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POLITICA

ADEPA pidió atenuar el clima de confrontación y garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hizo un repaso de los «avances y retrocesos» de la libertad de prensa desde el regreso de la democracia. Y destacó la importancia de preservar el debate público.

«Desde ADEPA instamos a que el Gobierno nacional, los poderes locales y la clase dirigente en su conjunto asuman con conciencia democrática la urgencia de atenuar el clima de confrontación, garantizar la plena vigencia de las libertades de expresión y de prensa y aportar al fortalecimiento de un periodismo responsable y moderno como herramienta clave para defender la institucionalidad», planteó la entidad representativa de los medios de comunicación.

Lo hizo durante su 62ª Asamblea anual, en la ciudad de Posadas, Misiones, donde emitió su Informe semestral de Libertad de Prensa e Información.

«Desde el regreso de la democracia, la Argentina vivió períodos de avances y retrocesos de la libertad de prensa. Etapas de involución, como la que vivimos entre 2008 a 2015 –anticipada por algunos hechos de gravedad desde 2003– y momentos en los que se dieron pasos relevantes para ampliar o consolidar niveles de esa libertad que permitieron al periodismo desarrollarse con el vigor que requiere el ejercicio de sus funciones», aseveró ADEPA en su informe.

«‘El lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía’. Esto decía ADEPA en 2010. Corresponde reiterarlo hoy. La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático», sostuvo la entidad.

Y agregó: «Se contabiliza más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes. Si algún funcionario tiene indicios o pruebas de la comisión de delitos por parte del periodismo, o de cualquier ciudadano, está obligado a denunciarlo judicialmente e impulsar la correspondiente investigación».

«Para ADEPA, hay una clara asimetría entre un presidente y un periodista. Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística».

«Todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos. Pero está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano. Un cuestionamiento o una crítica no es una injuria. Suelen ser modalidades de un oficio, el periodístico, que debe fiscalizar al poder y exigir transparencia en la gestión de los intereses de todos».

La entidad señaló que también «resulta preocupante el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general. Estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de ‘máxima divulgación’ y establece excepciones de alcance limitado».

Lo dijo Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, durante la lectura del informe semestral sobre la situación del sector, titulado «La prensa, desde el regreso de la democracia», en el marco de la 62ª Asamblea de la entidad que agrupa a los medios argentinos.

Sociedades enredadas

«Vivimos en sociedades fragmentadas y polarizadas. Muchas de las democracias más desarrolladas del último medio siglo sufren un deterioro inédito de la calidad de la discusión pública, la vocación cívica y la salud institucional. Las redes generan el terreno fértil para la amplificación de discursos de odio, la circulación de noticias falsas y la ruptura de muchos de los consensos sobre los que se construyó la paz social. El ecosistema digital que permea nuestras vidas está contaminado con diatribas tóxicas, y el periodismo es una de las principales herramientas con las que cuenta la sociedad para oxigenarlo», aseveró ADEPA en su informe.

Y añadió: «Los líderes demagógicos, y también políticos con fuertes convicciones democráticas pero que no sopesan adecuadamente los perjuicios que generan las plataformas, suelen destacar supuestas virtudes de las redes en paralelo a una subestimación, o directamente a una descalificación, del papel del periodismo. Las redes sirven para evitar la intermediación incómoda de los periodistas; no se hacen allí preguntas difíciles, son permeables a las inyecciones anabolizantes que hipertrofian un tráfico inorgánico y generan la ilusión de una comunicación directa. También la falsa imagen de una supuesta autenticidad en la canalización de la ira y el resentimiento».

El informe fue aprobado por unanimidad por los asistentes. Allí la entidad planteó que «la vieja función de recabar y chequear información, contextualizarla, interpretarla y jerarquizarla para destacar lo sustancial sobre lo accesorio, así como proponer una agenda de temas que nutra el diálogo ciudadano, es hoy más necesaria que nunca en un mundo acelerado, irritado e impaciente».

«El periodismo no es un oficio ejercido exclusivamente por almas puras e infalibles. Como en todo oficio, hay virtudes y defectos distribuidos en diversas dosis entre quienes lo ejercen. Pero existen estándares éticos, una responsabilidad con consecuencias legales, la posibilidad de rebatir sus contenidos por todo aquel que detecte una inconsistencia, y una validación que se alcanza a través de criterios profesionales. La actividad del periodismo es proporcionar información útil para conocer y entender la realidad, y con base en ello tomar decisiones en el plano individual y colectivo. La traición a esa función usualmente deriva en el castigo del público con la elección de otras alternativas dentro de un espectro amplísimo de ofertas», señaló ADEPA.

«Para preservar su sustentabilidad, el periodismo requiere el respeto de la propiedad intelectual de los contenidos que genera. En países con economías y democracias desarrolladas, como Australia, Canadá o las naciones que integran la Unión Europea, existen legislaciones que garantizan los derechos de autor de los medios periodísticos y promueven, de ese modo, la vital función que estos ejercen en la vida de sus sociedades. Esas normativas impulsan acuerdos razonables entre las plataformas tecnológicas –que lucran con el uso de contenidos periodísticos– y los medios de comunicación».

ADEPA planteó que «en la Argentina existen acuerdos de esa naturaleza que constituyen antecedentes tan positivos como insuficientes, ya que están muy lejos de una compensación justa como la que deriva de los convenios alcanzados en los países citados o del marco regulatorio impulsado por gobiernos conscientes del rol estratégico del periodismo en toda democracia. Al mismo tiempo hay empresas tecnológicas globales que vulneran de manera sistemática la propiedad intelectual de los medios periodísticos».

«Arthur G. Sulzberger, editor de The New York Times, publicó hace dos semanas un artículo en The Washington Post donde repasa la forma en que Víctor Orban desmanteló los medios de comunicación de su país. Muestra allí los sucesivos mecanismos de censura indirecta que el primer ministro húngaro aplicó, desmontando de ese modo los contrapesos democráticos. ‘Con la prensa debilitada, pudo guardar secretos, reescribir la realidad, socavar a sus rivales políticos, actuar con impunidad y, en última instancia, consolidar un poder sin controles, empeorando la situación de su nación y de su gente’, plantea Sulzberger. Ese es el libreto que se repite en todas las democracias del mundo en proceso de erosión», alertó ADEPA en su informe sobre Libertad de Prensa.

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POLITICA

Afganistán, entre el extremismo talibán y la amenaza terrorista

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Las impactantes imágenes de hombres, mujeres y niños corriendo desesperados tras los aviones que despegaban quedaron grabadas en nuestra memoria. Estas escenas representaron la angustia de un pueblo que enfrentaba el regreso de un régimen conocido por su brutalidad. Hoy, tres años después, la situación en Afganistán sigue siendo objeto de preocupación global.

La nueva etapa de la geopolítica afgana comenzó en agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el control del país tras la salida de las tropas extranjeras, poniendo fin a dos décadas de intervención militar. Este evento marcó el regreso de un régimen que ya había gobernado entre 1996 y 2001, un período caracterizado por una estricta interpretación de la ley islámica, la represión de derechos fundamentales -especialmente los de las mujeres-y la brutalidad contra las minorías. En ese entonces, Afganistán se aisló internacionalmente y se convirtió en refugio de grupos terroristas como Al-Qaeda, lo que llevó a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ante este resurgimiento, surge una pregunta crítica: ¿Cómo afectará el regreso de los talibanes al equilibrio de poder en la región y en el mundo?


Un combatiente talibán monta guardia mientras unas mujeres esperan para recibir raciones de comida (Foto: Ebrahim Noroozi).

A pesar de las promesas iniciales de instaurar un gobierno más moderado, el régimen talibán ha generado preocupación en múltiples frentes. El futuro de los derechos humanos, particularmente los de las mujeres y las minorías, está en entredicho, mientras que la estabilidad política de Afganistán sigue siendo incierta. Además, existe el temor de que el país vuelva a convertirse en un refugio para grupos extremistas, lo que representa un riesgo no solo para sus vecinos, sino para la comunidad internacional en su conjunto.

Los talibanes lograron tomar Kabul sin enfrentar una resistencia significativa, consolidando su control mediante estrategias militares, sociales y religiosas. Han impuesto estrictas normas basadas en su interpretación de la sharia, restringiendo severamente las libertades civiles, especialmente las de las mujeres. Estas enfrentan limitaciones en la educación, el trabajo y la vida pública. Los talibanes también han reafirmado su compromiso con el islamismo conservador, utilizando a líderes religiosos locales para mantener un control ideológico sobre la población.

No obstante, comparado con su primer gobierno, los talibanes han intentado proyectar una imagen moderada a nivel internacional, prometiendo respetar ciertos derechos «dentro de los marcos de la ley islámica» y asegurando a sus vecinos que Afganistán no será una amenaza. Sin embargo, estas promesas han sido en gran parte simbólicas. La comunidad internacional se enfrenta al dilema de si comprometerse con este nuevo régimen o aislarlo, en un contexto donde la estabilidad del país sigue siendo precaria.

Uno de los mayores temores tras el regreso de los talibanes es que Afganistán vuelva a ser refugio de organizaciones terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico (ISIS). Aunque los talibanes han asegurado que no permitirán que su territorio sea utilizado para ataques internacionales, su historial plantea serias dudas. Al-Qaeda ha mantenido relaciones cercanas con los talibanes, y el asesinato de su líder, Ayman al-Zawahiri, en Kabul en 2022, reforzó las inquietudes sobre el cumplimiento de sus promesas. A pesar de sus esfuerzos por combatir a ISIS-Khorasan, este grupo sigue siendo una amenaza activa en la región.


Con el regreso del régimen talibán, se teme lo peor (Foto: AFP).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la misión en Afganistán nunca fue construir una nación, sino combatir el terrorismo, y que el pueblo afgano debía decidir su propio futuro. Sin embargo, esta retirada ha tenido consecuencias desastrosas para la política exterior estadounidense. Por su parte, Arian Sharifi, profesor en la Universidad de Princeton y exfuncionario del gobierno afgano, señaló que cuando exista un sistema legítimo y estable, el mundo lo reconocerá, y que los talibanes deben aceptar los derechos fundamentales de los ciudadanos afganos para garantizar la estabilidad interna y el reconocimiento internacional. Sin embargo, la aceptación de los derechos fundamentales por parte de los talibanes parece estar lejos de ser una realidad inmediata.

El regreso de los talibanes representa un desafío inmenso, no solo para la sociedad afgana que vivía bajo un marco diferente, sino para toda la región y el mundo. La crisis en Afganistán abarca múltiples dimensiones, desde la emergencia humanitaria, donde 23 millones de personas dependen de la ayuda internacional, hasta la falta de reconocimiento diplomático del gobierno talibán. Aunque países como China y Pakistán han establecido relaciones de facto con el régimen, la incertidumbre sobre su futuro y el de su población sigue siendo profunda. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Estados Unidos, ISIS, China, Joe Biden, Afganistán, Kabul, Pakistán, Anderson N. Riverol, Estado Islámico, Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, Arian Sharifi

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