La policía bonaerense logró desbaratar una banda que robaba caballos en la zona de Pilar. Hace al menos 90 días que el criador Horacio Ferrecio, propietario de la cabaña Los Chúcaros, venía denunciando a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos (UFI) local, a cargo del fiscal Andrés Rafael Quintana, sin tener resultado positivo. Fue ahí que acudió a la Sociedad Rural Argentina (SRA) para que haga de nexo con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que la patrulla rural actúe.

Según pudo saber LA NACION, fueron varias las denuncias, donde el damnificado señalaba que estaba siendo supuestamente engañado por su petisero, Marcelo Pissolito, y su concubina, Camila Banedas. Al ver que la fiscalía de la zona se mostraba poco interesada en resolver el caso, solicitó ayuda a la entidad ruralista para que mueva sus contactos en el gobierno bonaerense. Los datos sobre los implicados consta en información policial.

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“Después de haberlo hecho toda la vida con pasión dejaré de criar, ya que en las últimas dos noches me robaron cerca de 85 equinos, entre caballos, yeguas, potros y padrillos. Si alguien puede hacer algo y me puede informar si fueron al frigorífico lo agradeceré”, había escrito días atrás el cabañero a los socios de la SRA.

“Quiero hacerles saber a todo aquel que tenga caballos dentro del partido de Pilar que, tras un robo colosal, no tengo defensas y pese a las denuncias, el fiscal no me atiende. No termino de entender en la Capital Nacional del caballo que la Justicia se comporte de esta manera y la patrulla rural no pueda intervenir sin órdenes, estando ellos totalmente anticipado de los hechos. Ya superan los 30 animales robados y hay que sumar los potros orejanos que, con la excusa de la pandemia los dieron por muertos. Tengo testigos y pruebas de audios y videos”, sentenció.

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En las denuncias, Ferrecio manifestó que “con el ardil de confianza, los denunciados adulteraban documento de registro de la SRA como así también los números y ADN de los caballos criollos, y por medio de informes de mortandad” y que los individuos acusados “aparentemente vendían esos caballos”.

Tras el pedido de los directivos de la entidad ruralista, fue ahí que intervino el Comando Prevención Rural (CPR) Pilar. Con las denuncias en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos (UFI) las fuerzas de seguridad provincial recibieron un oficio para investigar en forma conjunta con la subdirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de esa localidad.

Los oficiales bonaerenses lograron obtener información de los Comandos de Prevención Rural (CPR) y se comisionó al personal de DDI. Esto derivó en “el recupero de tres equinos de los denunciados, que fueron vendidos por César Pissolito, hermano del acusado y último petisero del lugar”, dijeron.

Ya en el lugar, en el allanamiento, y para determinar en forma fehaciente los ilícitos, a caballo los efectivos rejuntaron las manadas del monte para realizar un encierre de los animales en el corral y así constatar el faltante. “Se estableció que había caballos no criollos que eran ingresados sin autorización por los hermanos Pissolito para pastoreo, cobrando una mensualidad sin autorización de Ferrecio”, dijo Juan Manuel Rodríguez, comisario y jefe del Comando Prevención Rural (CPR) Pilar.

“Asimismo se estableció que faltan unos 20 equinos, que a lo largo de 60 días fueron vendidos en la zona, justificando Ferrecio el faltante de los mismos con supuesta muerte de cada equino”, agregó.

Por último, las autoridades verificaron el campo de 60 hectáreas, donde “no se encontraron los esqueletos que justifiquen esa falsa mortandad”. “Se va actuar en consecuencia y se investigará para establecer la responsabilidad de la banda investigada”, subrayó el comisario.