Los estudiantes de las Facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la UBA decidieron este lunes por la noche tomar las sedes de ambos establecimientos para manifestar su rechazo al veto de la ley de financiamiento de las universidades firmado por Javier Milei.

La medida adoptada en asamblea se extenderá hasta el miércoles, cuando el Congreso trate en sesión especial la decisión que el Presidente oficializó el pasado jueves, en el último día de plazo que tenía para hacerlo y en la jornada posterior a la masiva marcha de estudiantes.

“Informamos a la comunidad que, a partir de lo resuelto en la multitudinaria asamblea estudiantil del día de hoy, la Facultad se encuentra tomada por les estudiantes con motivo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario”, informó la cuenta oficial de X de la Facultad de Filosofía y Letras, minutos antes de la medianoche de este lunes.

Y agregó: “La preocupante situación de las Universidades Nacionales nos reafirma en nuestra exigencia a los diputados y diputadas: la ratificación de dicha Ley en el Congreso de la Nación, en la sesión del próximo miércoles 9 de octubre”.

“Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras permaneceremos atentas al cuidado del patrimonio de la sede Puan y al resguardo de les docentes, no docentes y estudiantes”, agregó.

También se aclaró que este martes se realizarán clases públicas abiertas y que “se garantizará que aquellas materias que necesiten dictarse en espacios específicos puedan acceder a un aula”.

Por su parte, la consejera de esa Facultad, Tatiana Fernández Martí, adelantó que los estudiantes preparan “una gran movilización el miércoles al Congreso para tirar abajo el veto”. También informó que la Facultad de Veterinaria estaba tomada, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

En paralelo, Flor Seminara, secretaria general de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), confirmó la toma de la Facultad de Psicología de la UBA “de cara a la sesión del miércoles en el Congreso de la Nación por el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Diputados: los estudiantes los estamos mirando, este miércoles defiendan la educación pública”, advirtió.

El 12 de septiembre, la Cámara Alta aprobó la ley de financiamiento universitario con apoyo de senadores kirchneristas, de la UCR, los bloques federales y los senadores del PRO Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Mientras que los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

Milei había advertido que el proyecto no tenía futuro y que lo vetaría, ya que afectaría el equilibrio fiscal. Finalmente, cristalizó esa resolución el jueves 3 de octubre, luego de una marcha por la educación universitaria contra el Gobierno.

Allí, los estudiantes realizaron un pedido rotundo hacia los diputados y senadores nacionales para que este miércoles, en sesión especial, sostengan la norma aprobada el mes pasado y así lograr los dos tercios en ambas cámaras que contrarresten la decisión de Milei.

La ley sancionada establece una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

Además, se propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En primer lugar, el decreto 879/2024 que dispuso el veto presidencial consideró que «el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».

La normativa remarcó que «la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000» y que «atento las particularidades e impacto de mejoras salariales de instrumentación retroactiva, estas se tornarían en un precedente de inevitable réplica generalizada imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”.

El veto es la facultad que tiene el presidente de la Nación para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso impidiendo así su entrada en vigencia .

La iniciativa ahora volverá al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas Cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del Presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.