entidades financieras para administrar los fondos que se creen en el futuro. Fondos que si fuera por elección de cada empresa serían de enorme magnitud. 

Según trascendió en Casa Rosada, funcionarios económicos analizan la posibilidad de transferir capitales en el mercado financiero mediante la creación de un nuevo esquema de inversión para aseguradoras y entidades bancarias, que podrían utilizar estos fondos de cese laboral e invertir en acciones, bonos y pequeñas y medianas empresas.

Este nuevo sistema se inspira en el esquema utilizado por el gremio de la construcción (UOCRA), en el cual las indemnizaciones, dada la naturaleza volátil de la actividad, se gestionan mediante un fondo al que los empleadores aportan mensualmente. En el caso de adoptarse esta modalidad, cada convenio colectivo debería acordar los detalles específicos con los sindicatos. 

También podría prosperar la idea de que cada empresa cree su propio fondo de cese laboral donde los empleadores realizarían aportes mensuales basados en la remuneración, y podrían elegir un sistema privado de capitalización para cubrir el costo de la indemnización en caso de despido.

Este reclamo provino de los representantes de las Pymes, y coincide con posiciones acercadas por integrantes de las grandes cámaras empresariales. Si bien los funcionarios de Milei eran reacios a recibir a los dirigentes de las pymes en una reunión que el secretario de Trabajo, Julio Cordero sostuvo con emprendedores y representantes del sector industrial y comercial se llevó una sorpresa con el apoyo al fondo de cese laboral pensado por los dirigentes del Gobierno y con un pedido concreto para poder ser utilizado en cada una de las empresas que pueda ser implementado. 

El ministro Sturzenegger es el principal «cruzado» por una reforma laboral amplia y ambiciosa que recorte el texto aprobado en el Congreso, lo menos posible en la reglamentación. Un proceso que el Presidente Milei busca tener resuelto antes de su discurso en el Congreso el próximo domingo 15 de septiembre.

Empresas, bajo presión por la Superintendecia de Seguros

La Superintencia conducida por Guillermo Plate continúa interviniendo en el mercado asegurador, se trata del organismo de control del sistema, pidiendo balances y redactando resoluciones ejemplares como las que sufrió el Grupo Campici con Bostón y Escudos Seguros. 

Desde llamados de atención, multas, inhibiciones y prohibiciones para celebrar nuevos contratos, el gobierno de Javier Milei está pasando la escoba por muchas empresas que presentan irregularidades antes de dar a conocer esta posibilidad de intervención en el mercado financiero con los fondos laborales.

El Boletín Oficial contiene varios anuncios como por ejemplo el llamado de atención para Testimonio compañía de Seguros por falta de documentación requerida o las inhibiciones por capitales mínimos que pesan sobre Comarseg Seguros, con más de 20 años de recorrido en el mercado, que ofrece seguros de personas como vida y sepelio, y seguros patrimoniales con foco en empresas.

El 12 de septiembre se publicó otro llamado de atención en el Boletín Oficial con la firma de Plate sobre la mutual de empleados y obreros petroleros privados ART Mutual, y previamente se sumaron más operadores al listado de sancionados por la SSN.

A Assurant Seguros, le prohibieron realizar actos de disposición respecto de sus inversiones,  sin alcanzar a las operaciones con cuentas corrientes bancarias, pero, disponiendo la inhibición general de sus bienes. Assurant es una compañía líder en seguros de personas y en seguros de garantía extendida.

Otro llamado de atención salió rápidamente para garantía mutual de seguros del transporte público de pasajeros y, otro, para gestión compañía argentina de seguros S.A.

Y, a San Germán Seguros también se le prohibió realizar actos de disposición respecto de sus inversiones, dejando sus cuentas corrientes activas.

Un punto saldado con gremios y empresarios

Uno de los temas que preocupaba a los negociadores del gobierno para reglamentar el capítulo laboral de la Ley Bases estaba relacionado con el período de prueba de los trabajadores. Pero, según afirmaron las partes a iProfesional «hay acuerdo en este punto, aunque haya que leer detenidamente la letra chica en el Boletín Oficial cuando se publique».

La extensión del período de prueba a seis meses, otorga a las empresas la posibilidad de evaluar a sus nuevos colaboradores con mayor profundidad antes de tomar una decisión definitiva sobre su contratación. Este cambio es especialmente relevante en un país donde la informalidad laboral afecta a entre el 40% y el 50% de los trabajadores. Con esta medida, se busca incentivar la formalización del empleo, disminuyendo las barreras a la contratación. 

Ahora bien durante el período de prueba, los trabajadores tienen acceso a los mismos derechos que aquellos empleados permanentes. Y, este ítem logró disipar inquietudes del sector sindical porque se incluyen derechos sindicales, la obligación de aportar a la seguridad social, y prestaciones en caso de accidentes o enfermedades. Es así como, la ley protegerá a los trabajadores, garantizando que el período de prueba cuente para la antigüedad y que estén registrados desde el inicio de la relación laboral.