Con sugestivos cambios de votos sobre la hora, la ayuda de gobernadores dialoguistas y ausencias clave de algunos legisladores, el Gobierno consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. La norma -que necesitaba dos tercios para ser ratificada- obtuvo 160 votos a favor, 84 en contra y hubo 5 abstenciones.

Sobre el filo del inicio de la sesión empezaron a develarse algunos votos clave de legisladores que responden a gobernadores hasta la noche anterior evitaban dar a conocer su postura. También empezaron a sumarse ausencias no calculadas que terminaron resultando decisivas, porque para blindar el veto el oficialismo necesitaba garantizarse un tercio sobre los presentes. A menos presentes, más fácil llegar al número.

Después de jugar al misterio, los tres tucumanos que responden al gobernador peronista Osvaldo Jaldo finalmente votaron a favor del veto, y se mantuvieron aliados al Gobierno como vienen haciendo desde principio de año, cuando se desprendieron del bloque del kirchnerismo. Ya habían votado en contra de la ley cuando el texto se debatió por primera vez en agosto.

En cambio, las dos sanjuaninas del bloque Producción y Trabajo ligadas al gobernador Marcelo Orrego -alidadas del oficialismo- esta vez se rebelaron y rechazaron el veto. «Es por convicción», confiaron en su entorno. Una de las diputadas da clases en la Universidad y la otra hizo toda su campaña defendiendo la educación pública y su eje principal es el educativo. En agosto, ambas se habían ausentado de la votación.

Los cuatro misioneros alineados con el gobernador Hugo Passalacqua cambiaron su voto. En agosto habían votado a favor de la Universidad y ahora se abstuvieron. Aunque uno de ellos había dado a entender que votaría en contra del veto y sus compañeros dijeron que se había «cortado» solo, se terminaron abroquelando todos en la abstención, que también benefició al Gobierno porque en el cálculo para alcanzar la mayoría especial cuentan como ausentes.

Como adelantó Clarín, de los cinco radicales que ya habían cambiado su voto cuando se trató el veto a la ley de jubilaciones, hubo cuatro que votaron junto al gobierno. Se trata de Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol y Federico Tournier. En la primera oportunidad en que se discutió la ley, Arjol y Tournier habían votado a favor de la ley, mientras que Picat y Campero se habían ausentado.

El quinto «radical peluca», Pablo Cervi -que también había votado a favor de la ley universitaria en agosto- ahora se abstuvo.

A su vez, la cantidad de ausencias no calculadas creció notablemente.

Había cuatro ausentes por motivos de fuerza mayor que estaban avisados con tiempo: Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Fernando Carbajal (UCR), Oscar Zago (MID) y Héctor Stefani (PRO). Pero como contó Clarín, en la noche del martes se sumó la cordobesa Alejandra Torres de EF, e iniciada la sesión se confirmó la ausencia del chubutense Jorge Avila, que responde al gobernador Ignacio Torres. Según indicaron en su entorno faltó por un problema de salud. Pero si iba a votar a favor de la ley de Financiamiento Universitario.

En Unión por la Patria la ausente fue la catamarqueña Fernanda Avila, que responde al gobernador Raúl Jalil. Los otros tres peronistas de esa provincia estuvieron presentes y votaron.

«¿Si el resto del sector público perdió un 50 % con la inflación por qué la comunidad universitaria perdió un 68 %?. Esconde esta decisión de desfinanciamiento una voluntad política de entender que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito», apuntó Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada de la UCR, autora del proyecto.

Y desmintió que no haya una previsión de gastos para la propuesta. «El presupuesto que prorrogaron en el artículo 130 prevé que el 1,33 % del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la educación del equilibrio fiscal, porque el 0,14 que prevé la oficina de presupuesto del Congreso equivale el 10 % del superávit primario. Es más, es tan rudimentariamente falso que los últimos acercamientos de propuestas que hace el Gobierno prácticamente emparda lo que dicen que quiebra las finanzas», sentenció en alusión al acuerdo del Gobierno con el PRO.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria denunció «aprietes» del Gobierno y de «algunos jefes políticos territoriales». Tras enumerar la caída en las transferencias nacionales a algunas provincias que van a acompañar al oficialismo, agregó: «¿Dónde está el negocio? No estamos discutiendo ni una rotonda y ni una ruta, sino el futuro de la argentino y algunos todavía están en la chiquita«.

Mientras que Miguel Angel Pichetto, titular de Encuentro Federal, lanzó fuertes críticas al Ejecutivo y le advirtió que «creen que ganan pero en realidad pierden». «Es un barco sin luces, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de cierto bienestar, una empresa de demolición. ¿Cuál es el plan?», planteó.

El PRO justificó su acompañamiento recordando que el gobierno cedió a lo que ellos pedían. «Celebramos que hayan aceptado el 6.8% retroactivo al mes de abril como la garantía salarial. Esto significa una suba a los ingresos de docentes y no docentes que menos ganan.A pesar de las demoras es un buen comienzo, y hay que definir en el marco del debate del presupuesto 2025 la prioridad que tiene este Congreso sobre las universidades, los docentes y la educación pública», apuntó Cristian Ritondo.

La ley de Financiamiento Universitario impone actualizar el presupuesto al inicio del ejercicio 2024, por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y actualizar cada dos meses por inflación, previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Además se encomienda al Gobierno a “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.

También indica que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” informada por el INDEC.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto tiene un impacto para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.