«A lo largo de los años, hemos visto cómo diferentes actores políticos intentan reducir la edad de imputabilidad, pero esta última propuesta de llevarla a los doce años, como sugiere el diputado Álvaro Martínez, es extremadamente preocupante. Estamos hablando de niños que recién están saliendo de la primaria y comenzando la secundaria», expresó Clivaggio.

La delegada destacó la gravedad de la propuesta, afirmando que el proyecto impulsado por el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, empeora la ya anticuada Ley Penal Juvenil vigente desde la dictadura militar. «Este proyecto de ley es aún más regresivo que el decreto ley 22.278 firmado por Videla. No solo reduce la edad de imputabilidad a trece años sin ningún fundamento psicológico, sociológico, educativo o criminalístico, sino que también permite que un menor pueda ser juzgado por cualquier tipo de delito, incluso por los más menores», explicó.

Clivaggio enfatizó que, bajo esta propuesta, un niño de trece años podría enfrentar penas de hasta veinte años de prisión, lo que plantea interrogantes sobre dónde serían alojados estos menores. «El proyecto menciona establecimientos especializados o carcelarios con separación de adultos, pero ya sabemos que en la práctica esa ‘separación’ podría ser tan simple como una reja. Esto solo contribuiría a agravar la situación de estos menores, muchos de los cuales ya vienen de contextos de extrema vulnerabilidad».

Además, la propuesta contradice tratados internacionales firmados por Argentina, como la Convención sobre los Derechos del Niño. «No solo sería inconstitucional, sino que va en contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que establece que la edad mínima de punibilidad no debe ser inferior a 14 años y alienta a los países a no reducirla», aseguró.

La delegada también desmitificó la idea de que bajar la edad de punibilidad ayudaría a combatir la inseguridad en Argentina. «De los 3,5 millones de adolescentes que hay en el país, solo 4.299 están cumpliendo una medida penal. Es menos del 0,2 por ciento del total, por lo que no es cierto que esto resolverá el problema de la inseguridad. En realidad, lo que vamos a lograr es encerrar a más jóvenes en un sistema que solo los empeorará».

Finalmente, Clivaggio advirtió sobre las graves consecuencias de esta ley para la reintegración social de los jóvenes. «Lo que vamos a generar es una persona con mayores niveles de violencia, resentimiento y dificultad para llevar una vida positiva. En lugar de darle a nuestros jóvenes un futuro, estamos creando una sociedad más violenta», concluyó.(www.REALPOLITIK.com.ar)

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