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Lanzan la SUBE digital y, desde hoy, se podrá pagar el colectivo desde el celular: cómo funcionará

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La tarjeta SUBE digital es una nueva modalidad de pago que, desde hoy, permitirá a los usuarios del transporte público abonar sus viajes directamente desde sus teléfonos mediante la tecnología NFC (Near Field Communication). Paula Bibini, presidenta de Nación Servicios, explicó a LA NACION: “Ahora se podrá pagar el transporte público desde el celular. Tenemos más de 60 puntos de validación en todo el país y más de 27.000 colectivos. La utilidad de pagar con el teléfono ya se ha comprobado en las pruebas piloto. Es un avance hacia un sistema de transporte más moderno”.

El lanzamiento de la SUBE digital comenzará con los colectivos en las principales ciudades del país, y se espera que en los próximos meses este nuevo sistema se extienda a trenes, subtes y otros medios de transporte. La digitalización de la tarjeta SUBE surge como una respuesta a las demandas de modernización en el sector del transporte público, buscando agilizar el proceso de pago y ofrecer mayores facilidades a los usuarios. “Es una evolución permanente, porque si bien el lanzamiento de la SUBE digital es inicialmente para los colectivos, vamos a seguir trabajando para que se pueda utilizar en subtes, trenes y otras modalidades donde hoy se usa la SUBE”, comentó Bibini, anticipando la expansión del sistema.

El funcionamiento de la SUBE digital será a través de la aplicación oficial, que requerirá que los usuarios cuenten con un celular con sistema operativo Android 8 o superior, y que este tenga tecnología NFC. Además, para poder utilizar la tarjeta digital, los usuarios deberán registrar una cuenta en la aplicación, proporcionando una foto y el DNI para validar su identidad en la plataforma. Este nuevo producto no reemplaza a la tarjeta física, sino que se convierte en una opción adicional, pero ambas funcionan de manera independiente. Esto significa que no será necesario tener la tarjeta física para poder usar la versión digital.

Una de las principales ventajas de la tarjeta digital es que permite cargar saldo de manera 100% virtual, sin la necesidad de acreditarlo físicamente en una terminal, como sucedía con la tarjeta física. “Es un producto que tiene un fondeo completamente digital, lo que evita el paso adicional que antes era necesario con la tarjeta física para acreditar el saldo. Ahora, todo el proceso puede realizarse desde el celular”, explicaron desde Nación Servicios a LA NACION.

El uso de la tarjeta digital promete ser una alternativa más rápida y eficiente, especialmente para aquellos usuarios que buscan una forma más práctica y cómoda de abonar el transporte público. Con la posibilidad de pagar el colectivo simplemente acercando el teléfono al validador, se espera que la SUBE digital se popularice rápidamente en todo el país. Sin embargo, desde Nación Servicios aclararon que, a pesar de que la versión digital tendrá las mismas funcionalidades que la física, ambas convivirán como opciones válidas, permitiendo a los usuarios elegir según sus preferencias o necesidades.

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En cuanto a la seguridad, el nuevo sistema también representa un avance significativo. La información del saldo y de las transacciones realizadas no se almacenará directamente en el dispositivo del usuario, sino que quedará registrada de manera segura en los servidores de Nación Servicios. Esto implica que, en caso de pérdida o robo del teléfono celular, el saldo de la SUBE digital no se perderá. El usuario podrá recuperar el monto reinstalando la aplicación en otro dispositivo. “La SUBE digital es una solución que nos permite mejorar la experiencia de los usuarios y adaptarnos a las nuevas tecnologías, brindando un transporte más moderno, inclusivo y accesible a nivel nacional”, afirmaron desde la entidad.

La SUBE digital también incluirá una serie de mejoras en términos de accesibilidad. Los beneficios sociales que actualmente se aplican a la tarjeta física, como los descuentos para jubilados, pensionados y estudiantes, también estarán disponibles en la versión digital. No obstante, los usuarios deberán optar por aplicar dichos beneficios en una de las dos versiones, ya que no podrán utilizarse en ambas tarjetas al mismo tiempo. Esta limitación obligará a los usuarios a elegir en qué tarjeta prefieren aplicar los descuentos, dependiendo de cuál usen con mayor frecuencia.

Para hacer uso de la SUBE digital, los usuarios deberán generar un token de seguridad, que será un código único y temporal que habilitará la recarga y la validación del saldo en sus dispositivos móviles. Este token tendrá una validez de 12 horas, lo que significa que, una vez generado, los usuarios podrán realizar transacciones dentro de ese período de tiempo. Si el usuario no utiliza el token dentro de las 12 horas, deberá generar uno nuevo para poder continuar utilizando la tarjeta digital. Esta medida de seguridad tiene como objetivo garantizar que las operaciones sean seguras y que solo el titular de la tarjeta pueda gestionar el saldo y las recargas desde su celular.

La nueva tarjeta SUBE digital, al igual que la física, no permitirá viajar con saldo negativo. Según explicaron desde Nación Servicios a LA NACION: “Podés tener 200 pesos de saldo, viajar por 300 y quedar en menos 100, pero el siguiente viaje no lo vas a poder realizar hasta que recargues y tengas saldo positivo nuevamente”. Históricamente, se permitía el saldo negativo para que los usuarios pudieran llegar a una estación de recarga, pero con la SUBE digital esto ya no será necesario. “No hay fricción para realizar una recarga, ya que se puede acreditar directamente desde el celular”, señalaron, subrayando la importancia de asegurarse de tener saldo positivo antes de iniciar el viaje.

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La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo rechazó la acusación sobre el boliche clandestino y condenó el «ataque» del Gobierno

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La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo rechazó la acusación sobre el funcionamiento de un boliche clandestino en sus instalaciones, en el barrio de Balvanera, y, al mismo tiempo condenó el «ataque» del Gobierno luego de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación.

La rectora Cristina Caamaño, en conjunto con el Consejo Superior, indicó a través de un comunicado que el inmueble al que hicieron referencia el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales, donde exhibieron imágenes del lugar, «no fue traspasado a la Universidad«.

«El inmueble nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde 2019», se expuso también en el mismo descargo que se ampara, de acuerdo a lo informado, en el «Acta de Traspaso del 15 de noviembre de 2023».

«Esta Universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sus cobrar sus salarios. Instamos al Poder Ejecutivo a cesar sus ataques y transferir los recursos presupuestarios, conforme a lo que dispuso la Justicia en la semana en curso», concluyó el mensaje.

El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, por su parte, también se involucró en el conflicto y tildó de «mentiroso» a Cúneo Libarona, desde la red social X, donde explicó que el inmueble en cuestión es propiedad del Estado Nacional, el cual, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cedió sus tres pisos. «La Universidad de las Madres dictó clases y cursos en un sector del segundo piso hasta 2021», aclaró.

Y, en la misma línea, el exfuncionario afín al kirchnerismo completó: «Las imágenes difundidas en los medios de comunicación por el actual gobierno corresponden a un espacio ubicado en el tercer piso del inmueble, en el que no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial».

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Además, anunció que el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal. «Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos», sentenció.

En tanto, el exsecretario de la carrera de Derecho de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, también utilizó la misma red social para desmentir al ministro de Justicia: «El 3er piso nunca estuvo en posesión de la Universidad. Esperamos la rectificación y la autocrítica», señaló.

Este jueves, Adorni y Cúneo Libarona difundieron imágenes del lugar denunciado que le adjudicaron a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. «En vez de lo que debe conformar un ámbito educativo como lo son aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botella de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche», subrayó el vocero en uno de sus descargos en X.

En paralelo, en la acusación presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación, se solicitó «de inmediato y con urgencia el allanamiento de todo el predio ubicado en la Avenida Rivadavia N°2749/ 89 y Avda. Pueyrredón N°19 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de corroborar su estado, ocupantes, destino de las diferentes dependencias y filmar y fotografiar todo lo actuado».

«A primera vista los hechos advertidos tendrían una adecuación típica en las figuras penales de malversación de caudales públicos (arts. 260 del Código Penal), sin que ello impida que, con el devenir de la investigación cuya instrucción aquí se solicita, los hechos resulten encuadrando en otras figuras penales más específicas (fraude a la Administración Pública -C.P., arts. 174 inc. 5-, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros)», indica la denuncia penal a la que accedió Clarín.

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El Gobierno denunció que encontró un boliche clandestino en un piso cedido a la Universidad de las Madres con fines educativos

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En el escrito, de 24 páginas, se destaca además que «se observó a lo largo de todo el inmueble un sinnúmero de carteleras y propaganda política de gobiernos anteriores –más precisamente, de tinte kirchneristas–. Un ámbito del Estado dedicado a la política».

«Se ha comprobado que el uso del inmueble ha implicado una alteración del destino autorizado, lo que ha derivado en una serie de obvios perjuicios tanto para la Administración Pública Nacional como para los ciudadanos que dependían del propósito inicial de la cesión», detalla.

Y añade: «La situación es tan ilegal, grosera y disparatada que no solo ha vulnerado el derecho del Estado de disponer de un bien público para cumplir con fines legítimos, sino que ha facilitado la creación de un espacio de uso personal, político y comercial sin ningún tipo de control ni justificación».

«De acuerdo con las circunstancias descritas, se configura la comisión de delitos y una clara violación de los principios de legalidad, eficiencia, y economía que deben regir la utilización de los bienes públicos», puntualiza la denuncia.

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