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POLITICA

Ruido en el Gobierno con Ansaloni: su pasado K, sospechas de corrupción y un misterioso crimen

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A pocas semanas de que una auditoría judicial realizada en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) pusiera en aprietos al ex titular del sindicato, Pablo Ansaloni, el Gobierno sorprendió al intervenir la obra social, que ya se encontraba siendo gestionada por nuevas autoridades.

“Detrás de la intervención está el ahora diputado de LLA Ansaloni y algunos operadores judiciales”, explicaron en off a este medio personas al tanto de la decisión que tomó la Superintendencia de Salud.

Pablo Ansaloni

Lo curioso es que la mencionada auditoría judicial que se conoció en abril de este año había revelado que durante la gestión de Ansaloni existieron “malversación de fondos”, “administración fraudulenta” y “asociación ilícita”. Recordemos que Ansaloni fue desplazado de su cargo en marzo pasado tras una denuncia de irregularidades, en medio de una interna sindical que atravesaba el gremio UATRE. La decisión fue adoptada por un Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa.

Entre otros puntos, la auditoría describió la situación económica de la entidad como “grave”, con un déficit financiero que ascendía a los $ 13.000 millones de pesos a diciembre de 2022, que explicaría en gran parte la caída de las prestaciones en muchos distritos importantes del país.

Por otro lado, se detalló un gasto injustificado de un plazo fijo de $ 4.000 millones que tenía la entidad y que al mes de marzo pasado solo quedaban 338 millones de pesos. De acuerdo al informe, el drenaje de esos fondos se dio entre los meses de septiembre, diciembre y enero; coincidentemente con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y que fue derrotado en las elecciones de diciembre pasado por el titular de la UATRE, el chaqueño José Voytenco.

Pablo Ansaloni

También se constató que la OSPRERA recibió $ 1.700 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud que no fueron destinados a cubrir prestaciones y -aseguran- que no hay una sola justificación de esos gastos.

Ruido en el Gobierno con Ansaloni

Si bien la decisión de intervenir la obras social de UATRE se dio gracias a algunos resortes que Ansaloni aún conserva con un sector del Ejecutivo Nacional, hay integrantes de peso del Gobierno que lo tienen apuntado al diputado, que tuvo su paso por el kirchnerismo y por Cambiemos.

Además de su pasado por el kirchnerismo, dentro de La Libertad Avanza le facturan a Ansaloni sus palabras contra los judíos, a los que llegó a llamar “personas sin patria”, lo que le valió un repudio de la DAIA y un reciente tirón de orejas puertas adentro del Gobierno cuando esta frase se volvió a viralizar.

“No es lo único, piensen que este tipo está sospechado por la muerte de su propio chofer, que murió baleado por sicarios vinculados al narcotráfico en Rosario“, comentó una persona que integra el grupo de oficialistas que lo quieren fuera del partido gobernante a Ansaloni.

A estos cuestionamientos se les suman aquellos que apuntan contra su frágil lealtad. Entre los libertarios aún resuena el tuit que envió el entonces presidente Mauricio Macri cuando en 2019 lo cruzó públicamente por mudarse a las filas kirchneristas después de haber sido elegido diputado en la lista de Cambiemos.

Según pudo saber este medio, Ansaloni se encuentra en un débil equilibrio entre un pequeño grupo de personas del Gobierno que lo sostiene dentro de la estructura partidaria, y un amplio grupo que exigió políticamente su cabeza en múltiples ocasiones en los últimos meses.

“No podemos resignar número en la Cámara de Diputados ahora, en 2025 ya volveremos a reordenar estas cosas; pero es un lujo que ahora no podemos darnos”, confió un armador de LLA a este medio, consciente de las consecuencias que podría traer tener a Ansaloni dentro del partido libertario.

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Revés judicial para una maniobra del condenado exgobernador Urrribarri y su abogado Burlando

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Condenado por corrupción, el exembajador ante Israel y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri recibió un nuevo revés en la Justicia. Con su abogado Fernando Burlando habían planteado en los tribunales federales de Comodoro Py que en su provincia funcionaba una “mesa judicial” para perjudicarlo y acusarlo en causas penales, pero la jueza federal María Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la justicia local entrerriana.

La estrategia es conocida y fue usada en otras causas en el pasado: abrir un expediente paralelo, de preferencia en otra jurisdicción, para desde allí conseguir la nulidad del expediente principal. Pero en esta ocasión no funcionó.

Urribarri fue contra la Procuración de la provincia y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como contra la exfiscal Cecilia Goyeneche y el periodista Daniel Enz, que viene publicando desde hace décadas investigaciones que sacaron a la luz actos de corrupción del exgobernador.

La jueza Servini pidió informes a la justicia de la provincia sobre las causas contra el exgobernador, mientras el fiscal Carlos Stornelli postuló la incompetencia de la justicia federal porteña para investigar el asunto. También pidió informes a Burlando sobre la actualización de las causas “URRIBARRI, Sergio y otros s/ peculado s/ recurso de queja” y “URRIBARRI, Sergio y otros s/ negociaciones incompatibles” del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná. Y si había recursos en la Corte Suprema de la Nación. Pero la querella nunca respondió.

Con esos datos, si bien los informes requeridos tuvieron respuesta parcial, Servini resolvió que “con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular, que no fuese, obvia e hipotéticamente, la Excma. Corte”.

Por eso, la jueza concluyó que “considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ningún otro acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal, declarar la incompetencia en razón de materia y territorio” en favor de la justicia entrerriana.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de cárcel. La sentencia lo había olbligado en su momento a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.

Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

Ahora Urribarri pelea porque la Corte revierta esta decisión. Su libertad está condicionada y puede perderla si es que el fallo queda firme la decisión de la Corte Suprema.

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