POLITICA
Conflictos y maltratos en la embajada argentina en España bajo la gestión de Roberto Bosch
La gestión de la embajada aArgentina en España, dirigida por Roberto Bosch Estévez, se ha visto envuelta en una serie de controversias que involucran conflictos laborales, maltratos y manejos poco transparentes. Estas tensiones han derivado en demandas y renuncias de personal clave, tanto en la residencia oficial del embajador como en la embajada misma.
Maltratos en la Residencia Oficial
Una de las principales fuentes de conflicto ha sido la residencia oficial donde vive el embajador junto a su esposa, señalada por el personal como responsable de un ambiente laboral hostil.
– Salida de Sonia: Sonia Santos Guerrero, cocinera de la residencia desde 2015 y con experiencia bajo varios embajadores sin inconvenientes, decidió renunciar tras sufrir maltratos constantes desde la llegada de la familia Bosch.
– Demanda de Carmen: La encargada de la limpieza, conocida como Carminia, trabajó más de veinte años en la embajada sin problemas, hasta que, debido a los conflictos con la pareja Bosch, se vio obligada a dejar su puesto. Esto ha desatado una demanda que podría costar a Argentina 100 mil euros en multas y costos sociales no abonados, ya que ella trabajaba bajo la figura de «falso autónomo», muy castigada por la legislación española. Carmen estaba cerca de su jubilación y una negociación hubiera resultado más económica para el país, pero la intransigencia de Bosch impidió llegar a un acuerdo.
– Renuncia de SEPROSER: La empresa de servicios y limpieza SEPROSER, que proveía personal a la residencia del embajador, rompió su contrato tras cambiar a ocho empleadas en solo cinco meses debido a los maltratos. La situación escaló hasta el punto en que las empleadas pedían ser reasignadas a otros destinos, lo que llevó a la empresa a preferir perder al cliente antes que continuar soportando los abusos.
El pacto con Carlos Bettini
Carlos Bettini, ex embajador argentino en España durante doce años y de estrechos lazos con el kirchnerismo, fue reincorporado en 2022 como asesor de la embajada bajo la gestión de Ricardo Alfonsín. A pesar de ocupar un puesto administrativo como empleado local, Bosch y Bettini acordaron su salida en un almuerzo en el restaurante Narciso en el barrio de Salamanca. El pacto habría consistido en mantener a Bettini cobrando su salario durante tres meses sin asistir, para evitar pagar su indemnización, a cambio de garantizar la continuidad de su círculo de confianza en la embajada, incluyendo figuras como Angie Vaca Narvaja y Alejandra de Vicenti, militantes del kirchnerismo en Madrid.
Exceso de personal en la embajada
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, la embajada lejos de reducir su dotación de personal, la ha incrementado. Actualmente cuenta con treinta y tres empleados locales, muchos de ellos contratados por sus conexiones políticas. La última incorporación fue Tatiana Aguilar Mateo, militante kirchnerista, contratada como secretaria personal del embajador con un sueldo de 3 mil euros mensuales, a pesar de que Bosch ya contaba con otra secretaria privada. Además, varios miembros del personal son herencia de gestiones anteriores, como Alcira Iriñiz, quien mantiene vínculos con periodistas que Bosch utilizaría para operaciones mediáticas contra Milei.
Las operaciones de prensa de Bosh
El embajador Bosch ha sido criticado por sus manejos mediáticos y por poner en peligro la relación entre Argentina y España. En una entrevista con La Nación en abril de 2024, Bosch sugirió que el viaje de Milei a España para reunirse con Vox “no era la ocasión” para un encuentro con Pedro Sánchez, lo que fue interpretado como una maniobra para sabotear el viaje presidencial. Además, Bosch minimizó el interés de empresarios españoles en invertir en Argentina bajo el gobierno de Milei, equiparándolo con la falta de inversiones durante el kirchnerismo.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (EFE/Fernando Villar).
Meses después, durante la visita de Milei a España en mayo de 2024, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) criticó duramente al presidente argentino tras una reunión convocada por la embajada. Esta reunión se organizó en un edificio propiedad del estado español, y varios empresarios, influidos por el gobierno de Pedro Sánchez, expresaron su descontento con Milei, lo que generó un conflicto diplomático que pudo haber sido evitado.
La gestión de Roberto Bosch en la embajada argentina en España ha estado marcada por conflictos internos, maltratos laborales, y una serie de operaciones mediáticas que han perjudicado la imagen del gobierno argentino y sus relaciones internacionales. Las tensiones internas y los manejos cuestionables continúan generando costos económicos y políticos para Argentina, mientras que el embajador parece más enfocado en proteger sus propios intereses y los de sus aliados políticos. (www.REALPOLITIK.com.ar)
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
Ricardo Alfonsín, Pedro Sánchez, España, Embajada Argentina en España, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, Javier Milei, Sonia Santos Guerrero, Carlos Bettini, Angie Vaca Narvaja, Alejandra de Vicenti, Tatiana Aguilar Mateo, Alcira Iriñiz, CEOE, Roberto Bosch Estévez
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POLITICA
El Gobierno eliminó una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones
El Gobierno modificó el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental publicado en diciembre del año pasado, pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández. A través de una resolución de las autoridades sanitarias, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial –que pasará a tener un rol consultivo– para agilizar esos trámites, de acuerdo con el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.
“La resolución precedente (4107/23) provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones, ya que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos”, señalaron desde el Ministerio de Salud. “Esta situación –continuaron– no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por lo tanto, la modificación obedece no solo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 [de la ley de salud mental], sino a efectivizar el procedimiento de forma eficiente y expeditiva”.
Por ese artículo de la legislación sancionada por el Congreso en 2010, la cartera sanitaria, como autoridad de aplicación, es responsable de fijar “en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones” los requisitos de habilitación y fiscalización de los servicios de atención de salud mental en el sector público, privado y las obras sociales.
Para el Gobierno, la Resolución 6155/2024 también adapta ahora esas tareas a la simplificación de procesos en el Estado prevista en la Ley Bases. “Adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos [por los lugares de atención especializada] a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente”, plantean en Salud. Y consideran, a la vez, que “fortalece la red de servicios” al crear “los dispositivos comunitarios necesarios”. La definición de esos servicios incluye la atención de las adicciones y a los equipos interdisciplinarios “para la continuidad de cuidados y la externación sustentable”.
Este conjunto de “normas mínimas” para la habilitación y el control de los establecimientos y los servicios de salud mental y consumos rige para los lugares de atención ambulatoria (consultorios o gabinetes, centros, hospitales de día con/sin internación o comunitarios, emprendimientos de inclusión sociolaboral y servicios de atención domiciliaria), dispositivos residenciales (con apoyo bajo, moderado o alto y estancia transitoria o prolongada) y lugares con internación (servicios de salud mental en hospitales, clínicas o sanatorios).
Dictamen consultivo
De acuerdo con la resolución de diciembre del año pasado firmada por la exministra Carla Vizzotti, el trámite de habilitación empezaba –como en la nueva resolución– con la solicitud de habilitación del administrador de la institución, centro o servicio vía la plataforma online de trámites a distancia oficial.
Pero si bien la autorización para funcionar también la tramitaba la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dentro del Ministerio de Salud, la evaluación inicial de las solicitudes debía ser “en conjunto” con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Ahora, de acuerdo con los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, esa intervención deja de ser vinculante y pasa a ser consultiva cuando así sea requerida.
Esa comisión permanente de trabajo se formó por una resolución de 2022 con tres representantes designados por Salud y otros tres por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Quedaban exceptuados de su intervención solo los consultorios de salud mental, en cuya habilitación participaba únicamente la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.
Con la modificación publicada hoy, sus miembros intervendrán “en caso de que existan incongruencias con los estándares fijados” en un anexo de la resolución y a requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos para “asistencia técnica, colaboración e intervención”.
En esos casos, una vez finalizada la inspección del lugar a habilitar, la comisión tendrá que emitir opinión “sobre el cumplimiento de los estándares normados” en 30 días hábiles para la administración pública a contar desde la llegada del expediente. Cumplido ese plazo sin esa opinión, regirá el silencio de la administración como en el resto de los procedimientos administrativos del Estado nacional.
Lo mismo se aplica para la fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos, como lo define la nueva resolución, que reemplaza a la 4107 de diciembre del año pasado.
Antes, ese dictamen pasaba a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos para remitir el expediente de nuevo a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras para continuar el trámite de habilitación.
“Esta nueva normativa promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, lo que hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos”, argumentan en el ministerio a cargo de Mario Lugones.
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