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POLITICA

Alertan sobre el ciberacoso a mujeres periodistas que restringe la libertad de expresión

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Los ataques a mujeres periodistas en la red social X (exTwitter) restringen la libertad de expresión y están aumentando en la Argentina, potenciadas por el presidente Javier Milei y el aparato de comunicación del gobierno nacional.

Lo dijo Periodistas Argentinas, en la presentación de su informe «Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura», en la Facultad de Derecho (UBA).

«El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas», afirmó Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas, al inicio de la lectura del informe. Y agregó: «Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia».

La entidad presentó 16 casos de periodistas que sufrieron ciberacoso: Marina Abiuso, Cecilia Boufflet, Jesica Bossi, Mónica Gutiérrez, Luisa Corradini, Silvia Mercado, Luciana Peker, Ivy Cángaro, Nancy Pazos, Sofía Diamante, María O’Donnell, Romina Manguel, Angela Lerena, Julia Mengolini, Delfina Celichini y Paula Moreno.

«En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva», sostuvo en su informe Periodistas Argentinas.

Los casos principales

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia en la Justicia contra Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en los tribunales de la ciudad e Buenos Aires, por el hostigamiento digital al que sometió a la entidad, a su presidenta Paula Moreno y a otros de sus integrantes, a partir de la difusión de información falsa y una campaña dirigida a socavar el prestigio de la entidad.

Los ataques de Gordo Dan contra FOPEA y Paula Moreno fueron potenciados por Milei y personas vinculadas al área de comunicación del gobierno, como Juan Carreira, director de Comunicación Digital (alias Juan Doe en la red X).

No ocupa ningún cargo en el Gobierno. Pero la presencia de Parisini es importante entre los funcionarios: asistió al Congreso en la asunción presidencial y estuvo en la asunción de los nuevos jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Luego de la denuncia de FOPEA, no fue invitado a la presentación del Presupuesto en el Congreso.

Otro de los tuiteros libertarios que fue denunciado por el hostigamiento a periodistas fue Manuel Jorge Gorostiaga, alias Danann, en la red social X. La periodista Marina Abiuso logró que se le aplique una probation, por la cual debe realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género.

Además, la Justicia le exigió a Danann que baje el contenido relacionado con Abiuso en sus redes sociales y dictó una prohibición de acercamiento o contacto, incluso a través de terceras personas.

«Acá hay un estudio sistematizado, con pautas de comportamiento, donde emerge la coordinación entre la comunicación oficial y la paraestatal en el uso de redes, con el objetivo de estigmatizar, desacreditar y eventualmente silenciar voces de periodistas con opinión propia», aseguró María O’Donnell, en diálogo con los periodistas en la presentación del informe en la UBA.

Su caso también figura en el informe de Periodistas Argentinas, donde se describen los ataques coordinados que recibió en reiteradas oportunidades y que se potenciaron porque Milei generaba o compartía esos mensajes de hostigamiento.

«Un día tuve 11 tuits de Milei, sobre un hecho irrelevante. A pesar de que el Presidente dice que quiere participar en el debate, lo que ocurre es una descalificación con insultos, una especie de señal que abre el camino para otros actos de hostigamiento, y se potencian mutuamente», dijo O’Donnnell.

Los ataques que recibieron las periodistas tuvieron consecuencias en sus actividades cotidianas y en su tarea profesional, además de restringir su libertad de expresión.

Marina Abiuso llegó a tener un botón antipánico y terminó renunciando a los noticieros de TN y El Trece (canales del Grupo Clarín). A Nancy Pazos luego de los ataques le hackearon su cuenta verificada en X y todavía no la pudo recuperar.

Ivy Cángaro recibió amenazas de muerte y publicaron sus datos personales. La Justicia le dio protección policial. «Señaló como responsable de los ataques coordinados a Fernando Cerimedo, operador digital de La Libertad Avanza», planteó el informe de Periodistas Argentinas.

Silvia Mercado tuvo bloqueado su acceso como periodista acreditada en Casa Rosada, hasta que presentó una denuncia ante la Justicia. En el caso de Ángela Lerena, la campaña de desprestigio provocó la caída de contratos publicitarios, «empleadores que le pidieron no hablar de ciertos temas», además de afectarla emocionalmente.

Periodistas Argentinas reclamó que el Estado «prohiba financiar este tipo de agresiones para influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas».

También que «refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente». Y que «imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos».

Además, la entidad les pidió a los medios de comunicación que «asuman la amenaza del ciberacoso y la prevengan. El ataque no lo debe enfrentar la o el periodista en forma individual, debe considerarse un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, deben asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir».

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Revés judicial para una maniobra del condenado exgobernador Urrribarri y su abogado Burlando

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Condenado por corrupción, el exembajador ante Israel y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri recibió un nuevo revés en la Justicia. Con su abogado Fernando Burlando habían planteado en los tribunales federales de Comodoro Py que en su provincia funcionaba una “mesa judicial” para perjudicarlo y acusarlo en causas penales, pero la jueza federal María Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la justicia local entrerriana.

La estrategia es conocida y fue usada en otras causas en el pasado: abrir un expediente paralelo, de preferencia en otra jurisdicción, para desde allí conseguir la nulidad del expediente principal. Pero en esta ocasión no funcionó.

Urribarri fue contra la Procuración de la provincia y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como contra la exfiscal Cecilia Goyeneche y el periodista Daniel Enz, que viene publicando desde hace décadas investigaciones que sacaron a la luz actos de corrupción del exgobernador.

La jueza Servini pidió informes a la justicia de la provincia sobre las causas contra el exgobernador, mientras el fiscal Carlos Stornelli postuló la incompetencia de la justicia federal porteña para investigar el asunto. También pidió informes a Burlando sobre la actualización de las causas “URRIBARRI, Sergio y otros s/ peculado s/ recurso de queja” y “URRIBARRI, Sergio y otros s/ negociaciones incompatibles” del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná. Y si había recursos en la Corte Suprema de la Nación. Pero la querella nunca respondió.

Con esos datos, si bien los informes requeridos tuvieron respuesta parcial, Servini resolvió que “con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular, que no fuese, obvia e hipotéticamente, la Excma. Corte”.

Por eso, la jueza concluyó que “considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ningún otro acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal, declarar la incompetencia en razón de materia y territorio” en favor de la justicia entrerriana.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de cárcel. La sentencia lo había olbligado en su momento a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.

Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

Ahora Urribarri pelea porque la Corte revierta esta decisión. Su libertad está condicionada y puede perderla si es que el fallo queda firme la decisión de la Corte Suprema.

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