Gabriel Solano explicó que la reciente intensificación de causas judiciales contra grupos como el Polo Obrero no es un fenómeno aislado, sino parte de una campaña más amplia de persecución política. «Estamos frente a una campaña de persecución política que se evidencia en la proliferación de causas en todo el país. En los últimos dos o tres meses, ha habido más de 150 allanamientos a comedores populares en diferentes puntos de Argentina», afirmó el legislador.

Según Solano, el objetivo de estas acciones judiciales es criminalizar la protesta y deslegitimar a las organizaciones sociales que se oponen a la política gubernamental. «Las acusaciones en los procesos, como la de extorsión y falta de contraprestación laboral en los comedores, son completamente falsas. No hay pruebas que sustenten estas acusaciones», sostuvo.

Además, el legislador porteño denunció la falta de asistencia gubernamental en los comedores populares, que son fundamentales para muchos argentinos que enfrentan problemas de hambre. «El gobierno ha dejado de enviar alimentos a los comedores, lo que ha llevado al cierre de muchos de ellos. Los comedores sobreviven gracias al esfuerzo solidario de vecinos y al apoyo de gobiernos provinciales y municipales», explicó.

También criticó la falta de respuesta de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien, según él, ha ignorado los pedidos de reunión de las organizaciones sociales. «Es inaceptable que la ministra no se haya reunido con las organizaciones. Su rol es crucial para coordinar la asistencia y garantizar que los comedores puedan seguir funcionando», remarcó Solano.

Por último, Solano advirtió que la situación actual refleja una crisis más profunda: «La política económica del gobierno ha exacerbado la pobreza y la indigencia, mientras que la asistencia social se destruye. Esto no es solo un ataque a las organizaciones sociales, sino a las personas que están sufriendo por la falta de políticas públicas efectivas».

En la entrevista, el dirigente destaca la grave crisis que enfrentan los comedores populares y el uso del sistema judicial como herramienta de represión política, mientras la asistencia social y las necesidades básicas de la población quedan desatendidas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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