Los usuarios del servicio de transporte público de AMBA que usaban más de un transporte para llegar a destino tendrán que pagar entre un 33% y un 71% más de tarifa a partir del 1 de septiembre. Es por la eliminación del beneficio llamado “Boleto Integrado Sube” que el Gobierno Nacional dejará de solventar para aquellos viajeros que combinan varios medios de locomoción para viajar en el AMBA.

El sistema forma parte de los subsidios cruzados que sostienen a los sistemas de colectivos, trenes, subte y premetro. En el área que comprende los distritos del conurbano y la Capital Federal son utilizados por 3,5 millones de personas todos los días.

Todo ese universo de ciudadanos que se mueven de un lugar a otro registran casi 9 millones de “transacciones” diarias del sistema SUBE.

Hasta el primer día de septiembre de 2024, quienes debían complementar sus traslados con la utilización de más de un medio tienen una ayuda extra: el segundo ticket se lo factura al 50% de su valor y el tercero al 75%, si esas operaciones se concretan en menos de dos horas y son continuadas.

Por decisión de la secretaría de Transporte de Nación, el programa ya no tendrá financiamiento del gobierno central. De acuerdo con las estimaciones del ministerio de Transporte de Provincia, representan casi $ 5.000 millones por mes, que se deben transferir a las empresas transportistas por este concepto.

El boleto mínimo –promedio- en el Gran Buenos Aires es de $ 430. Ese precio también está subsidiado porque un boleto “pleno” debería costar poco más de $ 1.200. Pero desde hace seis años, el gobierno provincial solventa esa diferencia con fondos propios que en el primer semestre de 2024 representaron $ 358 mil millones.

La quita del aporte de Nación derivó en un conflicto político. Esta semana, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el beneficio no será afrontado por la Provincia. “Los usuarios deberán poner de su bolsillo ese dinero que quitó la Nación. No podemos hacernos cargo porque en nuestro Presupuesto no hay partidas para eso. Y esos fondos están asignados en el Presupuesto Nacional, pero de manera arbitraria el gobierno de Javier Milei los retiró”, explicaron en la Gobernación.

La medida impacta –en el caso de Buenos Aires- sobre las 262 líneas que operan en los 24 municipios que rodean a la ciudad autónoma. Son las que tienen recorridos dentro de un mismo distrito o que se trasladan hasta ciudades vecinas. Están identificadas con números del 200 al 999. Todas esas compañías de transporte operan 9 mil unidades.

A partir del próximo domingo 1 de septiembre, quienes se suban a un micro con esas denominaciones y luego pasen a un segundo viaje ya no tendrán descuentos.

Tampoco si el pasajero tomó antes o después sube al tren; o al subte. Se termina la ayuda por uso intensivo del servicio público.

Algunos ejemplos: un residente de Avellaneda, Lanús o Quilmes que tomaba el ómnibus hasta Constitución y de allí pasaba al subte paga ahora $ 430, más $ 325 (50% del subte Línea C). La semana que viene le descontarán de la tarjeta $ 430 , más $ 650. Total: $ 1.080. O sea 43% más.

Si ese mismo quilmeño usaba dos colectivos para llegar a su trabajo en CABA o en otro distrito del conurbano pagaba $ 645 ($ 430 + $ 215, el segundo al 50%). El lunes deberá disponer de $ 860: 33% más.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación aclararon que la Red SUBE «continuará funcionando en los transportes de pasajeros de jurisdicción nacional», que comprende las líneas que pasan de Capital a Provincia.

O sea: se mantendrá para un usuario que vaya de Lanús a CABA y luego desde allí a La Matanza (por ejemplo). Pero si se toma un subte en el medio, el beneficio «se interrumpe». Ese boleto lo paga «pleno».

El conflicto amenaza con extender sus secuelas a otros ámbitos. Este martes, hubo un pronunciamiento de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que agrupa a los choferes de colectivos.

El gremio se declaró en estado de “incertidumbre y alerta” porque sospecha que esta tensión entre autoridades de Nación y Provincia impactará en los trabajadores.

¿Cómo? Es que las empresas concesionarias pagan los sueldos después de recibir las liquidaciones de los subsidios que llegan de las jurisdicciones. En medio de estas disputas, los sindicalistas de esa entidad temen que “los trabajadores no puedan cobrar el cuarto día del mes porque tal o cual gobierno no mandó los fondos”.

No sería la primera vez que se abre un conflicto por demoras en los pagos. La UTA sostuvo que “los gobiernos dejaron a los choferes como rehenes de un sistema de subsidios que inventó el Estado y que ahora no sabe cómo resolver”.