Con un duro comunicado, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación salió este miércoles a confirmar la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), del gremio de la UATRE, que ejecutara por resolución de principios de agosto ante «gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones», según informó al designar como administradora provisoria a Virginia Montero.

La Superintendencia, a cargo de Gabriel Oriolo, además de ratificar la medida, que tuvo impulso en un decreto presidencial firmado por Javier Milei, salió a cuestionar un fallo del polémico juez federal Juan José Baric, de La Pampa, que mandó a retrotraer lo decidido por el Ejecutivo.

Ese magistrado había mantenido una intervención judicial durante un año sobre la obra social hasta hace un mes, cuando le devolvió su control al gremio. Baric había puesto su propio administrador en ese lapso. Y ante la decisión del Gobierno, accionó contra funcionarios con acusaciones de presuntos delitos como asociación ilícita o tráfico de influencias.

«A pesar de la resolución del juez, la Superintendencia de Servicios de Salud confirma la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA) realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y advierte sobre una decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal», apuntó el organismo que comanda Oriolo.

La Superintendencia (SSSalud) remarcó que «desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los agentes del Seguro de Salud» y entonces fue que halló irregularidades sobre la misma intervención judicial.

«Se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, a tal punto que, el propio juez (por Baric), a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social», acusó la Superintendencia.

Y avanzó en detalles de esa administración al sostener que «fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara –a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio».

Así el ente detalló el desglose de sueldos que habría fijado el administrador puesto por el juez en la obra social. Y enumeró sueldos para presidente de 14 millones de pesos, para vice, tesorero y secretario de actas, de 12 millones; para veedor judicial, de 11,3 millones; y de 8,5 millones para gerente de legales.

Ante la acusación contra los funcionarios, el Gobierno respondió que «el juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada«. «Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado», alertaron.

También destacaron que «el propio juez introdujo referencias a una interna gremial, donde uno de los denunciantes es parte interesada».

«Esta situación podría interpretarse como una toma de partido en conflictos gremiales internos, lo cual deja en evidencia la percepción de imparcialidad que debe regir en toda actuación judicial», volvieron a cuestionar a Baric, quien antes de su rol como juez federal fue funcionario penitenciario en el gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, con cierta controversia en su paso político.

El organismo que encabeza Oriolo reafirmó que la decisión de Milei es «reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios».

La obra social de la UATRE es la segunda más populosa del país y entró en crisis financiera y de sucesión desde la muerte de su otrora mandamás, el sindicalista Gerónimo «Momo» Venegas, en 2017 y, luego, el fallecimiento de su sucesor Ramón Ayala. Actualmente el gremio está en manos de José Voytenco.