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Entre incertidumbre y críticas, Larroque prepara la reapertura del centro Pablo Nogués

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La reapertura está prevista para los primeros días de septiembre, aunque rodeada de cierto hermetismo en cuanto al personal directivo que asumirá la gestión y con la incorporación de empleados sin experiencia previa en el trabajo con menores en situación de encierro. Este personal, contratado en condiciones cuestionables, fue seleccionado bajo la supervisión de miembros de ATE y deberá cumplir un horario de doce horas de trabajo por treinta y seis horas de descanso. Si bien este régimen cumple con lo estipulado en la ley 10.430, resulta impracticable a mediano plazo, especialmente considerando la falta de experiencia del personal.

Para muchos, este panorama sugiere una crónica de una muerte anunciada. Inicialmente, los jóvenes alojados provendrán de un módulo del centro de menores de Lomas de Zamora, pero es previsible que el propio sistema, en decadencia, termine por saturar las instalaciones en poco tiempo.

Recientemente, un contingente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) visitó varios centros de la Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) y en la mayoría de los casos los informes fueron negativos, siendo el caso de Lomas de Zamora uno de los más críticos. Tal es así que la jueza Marta Pascual exigió a las autoridades realizar mejoras sustanciales en un plazo de diez días. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, el rol del trabajador del área, conocido como asistente de minoridad, sigue siendo ignorado. Estos trabajadores perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza trazada por el propio gobierno, a pesar de la complejidad de su tarea. El abultado presupuesto destinado al OPNyA no parece llegar ni a los trabajadores ni a las instituciones, mientras que los montos liquidados en horas extras no se corresponden con la cantidad de personal presente en los institutos. Los centros de contención no son la excepción.

Uno de los casos más evidentes es el centro de contención de Moreno, que se encuentra superpoblado de personal al punto de tener un régimen de veinticuatro horas trabajadas por ciento veinte de descanso, con un volumen abultado de horas extras. El centro de contención de Malvinas Argentinas, cuyo director Juan Stornino enfrentaría varias acusaciones por violencia de género, también presenta estas incongruencias.

Otro centro que no escapa a la regla es el centro de contención de Glew, que conduce Alejandra Brunetti, donde la gestión de las horas extras ha sido calificada como turbia y discrecional. Se sospecha que fondos destinados a horas extras se habrían desviado para realizar modificaciones edilicias, utilizando personal ajeno al organismo y parientes de la dirección.

Estos dispositivos de contención están bajo la gestión de Claudio Otero, quien es señalado como responsable del área y aspirante a manejar el organismo que se encuentra bajo la órbita de Andrés Larroque. Diferentes fuentes aseguran haberlo escuchado expresar estas intenciones, aunque hasta el momento no ha logrado su objetivo.

Otero también enfrenta reclamos de los trabajadores del Nogués, a quienes se niega a firmar los ceses de comisión generados durante el cierre del centro. El hogar de tránsito y el instituto de mujeres Pelletier no escapan a la regla con el cuestionable manejo de las extras. Sin embargo, este último, que tiene muchos más trabajadores que internas (sólo dos), se encuentra a cargo de la actual pareja de Otero, Romina Gallego.

Recientemente asumió el nuevo director provincial de Institutos Penales, tras la salida abrupta de Laura Sporetti, quien hasta ahora parece ser la única en pagar el costo por la fuga masiva de trece jóvenes, quienes dejaron un registro en video antes de escapar.

Mientras tanto, durante las últimas horas, se produjeron nuevas fugas en los instituto de Lomas y Legarra. El primero ocurrió el domingo alrededor de las 20.00, cuando dos jóvenes intentaron fugarse. Uno de ellos, fue detenido por la policía dentro del perímetro, mientras que otro finalmente logró escapar. Los jóvenes habían convencido al coordinador de que los dejara salir a barrer y limpiar el hall de entrada, aprovechando que él se ausentó brevemente para buscar una escoba. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Comisión Provincial por la Memoria, Andrés Larroque, CPM, ATE, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Pablo Nogués, OPNyA, Claudio Otero, Laura Sporetti, Marta Pascual, Juan Stornino, Alejandra Brunetti, Romina Gallego

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El Gobierno dispuso cambios en el régimen de viáticos, alojamientos y pasajes para los funcionarios

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El Gobierno estableció este miércoles una serie de modificaciones al régimen de viáticos, alojamientos y pasajes para funcionarios que efectúen viajes oficiales al exterior.

Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 888/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, y la Canciller, Diana Mondino.

El primer punto de la normativa fijó que los traslados “deberán efectuarse por la vía más corta y de menor costo”, aunque priorizando el primer ítem por sobre el segundo, “tanto a la ida como al regreso”.

En ese sentido, el texto ya no establece que deba darse prioridad a las aerolíneas de propiedad del Estado Nacional, tal como sostenía la Decisión Administrativa 836/2022.

El documento expresó, además, que los pasajes “deberán emitirse por una misma aerolínea, en ruta de ida y vuelta, cuando esta fuese la opción más económica, con carácter de no endosable y reintegrable únicamente en la oficina de origen”.

De acuerdo con esta Decisión Administrativa, ahora los viajes deberán ser puestos en conocimiento de la Jefatura de Gabinete, “independientemente del rango del funcionario involucrado”, mediante un formulario oficial al que deberán suscribirse, al menos, en “los diez días hábiles previos al traslado en misión o comisión al exterior de carácter oficial”.

Ante ese escenario, el ministro coordinador se encargará de “aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial cuando se trate de ministros, secretarios de la Presidencia, vicejefes de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro, y de aquellos otros funcionarios con dependencia directa del mismo.

Traslados en estamentos inferiores serán aprobados por ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación, vicejefes de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros y los titulares de organismos.

En paralelo, la normativa insiste en “limitar las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado” y propone que “ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”.

Dentro de los cinco días hábiles desde su regreso, los funcionarios tendrán que presentar una declaración jurada con el resultado de la gestión y una rendición de viáticos y gastos de alojamiento. En caso contrario, podrían iniciarse actuaciones sumariales en su contra.

“El funcionario o la Autoridad propiciante deberá informar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada a distancia -a través de reuniones virtuales o de videoconferencias- y que la presencia en el evento resulta impostergable para los intereses del Estado”, remarcó la normativa.

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