La bicameral de Inteligencia es una de las comisiones que más interés despierta en el ámbito del Congreso y el kirchnerismo durante estos años supo utilizarla para presionar a jueces y fiscales que intervinieron en causa que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Uno de los casos más recordados se dio en enero de 2022, cuando en el marco de la causa conocida como la «Gestapo sindical», la comisión cargó contra el procurador general bonaerense Julio Conte Grand, quien fue presionado por la bicameral a partir de una supuesta confabulación para armar una causa contra el ex titular de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo «Pata» Medina, quien estaba acusado de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.

En aquella ocasión, el procurador tuvo un fuerte intercambio con el cristinista Leopoldo Moreau, quien buscó dar a entender a los miembros de la comisión que el entonces ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, habría deslizado en un video que la Procuración facilitaría las denuncias contra el Pata Medina. La anécdota es que Conte Grand tuvo que pedir que pasaran tres veces el video para constatar que no había un «acuerdo» para acusar al dirigente sindical.

Como parte de la ofensiva K también se convocó al comisario Hernán Casassa, tras la difusión de dos audios privados en que afirmaba que en la Provincia de Buenos Aires “funcionaba una mesa judicial, que se reunía en el Ministerio de Seguridad en La Plata”. La mesa la integraban -según se dice en los audios- “la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el procurador general de la provincia Gerardo Conte Grand y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai”.

Otro de los  que pasó por la presión de los K en la bicameral de inteligencia fue el juez Luis Carzoglio, quien derrumbó la teoría K de “la Gestapo judicial” en el gobierno bonaerense de Cambiemos tras negar haber recibido presiones de María Eugenia Vidal para judicializar a dirigentes sindicales.

En mayo de 2020, el kirchnerismo también trató de utilizar el escenario de la bicameral de Inteligencia para aprovechar una denuncia de Francisco Melo, un ex agente de la AFI, quien dijo haber recibido instrucciones de la autoridades de la agencia para “manipular” las declaraciones de un barrabrava de Independiente y perjudicar al dirigente Pablo Moyano.

Además, en esa misma reunión, los K también quisieron aprovechar para poner al descubierto a quién filtró a Elisa Carrió las escuchas telefónicas del Operativo Puf, un supuesto complot organizado desde la cárcel por “presos k” para desactivar la causa de los cuadernos. El protagonista de esta operación era Marcelo D’Alessio, quien supuestamente formaba parte de una organización ilegal bajo el control de agentes o ex agentes de inteligencia.

El caso se inició luego de la denuncia del supuesto productor agrario Pedro Etchebest al falso abogado D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, por una presunta extorsión para no involucrarlo en la causa de los cuadernos, la investigación que inició el fallecido juez Claudio Bonadio en los primeros meses de 2018 a partir de las digitalizaciones de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno, el ex chofer sobre presuntos pagos de sobornos.

En mayo de 2022, Leopoldo Moreau salió a atacar al fiscal Carlos Stornelli porque pidió investigar si no había presionado a una jueza de San Nicolás para ayudar a dirigentes del sindicato de Camioneros. El fiscal abrió una causa a partir de una denuncia de la abogada Florencia Arietto, para que se investigue si, al pedir la copia de una causa contra dos dirigentes de Camioneros a la jueza María Maiztegui, Moreau incurrió en los delitos de abuso de autoridad y atentado contra la autoridad. Tras la solicitud, Maiztegui pidió licencia por estrés.

Aunque tal vez la muestra máxima de poder se vio cuando en marzo de 2021 Moreau, como presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, anunciaba que iba a presentar juicios penales contra jueces en base a un informe sobre supuestas irregularidades en la oficina de escuchas de la Corte llamada DAJuDeCO, y le apuntó directamente al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. La cuestión de fondo era ir contra jueces y fiscales que investigaron a Cristina Kirchner.