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POLITICA

El Gobierno reglamentó la esencialidad del transporte aerocomercial

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El Gobierno oficializó este lunes la reglamentación con los lineamientos del nuevo código aeronáutico por lo que se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos.

A través a través del decreto 825/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó las modificaciones del artículo 2° de la Ley N° 17.285, que califican a la aeronáutica civil aerocomercial como un servicio esencial”.

“Las demoras, cancelaciones o reprogramaciones en los vuelos provocan daños y perjuicios a los pasajeros, ocasionan un grave impacto económico asociado y generan pérdidas económicas considerables para todo el sector aeronáutico y la economía en general”, justificaron en los considerandos del decreto. Y agregaron que “la interrupción de los servicios aéreos provoca de manera directa la falta de conectividad de ciudades y provincias entre sí y con el exterior”.

Por estos, entre otros motivos, justificaron que “resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.

Así lo había anticipado la semana pasada el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El presidente @JMilei acaba de firmar la reglamentación del artículo 182 del DNU 70/23 con los lineamientos aplicables a la prestación del servicio esencial de aeronáutica civil comercial. Mañana daremos más detalles…”, escribió el funcionario.

Según precisaron fuentes oficiales a LA NACION, la reglamentación fue elaborada entre Sturzenegger y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Con esta decisión, el Gobierno busca limitar el accionar de los sindicatos.

“En esta reglamentación se garantizan los derechos laborales de los trabajadores, pero se persigue evitar la extorsión de los gremialistas. Por ejemplo, se asimilan a un paro las medidas de fuerza que interrumpen los servicios disfrazados de asambleas”, precisa el escrito. Y agrega: “La realización de asambleas de cualquier tipo en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada, ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos”.

La norma “prevé medidas para garantizar un nivel mínimo de actividad ante conflictos laborales que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades”, había precisado el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La reglamentación establece que la Secretaría de Trabajo será la autoridad de aplicación para garantizar el cumplimiento de la actividad civil aerocomercial como servicio esencial. “Va a prever la actuación de la Comisión de Garantías, un organismo tripartito que ya existe, para fijar las condiciones de los servicios mínimos que deberán cumplir las partes frente a un conflicto”, había explicado a LA NACION una fuente gubernamental.

Esto sucede en medio del conflicto aeronáutico que afectó a miles de pasajeros. La demandas de los trabajadores están centradas en obtener una recomposición paritaria acorde con la inflación que, según los gremialistas, generó un atraso del 72% en los sueldos desde noviembre del año pasado.

El paro de la semana pasada –la séptima medida de fuerza en menos de un mes– fue anunciado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y según los cálculos de Aerolíneas Argentinas impactará en cerca de 300 vuelos y podría afectar a entre 27.000 y 30.000 pasajeros.

Días atrás, el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, afirmó que luego de semanas de intensas negociaciones no tuvieron más opción que avanzar con las medidas de fuerza ante lo que consideran ofertas salariales insuficientes por parte de Aerolíneas. “No tenemos más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde a la inflación”, declaró Brey, quien destacó que los trabajadores ya habían intentado evitar el conflicto durante las semanas previas.

Según pudo saber LA NACIÓN, instrumentar la esencialidad no será una tarea sencilla y demorará más tiempo de lo que suponen en el Gobierno y anhelan los usuarios de Aerolíneas Argentinas.

Tras oficializarse el decreto, la Secretaría de Trabajo debería convocar a una comisión de garantías para acordar la instrumentación de la medida. La comisión estaría integrada por dos representantes de la compañía (en este caso, Aerolíneas Argentinas), dos representantes sindicales y dos académicos vinculados al derecho laboral.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya definió que el experimentado abogado Guillermo Comadira presida la comisión en caso de conformarse. De no alcanzar un acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo podría intervenir de manera directa.

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El goce inmoral a costa del sufrimiento ajeno

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La conducción de la violencia siempre tuvo el mismo instrumento, la antes y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre al servicio de cualquier plan de concentración de la riqueza y exclusión social, contracaras del saqueo de la Argentina. El presidente podría ser Mauricio Macri o Javier Milei, lo que no variaba era la concepción del “cambio”: un país para pocos, y un festival para especuladores, capitales extranjeros y empresarios top argentinos.

Pero en nuestro presente la violencia desencajada contra los jubilados tiene un adicional del que careció en el pasado: el goce perverso a costa de los perjudicados. El asado ofrecido por Javier Milei a los diputados que se prestaron a ser instrumentos de la confirmación del veto presidencial tuvo como telón de fondo las protestas de los afectados que se acercaron a la Quinta de Olivos. Si ya la anulación de una mejora que apenas les permitía acceder a 2 kilos de carne por mes es cuestionable, la celebración fastuosa del maltrato coloca al gobierno actual y a sus aliados en el lugar que les corresponde: el éxtasis que les provoca condenar a la muerte por inanición y falta de acceso a la medicación a los más ancianos. No es una novedad, ya que tanto Milei como la canciller Diana Mondino habían afirmado que “los jubilados ya habían vivido bastante”.

El problema es que buena parte de las víctimas fueron seducidas por la manipulación a la que los medios hegemónicos sometieron a la población durante la campaña electoral, y también al discurso de autoconvencimiento de que Milei “no iba a hacer” lo que anunciaba. Su inocencia y credulidad, así como la de la mayoría de quienes convalidaron su llegada a la presidencia, hoy la estamos pagando todos.

Aunque parezca no darse cuenta, el gobierno está en problemas, y muy serios, en su relación con la sociedad. En los últimos días la encuesta de Zuban Córdoba demostró que el 70 por ciento de los argentinos cree que el presidente es un mentiroso serial. Tras el veto a jubilados y el anuncio de la aplicación de otro similar a la ley de Financiamiento Universitario su imagen, que ya venía en caída, perdió 10 puntos adicionales. El factor “esperanza” que sostenía su valoración positiva en la sociedad implosionó: la gran mayoría de los argentinos sólo espera sangre, sudor y lágrimas para su futuro. 

Consciente de las señales de declinación sobre las que advertían los encuestadores, Santiago Caputo apeló a lo que en el pasado le había resultado exitoso: organizó una cadena nacional, teniendo en cuenta que esta herramienta le había aportado más de 50 puntos de audiencia en los canales de aire a principios de marzo, en oportunidad de la apertura de sesiones. Nunca un presidente había presentado el presupuesto antes, y la jugada resultó nefasta: en medio de la bronca social acumulada, los canales de aire cayeron del un encendido previo de 15 puntos a sólo 3,8. En youtube, X y otras redes sociales, el apagón fue aún más pronunciado.

Inmediatamente los pases de factura internos afloraron de manera descontrolada, en una interna que siempre pone a La Libertad Avanza al borde de la ruptura. Santiago Caputo y Karina Milei fueron los apuntados, por lo que el líder de los Peaky Blinders recurrió a difundir una foto de ambos, acompañados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había sido hospitalizado la semana previa a consecuencia de su disputa con el Mago del Kremlin, dejando en claro que, si termina cayendo, tratará de arrastrar a todo el gobierno consigo.   

Pero el Santiago Caputo que apareció en la foto ya no era el atildado joven del pasado. Desalineado, sin afeitar, excedido de peso y con surcos en su cara que demuestran las consecuencias que impone la gestión pública protagónica, no era sino una sombra de lo que supo ser. Y, en  lugar de llamarse a silencio, intentó recomponerse insistiendo en el asado de reconocimiento a los “héroes”, cuyo único mérito consistió en hambrear sin pudor a los argentinos de la tercera edad.

Por cierto que tanto en el caso de la cadena nacional como en el del asado, los destinatarios no eran los jubilados; ni siquiera el pueblo argentino; sino los mercados y los acreedores externos a quienes se pretendía dirigir dos mensajes concatenados: el primero, que la administración argentina subordinaría todas sus políticas al pago de las obligaciones externas; el del asado, para demostrar que esa determinación no tendría costo político ni afectaría la gobernanza, al planificar la asistencia de los 87 diputados que habían apoyado el veto y que, al superar los dos tercios, eliminaban cualquier posibilidad de un juicio político que pusiera término a las actuales políticas de saqueo.

Para desgracia de Milei y de Santiago Caputo, el asado no fue una revancha, sino un nuevo tropiezo para la gestión, ya que no sólo la decisión de organizar un asado de elite ante la mirada de los hambrientos fue pésimamente valorada, incluso por los medios y operadores políticos más cercanos al gobierno, sino que Mauricio Macri, rápido de reflejos, ensayó una zancadilla letal al ordenar a diecisiete legisladores que no aparecieran por Olivos. De este modo, el tercio que garantizaría el blindaje ante un eventual juicio político no consiguió sumarse, por lo que el gobierno quedó expuesto en toda su fragilidad ante los acreedores e inversores externos y también frente al pueblo argentino.

Las decisiones oficiales de los últimos días confirman el escaso profesionalismo y experticia que caracteriza a la gestión Milei. A esta altura sus votantes tienen en claro que el ajuste no lo pagará la casta, sino la mayoría de los compatriotas, sobre todo quienes se encuentran en situación más precaria. Además, la comida compartida o la asistencia al evento del Congreso Nacional muestran a un Milei celebrando la compañía de las “ratas” que venía denunciando. Más casta no se consigue: el presidente va quedando cada vez más identificado por el juicio popular como miembro de aquello que prometió destruir.

Por si fuera poco, en coincidencia con el fracaso de la cadena nacional y en la previa del asado de Olivos, todos los medios de comunicación -tanto los que lo acompañaban como los que se oponían- se dedicaron a mostrar las imágenes de trabajadores precarizados y en blanco saltando molinetes o caminando por las vías férreas para evitar el pago de los brutales incrementos de tarifas de transportes y el fin del boleto asociado, ante la imposibilidad de afrontar esos costos para acceder a sus empleos que les proveen de remuneraciones miserables. Las víctimas de la perversidad de Milei ya no son sólo los jubilados o los universitarios, sino también los trabajadores y los jóvenes, aquellos entre los cuales concentró mayor cantidad de voluntades. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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