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POLITICA

Pasada la Ley Bases, ahora el PRO le marca por carta al Gobierno su agenda para el Congreso

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Luego de la aprobación de la Ley Bases gracias al acompañamiento cerrado de diputados y senadores del PRO, ahora el partido que preside Mauricio Macri quiere avanzar con su propio listado de proyectos y le marca la agenda al oficialismo, en un paso más a un despegue que el macrismo viene incentivando.

El bloque de la Cámara baja del PRO le envió este martes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una carta con el listado de su agenda legislativa con el objetivo de que también sean tratados en el Congreso.

La correspondencia, que lleva la firma del jefe de los diputados macristas Cristian Ritondo y su colega Silvana Giudici, secretaria parlamentaria, salió con copia a Martín Menem, presidente de la Cámara baja y alfil libertario en el Congreso.

La nómina incluye algunos proyectos con son un punto en común entre el PRO y la Libertad Avanza, – como la posibilidad de que los clubes de futbol se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas o la eliminación de los Registros del Automotor – pero otras son propuestas del macrismo ante reclamos históricos que ahora quiere que también obtengan tratamiento en el Congreso.

En especial, los enfocados en normas de transparencia y de sentido republicano, un punto donde las tropas de Macri marcan diferencias con la gestión Milei.

“Me dirijo a ustedes en representación del Bloque PRO con el fin de presentarles nuestra agenda legislativa, cuyos proyectos impulsamos históricamente en esta Honorable Cámara de Diputados, y muchos coinciden con iniciativas que el Gobierno Nacional anunció en el último tiempo”, comienza la carta enviada al jefe de Gabinete con firma de Ritondo y adhesión de Giudici.

Los diputados macristas resaltaron en la misiva que el bloque PRO ha trabajado arduamente para impulsar las transformaciones que el país necesita, aportando su conocimiento y experiencia en diversas áreas de gestión”.

Y por si no quedaran claros los motivos por los cuales ahora el PRO busca su reconocimiento mediante el tratamiento de sus leyes, el texto recuerda: “Gracias a nuestro compromiso, la Ley de Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al Gobierno Nacional las herramientas necesarias para implementar su plan de gobierno”.

Cristian Ritondo y Silvana Giudici enviaron una carta a Guillermo Francos. Foto Federico López Claro

Los firmantes sostienen que están convencidos de que si se trabaja sobre la agenda propuesta por el bloque opositor/aliado – “que venimos impulsando desde hace tiempo”, le recuerdan al oficialismo- podrán “lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía”.

“Quedamos a la espera de una favorable y pronta respuesta para comenzar a trabajar en esta agenda que da respuesta inmediata a muchas de las preocupaciones que tienen los argentinos”, concluye la misiva a Francos y Menem.

Cuáles son los proyectos de ley que el PRO quiere tratar

En el listado que el PRO le envió a Francos aparecen proyectos de ley que coinciden con propuestas del Poder Ejecutivo y otros que tienen larga data en el archivo de iniciativas del macrismo.

Entre las iniciativas que existen coincidencias figuran el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. De hecho, el ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, hoy enfrentada con Mauricio Macri en la crujiente interna partidaria, presentó este lunes en el Congreso el texto que ubica la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado en 13 años.

También entre las propuestas exclusivas del PRO figura declarar a la educación servicio esencial. Se trata de un pedido también histórico respaldado en los constantes paros docentes que se impulsaron desde los gremios durante el gobierno de Macri -y que afectaron la gobernación bonaerense de la ahora diputada María Eugenia Vidal– y las diferencias que surgieron durante el aislamiento obligatorio entre el PRO y el kirchnerismo por la apertura de escuelas.

El PRO también busca una reforma del sistema electoral, distinta a la que había planteado La Libertad Avanza en el proyecto de Ley Bases original y que luego no formó parte del texto final. El partido quiere avanzar con la implementación de la boleta única, la ficha limpia para los candidatos, la eliminación de realizar primarias obligatoriamente, reinstalar el voto de los argentinos en el exterior por correo y rever el financiamiento de los partidos políticos.

Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados. Foto Martín Bonetto.Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados. Foto Martín Bonetto.

En este sentido, también tienen en carpeta otras reformas políticas vinculadas a la contratación de publicidad en campaña, la observación electoral y la modificación sobre elecciones partidarias internas.

Otros proyectos propuestos por el PRO son la extinción de dominio, la creación de una agencia de seguridad anti narcotráfico, la derogación de las jubilaciones de privilegio, la promoción del desarrollo del hidrógeno verde, los cambios en la ley de Salud Mental y la prevención de la ludopatía.

Los proyectos que el PRO quiere tratar y que LLA tiene sus propias propuestas

En tanto, en el listado que elevaron Ritondo y Giudici a Francos aparecen proyectos de ley que el Gobierno ya avisó que también quiere tratar o que ha presentado sus propias versiones.

Tal es el caso del proyecto de registro de reincidencias y reiterancia. En este tema, el macrismo también agrega como parte de este lote las modificaciones en la legítima defensa.

Luego aparecen las medidas enmarcadas en modernización laboral, tales como el bloqueo de empresas, la Reforma Laboral, la democratización de las asociaciones sindicales y el trabajo en plataformas.

La Libertad Avanza había presentado un capítulo dedicado a esto en su decreto 70/2023, pero luego fue frenado en la Justicia por la CGT.

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Una oferta de US$30 millones para la primera privatización de la era Milei

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La primera privatización de la era Milei atraviesa horas cruciales. La empresa fundada por la familia Pescarmona, Impsa, que durante la gestión de Alberto Fernández pasó a manos del Estado, puede volver a pertenecer enteramente al sector privado. Tal como informaron fuentes oficiales, cuatro compañías firmaron una carta de intención para adquirirla y una de ellas aseguró que este lunes presentará su propuesta formal para comprarla.

La norteamericana Arc Energy, que fue la primera en firmar la carta de intención para quedarse con Impsa, quiere sacar ventaja sobre sus competidoras y sus representantes aseguran que el lunes van a oficializar su oferta formal con “varias cartas bajo la manga”. El primer punto que dejaron trascender es que buscarán adquirir la totalidad de la compañía por una cifra cercana a los US$30 millones. Pero eso no es todo. También contemplan un “crédito puente” durante el proceso de mejoramiento de oferta en el que cualquier interesada puede competirle, y hasta incluso presentar un proyecto que tenga al RIGI como destino final.

A propósito del denominado “crédito puente”, fuentes de Arc Energy explicaron que se trata de una “inyección generosa de dinero” para que Impsa pueda hacer frente a sus compromisos mientras se prolongue el período de mejoramiento de oferta. ¿La cifra? “La idea inicial ronda los US$5 millones”, dijeron. Incluso, contemplan agregar a la oferta la posibilidad de aplicar al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) a través de un proyecto con Impsa. Esto implicaría el desembolso de, al menos, US$200 millones.

De esta manera, se eleva el vértigo por la primera privatización, ya que Arc Energy no es la única interesada. Tal como indicaron fuentes oficiales, el Gobierno también firmó cartas de intención con otras tres compañías. Esto las habilitó para acceder al “data room” donde se encuentra toda la información sensible de Impsa. “Sirve para saber qué es lo que se quiere comprar”, explicó una de las partes que interviene en el proceso.

De hecho, el período comprendido entre la firma de la carta de intención y el inicio del mejoramiento de oferta se llama “due dilligence” y es el que los interesados utilizan para conocer por dentro a Impsa. Es decir, qué deudas tiene, cuántos empleados, juicios, proyectos en marcha y todo su patrimonio, entre otras cosas. Ese tiempo de “due dilligence” finaliza este lunes y a partir de la semana próxima cualquiera podrá presentar una propuesta formal para comprar a la compañía fundada por los Pescarmona. La diferencia entre las que firmaron la carta de intención y jugadores ajenos es que estos últimos no accedieron al mencionado “data room”.

Esta mañana Impsa finalizó su Asamblea y luego el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dieron una conferencia de prensa en las horas claves para la primera privatización del Gobierno.

Una de las interesadas en comprar Impsa, Arc Energy, contempla presentar un proyecto para aplicar al RIGI.

“Se está tratando de rescatar la empresa. Si no hay oferentes interesados, no hay posibilidades”, declaró Chaher. Por su parte, Pazo dijo: “Creemos que hoy puede haber oferentes por el RIGI”. Y Cornejo sostuvo que es “prioritario el proceso de salvación de una empresa emblemática”. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,7% de las acciones y Mendoza, el 21,2% de los títulos de la compañía. El 15,1% está en manos de accionistas privados.

Entonces, luego del período de prórroga para extender el período de “due dilligence”, la primera privatización de la era Milei empieza a ganar velocidad. En un primer momento, el mejoramiento de oferta iba a empezar en agosto, pero se aplazó para el próximo lunes tras un pedido de la primera interesada en comprar Impsa, Arc Energy.

Fuentes de la empresa interesada en la capitalización de Impsa describieron que parte de la dificultad del proceso previo a la presentación formal de la propuesta está relacionada a la deuda de más de US$500 millones que tiene la compañía. Esto obligó a Arc Energy a diseñar un plan de reestructuración y entablar diálogos con sus acreedores, entre quienes se encuentran el Banco Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa visitó Impsa después de que el Estado haya adquirido el 63% de sus acciones.

La deuda millonaria de Impsa tiene su origen en 2014, producto principalmente de “malos negocios” con Venezuela, cuando realizó un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujeron a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de la familia fundadora, tuvo que dar un paso al costado.

El 25 de junio de 2020, el CEO de Impsa le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.

En diciembre de ese año, el ministerio confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. Finalmente, en mayo de 2021 el Gobierno anunció la capitalización de Impsa junto a la provincia de Mendoza. Ahora recibirá ofertas para venderla.

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