Inesperadamente, en la semana de mayor turbulencia para los mercados en el mundo, el gobierno argentino pudo festejar no solamente haber capeado el temporal sino, además, la confirmación de buenas noticias. El jueves, por tercera jornada consecutiva, bajó el dólar en el mercado paralelo y también cayó el índice de riesgo país -que, naturalmente, sigue en niveles muy altos, pero los 1.552 puntos lucen bien en comparación con los 1.653 de inicios de la semana.

Entre los motivos que se esgrimen para la relativa calma figuran las versiones sobre avances en la negociación para un préstamo en la modalidad «repo». Pero también hay motivos de política económica doméstica, como incipientes «brotes verdes» -se acaba de conocer el indicador sintético de la construcción con una suba de 2,7% para junio- y, además, se confirma el sostenimiento del superávit fiscal.

Ya se habían difundido estimaciones de instituciones privadas para el resultado fiscal de julio -todas indicando superávit primario y financiero-, y ahora se confirmó esa expectativa con la publicación del dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Las cifras indican una continuidad de la «motosierra», dado que el superávit primario ocurrió en un mes en el que los ingresos tributarios sufrieron una caída real interanual del 2,7%. Es decir, si hay un resultado positivo la explicación está en el recorte de los gastos, que mostraron un desplome de 27,9% interanual.

Hablando en plata, en julio quedó un superávit primario -es decir, ingresos menos gastos corrientes- por $2,2 billones, mientras que el resultado financiero -o sea, después de pagar intereses de la deuda- es de $900.000 millones.

Estos números suelen ser considerados un predictor de las cifras oficiales, que se darán a conocer en tres semanas por la secretaría de Hacienda. El reporte cubre la administración central -no todo el sector público- y se trata de cifras «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, lo que implica que en la versión final podría haber cambios.

Pero más que los números, lo que preocupa es «la historia» que cuentan las cuentas fiscales, y no es tan favorable para Toto Caputo: muestran la misma situación ambigua que se viene percibiendo desde el recambio gubernamental, con números positivos que, sin embargo, no logran despejar las dudas sobre su sostenibilidad a futuro.

Ocurre que los principales ingresos están basados en impuestos que disminuirán en el futuro cercano, ya sea por motivos estacionales -como el caso de las retenciones a la exportación- o porque se trata de tributos llamados a desaparecer -como el impuesto PAIS-.

Mientras tanto, los recortes de gasto siguen dependiendo de rubros que también son difíciles de sostener a futuro, como el de jubilaciones -que, mes a mes, va disminuyendo su capacidad de «licuación» por el cambio de fórmula indexatoria- o por el gasto en personal del Estado, lo cual genera una creciente tensión política.

Se agota la licuación jubilatoria, pero igual Luis Caputo sigue con superávit

Pero, lejano a esas críticas recurrentes de los analistas, el gobierno celebra estas cifras porque confirman la vigencia de su pilar económico: el ancla fiscal como principal herramienta anti inflacionaria y como fuente de credibilidad para el mercado.

Esto le permitirá a Toto Caputo repetir su festejo, como había hecho hace un mes, por el récord de superávits -con julio, ya sumarán siete meses consecutivos-.

Y encima los datos le permitirán otra vez «cancherear» a la oposición peronista con la recuperación del gasto jubilatorio y del rubro de asistencia social: en julio, se registró un aumento de 25% real en el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo, según los datos de la OPC.

«Superávit financiero logrado, además, atendiendo los más vulnerables. En 2023, déficit fiscal. Emisión monetaria y ajuste bestial en jubilaciones y AUH. En 2024, superávit financiero récord y con aumentos reales en jubilaciones y AUH», decía en aquel momento el mensaje del ministro en las redes sociales.

Haciendo de la debilidad virtud, Caputo aprovechó el dato de la primera suba real de las jubilaciones para mostrarlo como un efecto buscado por el gobierno y para enrostrarle a sus críticos que, aun en un contexto de jubilaciones en recuperación no se puso en riesgo el superávit.

Hasta mitad de año, la crítica más escuchada hacia la política fiscal del gobierno era que estaba basada en la licuación inflacionaria de los componentes más importantes del gasto público, sobre todo el hipersensible rubro de jubilaciones y pensiones, que en algunos meses, como febrero, llegó a tener un impactante recorte real de 38%. Era una situación que había sido objetada hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, por su inviabilidad de sustentabilidad política.

El cambio en la fórmula indexatoria implicaba que esa política de licuación tendría necesariamente su final: con un ajuste por el IPC pasado -con desfasaje de dos meses-, y en un contexto de inflación en caída, resulta inevitable que la masa jubilatoria comience a crecer en términos reales.

En el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso queda en evidencia cómo el efecto de licuación está decayendo: la caída en el gasto jubilatorio fue de 13,8% anual, que luce como una reducción pequeña en comparación con las que se registraban a inicios de año.

Además, la probable aprobación del proyecto de ley que compensa a los jubilados por la pérdida de ingresos en el verano pasado al cambiar de régimen de actualización, hará que el peso del gasto jubilatorio vuelva a tener incidencia fiscal. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y está avanzando en el Senado.

Con un 35% del presupuesto total, el rubro jubilatorio es por lejos el de mayor peso en el gasto público. Es lo que hace que entre los economistas se mantengan las dudas sobre si el superávit fiscal tendrá, en el futuro cercano, un punto de inflexión.

Chau impuesto PAIS, hola Ganancias

Del lado de los ingresos también hay dudas, sobre todo porque uno de los principales rubros que sostuvieron la recaudación fue el impuesto PAIS, que a partir de septiembre tendrá un recorte de 10 puntos en su alícuota -pasará de 17,5% a 7,5%- y que ya el año próximo perderá vigencia.

En julio, este tributo significó un 7% del total de la recaudación fiscal, con una cifra de $630.000 millones. Esto implica que, de haber estado ya vigente la reducción de la alícuota, entonces la recaudación habría caído en $360.000 millones, un 4% del total.

Es así que quienes tienen dudas sobre la sostenibilidad del superávit se replantean la preocupación por la dependencia que Caputo está demostrando respecto de un impuesto que, de cumplirse con lo prometido, dejará de hacer su aporte justo en un momento recesivo, en el que otros tributos más directamente ligados a la actividad comercial -como el IVA, por ejemplo, ven disminuida su capacidad contributiva-.

Y es ahí donde todas las fichas del gobierno están en el impuesto a la Ganancias. O, mejor dicho, en el nuevo impuesto a los ingresos, como se rebautizó a Ganancias de la cuarta categoría, y que alcanzará a unos 800.000 asalariados de la franja superior.

Ganancias tuvo en julio una performance baja respecto de junio. Pero es un efecto que ya se daba por descontado, porque en realidad el mes anterior reflejó el impacto devaluatorio en el vencimiento del primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre, por el período fiscal 2024. En otras palabras, un efecto contable de corta duración. Eso le permitió a la recaudación de Ganancias crecer al punto de que en junio su participación fue el 22% de la recaudación total, pero en julio volvió a caer a 16%, cerca de su promedio anual.

Es por eso que ahora la apuesta es a que en la caja de la AFIP empiece a notarse el impacto de la recientemente aprobada ley Bases.

En los papeles, el regreso de Ganancias permitirá un incremento de 0,4% del PBI, lo cual, según los cálculos de Toto Caputo, disiparía las dudas respecto de la consecución del superávit fiscal. Claro que, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto PAIS -cuya recaudación queda íntegramente para el Tesoro-, lo que ingrese por Ganancias se debe coparticipar con las provincias, que se quedan con 58% de la caja.

Pero el gobierno apuesta a que su jugada salga bien. La historia reciente demuestra que Ganancias es uno de esos impuestos que son relativamente inmunes a los momentos recesivos como el actual. A diferencia de tributos como el IVA, cuyo nivel de recaudación está directamente vinculado a la fase -expansiva o recesiva- del ciclo económico, Ganancias suele mantenerse, porque su recaudación depende del incremento nominal de los ingresos, que en una economía inflacionaria tiende a subir.