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POLITICA

Más complicaciones para Alberto Fernández: se confirmó que en el año 2016 Fabiola Yañez se realizó un aborto

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La fiscalía continúa estudiando la causa de violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yáñez, contra el ex presidente Alberto Fernández.

En la última semana, la Justicia recibió una documentación proveniente del Sanatorio Otamendi que contenía el historial médico de Yañez. En la investigación se ratificó que en el año 2016 Fabiola se realizó un aborto que según los análisis y estudios estaba de 6 semanas. 

“Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo y formar parte de una familia, resultó que al escaso tiempo quede embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa, hasta que se lo conté a él. En ese momento, nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto a nuestro hijo por nacer, me dijo esto no puede pasar estoy en shock”, contó la ex primera dama al fiscal federal Ramiro González, según reveló Clarín.

Todo lo ocurrido pasó en 2016 cuando tomaron la decisión de mudarse juntos a un departamento en Puerto Madero. “Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que todavía él no estaba listo, que todavía no me había presentado a su otro hijo. Luego de eso comenzó a ignorarme por completo. vivíamos en la misma casa pero no me hablaba, ni siquiera me dirigía la mirada, pase a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre”, expresó Yañez.

En la documentación se encontró un segundo embarazo de igual tiempo que fue también interrumpido. Esta noticia no había sido informada a la fiscalía en la instancia de la declaración testimonial.

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Todos estos episodios del 2016 hasta comienzos de este año, son los delitos con los que carga Alberto Fernández: lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, junto al abuso de poder y de autoridad, más las amenazas coactivas.

POLITICA

Tensión en Necochea: El sector agropecuario rechazó la nueva tasa vial de Arturo Rojas

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El Concejo Deliberante de Necochea aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2025, que incluye una medida que ya está generando fuertes tensiones en el sector agropecuario local. Se trata de la creación de la «Tasa Vial Solidaria», un nuevo tributo destinado a las empresas exportadoras que operan en el Puerto de Quequén. La medida ha desatado el rechazo de productores y entidades rurales, que consideran que la carga tributaria recae directamente sobre ellos.

Objetivo de la tasa: Reparación de rutas

La Tasa Vial Solidaria fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria-PJ, Julián Kristiansen, y tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y reparación de las rutas que conectan el Puerto de Quequén con otras zonas productivas. Según el edil, los camiones que circulan hacia y desde el puerto generan un desgaste significativo en la infraestructura vial, lo que justifica la creación del tributo para financiar las mejoras necesarias.

La resistencia del campo: impacto directo sobre los productores

La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar. Un total de 16 entidades rurales, apoyadas por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresaron su «total rechazo y repudio» a la nueva tasa. Los productores agropecuarios aseguran que, aunque la medida está dirigida a las exportadoras, el impacto económico de la tasa se trasladará inevitablemente a los precios de los productos, afectando directamente a los productores locales.

En su comunicado, los ruralistas sostienen que «todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio». Además, advierten que el costo de operar en el puerto de Quequén ya es elevado, y que con la implementación de esta nueva tasa, las condiciones para el sector empeorarán, haciendo que los costos de operar en el puerto sean aún menos competitivos frente a otros puertos de la región.

Paralelismos con otros puertos: Un modelo controvertido

La creación de la Tasa Vial Solidaria en Necochea no es un caso aislado. En otros puertos de Argentina, como el de Dock Sud, también se han implementado medidas similares para tributar sobre los camiones que utilizan las rutas municipales para acceder a la terminal portuaria. En ese caso, los intendentes Julián Álvarez y Mayra Mendoza propusieron tributar sobre los camiones en circulación hacia el puerto, pero la iniciativa generó fricciones internas dentro del peronismo, debido a las implicancias sobre las tarifas portuarias y la falta de consenso sobre cómo distribuir los recursos generados.

El caso de Necochea, que afecta a uno de los puertos más relevantes de la región, ha levantado una ola de críticas por parte de los productores agropecuarios, quienes temen que esta nueva tasa agrave aún más las condiciones de competitividad de sus productos en el mercado internacional. La crisis económica y la inflación, junto con los altos costos operativos, ya son desafíos significativos para el sector, y esta nueva carga impositiva podría convertirse en un obstáculo más.

Demandas de diálogo: ¿Una solución para el sector?

Las sociedades rurales de Necochea han solicitado al intendente Arturo Rojas que «revise esta situación» y convoque a un diálogo abierto con el sector agropecuario para encontrar una solución que no perjudique a los productores locales. El reclamo se basa en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la infraestructura vial y la sostenibilidad del sector agropecuario, que es clave para la economía local.

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El futuro del Puerto y la competitividad del sector

La creación de la Tasa Vial Solidaria no solo ha generado controversia en Necochea, sino que también pone en evidencia la difícil situación que atraviesan los puertos argentinos en un contexto económico complejo. Para los productores agropecuarios, la sumatoria de nuevas cargas impositivas podría poner en riesgo la competitividad de sus productos, especialmente en un momento en que los costos operativos siguen en aumento y el mercado internacional sigue siendo una fuente vital de ingresos.

En este clima de incertidumbre, las autoridades locales deberán decidir si esta nueva tasa es un paso necesario para la sostenibilidad de la infraestructura vial del puerto o si, como denuncian los ruralistas, se trata de una medida que terminará afectando la rentabilidad del sector agropecuario. Las negociaciones entre el gobierno municipal y los actores del campo serán clave para resolver esta controversia y definir el futuro de la relación entre el puerto y los productores locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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