A las 10.20 de la mañana del martes, Facundo Jones Huala comenzó un periplo de 400 kilómetros en camioneta desde la ciudad de Temuco, en Chile, hasta el límite con la provincia de Neuquén. Concretamente, hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré, donde lo esperaba su madre, Isabel Huala, del lado argentino. A las 15, cruzó la frontera. El viaje significó el retorno formal y legal del lonko activista al país. Pero marca, además, el comienzo de un nuevo capítulo para esta triste historia repleta de intensidades políticas y violencias de toda índole.

Facundo será a partir de ahora un hombre libre. Lo consigue después cumplir por completo su condena en Chile, acusado atentado contra la propiedad. Se ha recuperado de las huelgas de hambre que jaquearon su salud y, a juzgar por los últimos videos que trascendieron de él, regresa sano y combativo al país.

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, le advirtió que se mantenga a raya si no quiere volver preso. Nadie sabe qué hará con ese mensaje. Pero sí que su llegada coincide con otra hora de la verdad: el comienzo del juicio contra los activistas de la Lafken Winkul Mapu, lo usurpadores de Villa Mascardi, organización estrechamente ligada a Jones Huala y a la Resistencia Ancestral Mapuche.

Con Huala en el Sur del país, a fines de septiembre, por primera vez habrá un debate oral, habrá un juicio y los acusados estarán sentados en el banquillo. Deberán comparecer sin pasamontañas ni capuchas. Sin piedras ni pancartas. Quizás apoyados por movilizaciones y asambleas en las puertas de la sede judicial (¿Quizás apoyados por el mismo Jones Huala?). Pero lejos de los bosques y las montañas, lejos de la naturaleza dañada, de aquel rincón idílico y usurpado al que durante un período de casi cinco años le arrebataron todo su encanto.

Los integrantes de la Lof Mapuche Laufken Winkul Mapu, señalados como los “maputruchos” de Villa Mascardi, irán finalmente a juicio oral y público por los hechos de violencia cometidos dentro de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi, que incluyen tomas de tierras públicas y privadas y propiedades del Estado destrozadas por completo. También ataques a funcionarios de la Gendarmería nacional y agresiones contra vecinos de la zona.

Es una historia popular, amparada inicialmente bajo el aura de un gobierno que los protegió, los solventó y los abasteció. Las tomas recién culminaron por completo cuando se acabó ese amparo, es decir, desde que el gobierno de Alberto Fernández le dio paso al de Javier Milei. La causa por usurpación de los predios de Parques Nacionales tiene fecha fijada para realizar el debate oral los días 26, 27 y 30 de septiembre próximos, “en el horario comprendido entre las 9 y las 17 horas con un cuarto intermedio de una hora por día”.

Las audiencias serán públicas y se realizarán en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional en Bariloche por falta de capacidad de la sala de audiencias del tribunal federal. Los imputados son María Isabel Nahuel, Luciana Martha Jaramillo, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan y Cristian Germán Colhuan, a quienes se los acusa por haber usurpado por medio de violencia y amenazas los predios de la Administración de Parques Nacionales ubicados a la altura del kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 en Villa Mascardi.

Esos predios ocupados por la lof Lafken Winkul Mapu, y donde fue asesinado Rafael Nahuel, estuvieron en posesión de la comunidad hasta octubre de 2022 cuando fueron desalojados por la entonces jueza subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez.

Los usurpadores de Villa Mascardi enfrentan dos causas que ya están en estadio de juicio oral. Una donde serán juzgados por la usurpación de ciertos predios de parques nacionales (la que ya tiene fecha). Y otra causa donde se juzga la usurpación de la finca La Escondida y el ataque a un tráiler de Gendarmería cuando efectivos de esa fuerza custodiaban la vivienda del propietario Luis Dates. La vivienda fue la última que se tomó y fue incendiada por los activistas mapuches.

La causa que involucra a Parques está en Bariloche. La otra en Roca. En ambos casos, la comunidad presentó ese convenio celebrado con el kirchnerismo en el que se invoca diferentes estadios de protección y reconocimiento por parte del INAI y de la Secretaria de Derechos Humanos, todo durante la gestión de Alberto Fernández. Según los acusados, esa suerte de protección estatal servía como elemento para extinguir la acción penal. Pero la cámara de casación revocó ese acuerdo días atrás y el juzgado puso fecha para fines de septiembre.

Falta resolver el mismo asunto en el marco de la segunda causa, radicada en General Roca. El juez de casación pidió celebrar una audiencia de conciliación antes de pronunciarse. La audiencia es el 6 de septiembre. “Nosotros lo que venimos pidiendo es que se unifiquen las causas. son delitos de hechos continuados. un predio otro predio. es una locura que vayamos a juicio oral por cada una de las causas”, dice Juan Trebino, el abogado que representa a la Junta Vecinal de Villa Mascardi.

Pero más allá de todo, impera un estado de alerta extendido de tensión por el regreso de Jones Huala a la región. Esta semana se conoció un comunicado que lleva la firma de “Autoconvocados por la Patria”, un grupo de vecinos del sur, propietarios de pequeñas fincas en la zona crítica. El texto arranca: “Nosotros, un grupo de ciudadanos Autoconvocados por la Patria de San Carlos de Bariloche y de la Comarca Andina, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el inminente regreso de Facundo Jones Huala, representante de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a nuestro territorio”.

Sigue: “Queremos recordar que Jones Huala ya ha incurrido en actos violentos de Traición a la Patria al desconocer a nuestro Estado Argentino, en favor de otra nación que no reconoce nuestras Leyes ni nuestra Soberanía. Su postura, que busca deslegitimar al Estado Argentino, representa una amenaza directa a la paz y estabilidad que tanto hemos luchado por mantener. No podemos permitir que grupos como la RAM, conocidos por su ideología violenta y desestabilizadora, encuentren espacio en nuestra sociedad. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias y garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”.

Huala se afincará en la zona de Colonia Suiza, a 18 kilómetros del centro de Bariloche, donde se madre, Isabel Huala, habita tierras con reconocimiento jurídico del Estado. Es decir, sin conflictos a la vista. Vuelve a un escenario de desolación, que incluye la nota trágica del suicidio de su hermano Fausto, ocurrido en junio. La pregunta que todos se hacen es si la llegada de la hora de la verdad judicial y el regreso Es el comienzo de una nueva etapa, ¿o acaso el final?