Una semana después de su exposición en la Comisión de Acuerdo en el Senado, la discusión sobre el desempeño de Ariel Lijo como juez federal se trasladó al Consejo de la Magistratura. Durante la sesión de la Comisión de Disciplina presidida por Héctor Recalde, la consejera Jimena de la Torre pidió que se reactiven las investigaciones sobre las denuncias que pesan sobre el magistrado, con un planteo explícito de demoras injustificadas. «Coincido con Usted, vamos a revisar pero quiero un informe por secretaría. Coincido con usted. ¿Qué pasa con esa demora?”, respondió Recalde.

Desde 2006, dos años después de su designación, Lijo comenzó a recibir denuncias en el Consejo de la Magistratura. Este organismo manejado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sólo tiene el deber de seleccionar a los candidatos a jueces sino también la responsabilidad de investigar a quienes hayan sido denunciados.

En el organismo, hay dos comisiones que, según la gravedad de los hechos que se le atribuyen a los magistrados toman las denuncias. Por una lado, la Comisión de Disciplina cuando se piensa más en una sanción, y la de Acusación, que aborda los expedientes más complejos.

Lijo acumuló 23 denuncias en el Consejo. Según explicaron fuentes del organismo a Clarín, muchas de ellas fueron desestimadas por falta de sustento, pues estaban motivadas por el tenor de las decisiones del magistrado adoptadas en algún expediente.

Si se toma como fecha de corte de las denuncias febrero del año en curso, figuran en trámite sólo cuatro denuncias contra el magistrado y candidato del presidente Javier Milei para asumir en la Corte Suprema, en reemplazo de Helena Highton de Nolasco.

Cuando se presentó, el miércoles pasado, en la Comisión de Acuerdo del Senado, uno de los aspectos recriminados por quienes se oponen a su llegada al máximo tribunal, fue la cantidad de denuncias que pesan sobre él en el Consejo de la Magistratura. Ariel Lijo se defendió, y sostuvo que durante los procesos -incluso los penales- siempre se sometió a ser investigado y que los hechos atribuidos, nunca fueron corroborados.

La discusión se retomó este martes en el organismo presidido por Horacio Rosatti como cabeza de la Corte Suprema. Durante la sesión de la Comisión de Disciplina que preside Héctor Recalde, la consejera Jimena de la Torre pidió que se reactiven las investigaciones que se encuentran abiertas, y cuyo principal denunciado es el candidato del presidente Milei.

«Desde la vocalía hemos presentado dos notas en su momento para pedir que se ponga en el orden del día y se sortee el Consejero instructor o se decida la desestimación in límine de varias denuncias que están en la órbita de la presidencia, viendo si corresponde su desestimación o sorteo. Algunas llevan más de un año, y lo cierto es que nos está corriendo un plazo. Se ha decidido una postergación en algún caso y, generalmente, las postergaciones suelen ser para una sesión. Corresponde, en general, cuando se porterga algo, ponerlo en el orden del día siguiente», explicó Jimena de la Torre.

Sucede que cuando las denuncias acumulan tres años sin ningún tipo de tratamiento, caducan y nunca se determina responsabilidades sobre los hechos denunciados o incluso, si no hay sustentabilidad en las acusaciones.

Sobre ese aspecto, la consejera dijo: «Lo que se pidió es si podemos revisar lo que está en órbita de presidencia para que sean puestas en el próximo orden del día todas aquellas denuncias que están en el Consejo de la Magistratura, en la comisión de Disciplina, y se decida su desestimación o darle curso al expediente, pero lo que no podemos es tener parados durante más de un año algunas denuncias durante un año en un plazo de tres años que está corriendo».

La respuesta de Héctor Recalde fue: «Coincido con Usted, vamos a revisar pero quiero un informe por secretaría. Coincido con usted. ¿Qué pasa con esa demora?”. Frente a dicho planteo, De la Torre insistió en que las denuncias no pueden caer por falta de tratamiento y que esta comisión «viene prorrogando los tratamientos».

Una de las últimas denuncias la formuló Elisa Carrió, líder del ARI-Coalición Cívica: “El doctor Lijo ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en el desempeño como juez federal. Es por ello que, en nuestro carácter de denunciantes —precisamente, en una de las causas en las que se lo investigó—, consideramos necesario requerirle su intervención a fin de que el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación y, especialmente, la sociedad en su conjunto pueda tomar debido conocimiento de la persona propuesta por el Presidente de la Nación. Ello así, pues, su nominación y el eventual acuerdo para designar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reviste sumo interés público”, indica la denuncia.

En agosto del año pasado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López había denunciado al juez Lijo por su accionar en el expediente que investiga la obra social del Poder Judicial: “buscó beneficiar a Ricardo Lorenzetti, con quien tiene un vínculo de amistad”, asegura la denuncia. Se acusó al magistrado de incumplimiento de los deberes, prevaricato y de dilatar adrede la pesquisa sin ningún fundamento.

Según explicaron desde el Consejo de la Magistratura, esa presentación fue asignada a la Comisión de Disciplina, pero “desde el día que ingresó -27 de septiembre de 2023- se encuentra en presidencia y nunca fue sorteada para iniciar su trámite”.