Alberto Fernández presentó su primer descargo en la causa donde está imputado por presuntos hechos de corrupción con lo seguros en el que rechazó haber cometido delitos, habló de pruebas que son «vaguedades» y hasta dijo que hay «persecución política» en el caso que investiga si benefició a Héctor Martínez Sosa, su amigo y broker también imputado en este expediente.

Para defenderse de las acusaciones penales, en le escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini, el ex presidente sostuvo: «Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino, que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones,

instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de

periodistas y a noticias falsas».

En el escrito de 47 páginas al que accedió Clarín, el ex presidente representado por la abogada Mariana Barbitta dijo que cuestionaba la “imputación penal” y también manifestó una «gran preocupación en términos de las garantías procesales y constitucionales que deben regir en un proceso penal digno del Estado democrático de Derecho -y que en el caso fueron avsasalladas».

Al momento de iniciar su descargo sostuvo: «Lamentablemente, no puedo comenzar sino por referir que no estoy siendo juzgado por un Magistrado imparcial, lo destaco pues, ello explica el derrotero de estas actuaciones a mi respecto, las sucesivas “filtraciones” mediáticas de las actuaciones -supuestamente reservadas para las partes-, y el forzado direccionamiento de la “persecución penal” que pretende ejercitarse».

Después, Alberto Fernández se victimizó y habló de «vaguedad e imprecisión de la acusación» y también de una «complicidad entre el Poder Judicial el Ministerio Público Fiscal, los medios de comunicación y los mezquinos intereses políticos de determinados sectores» para perjudicarlo

Bajo esa misma línea, continuó señalado la existencia de una «complicidad que entrelazada de manera tendenciosa, se dio en el objetivo de afectar el honor y la vida de las personas, así como desviar el correcto accionar de los órganos del sistema de administración de Justicia».

Para el ex presidente, en lugar de estar ocupándose de «manera responsable de la comisión de delitos reales y de la protección de la ciudadanía» sostuvo que los investigadores «despilfarran sus recursos “instruyendo” causas penales basadas en “denuncias anónimas” y “noticias periodísticas” que, casualmente, son concomitantemente utilizadas para campañas mediáticas e intereses político-partidarios».

En esas operaciones en las que participaron diversos brokers de seguros, el Estado abonó durante los años 2020 y hasta comienzos de 2024, un total de 3.453.302.777 de pesos en concepto de comisiones.

Con estos números volcados en la auditoría que realizó Nación Seguros SA de la actual gestión, la justicia federal avanza en determinar el posible perjuicio al Estado. Es decir: qué maniobras al margen de la ley se cometieron para beneficiar a brokers amigos del poder, más específicamente a quien tenía línea directa con el ex presidente de la Nación.

Por ese motivo, los delitos atribuidos a Alberto Fernández son la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, las negociaciones incompatibles y no se descarta -en un eventual llamado a indagatoria- que deba responder, además, por la acusación de asociación ilícita.

Bajo estudio se encuentra un entramado de contrataciones que benefició a unos pocos en detrimento de concursos “transparentes” que garanticen “una verdadera compulsa de precios”, escribió el juez Ercolini en una de sus resoluciones.

Frente a ese cuadro de acusaciones que involucran a Héctor Martínez Sosa -su amigo de hace más de 30 años- como uno de los brokers más beneficiado en el cobro de comisiones ( $366.635.744), el ex presidente presentó un descargo por escrito ante el juzgado.