“Cuando se anuncia una medida tan drástica como el cierre de un hospital público, especialmente uno dedicado a un área tan deficitaria como la salud mental y los consumos problemáticos, es necesario rechazarla y alzar la voz en contra”, afirmó Grasso. Destacó la reacción de los trabajadores y usuarios del nosocomio, quienes junto con el campo de la salud mental en su conjunto, lograron revertir la decisión gubernamental.

El ex funcionario criticó al gobierno por desconocer las recomendaciones internacionales en materia de salud mental, así como la ley nacional. “Este es un gobierno que desconoce el funcionamiento de los sistemas de salud mental y tiene una mirada contraria a entender la salud como un derecho”, aseguró.

Además, Grasso se mostró escéptico sobre las intenciones del gobierno en relación con el hospital Bonaparte. “Parece que retroceden, pero después avanzan por otro camino”, dijo, en referencia a la falta de transparencia en las decisiones del ministerio de Salud. Señaló que se está desviando la atención al señalar problemas administrativos y de corrupción en el hospital, cuando el verdadero problema es la falta de políticas públicas adecuadas y de fortalecimiento de la salud mental.

En cuanto a la eficiencia que menciona el gobierno, Grasso fue claro: “La eficiencia en salud mental no se puede medir de la misma manera que en un consultorio externo de una especialidad clínica. Necesitamos dispositivos interdisciplinarios y comunitarios que atiendan a las personas en sus contextos, no una fábrica de hacer consultas”.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de un proceso de reforma para el hospital Bonaparte, alineado con la ley de salud mental, y no un simple ajuste administrativo. “El Bonaparte debe avanzar hacia un cambio de paradigma, desmanicomializando las internaciones y conectando a las personas con la comunidad. Es necesario reformar, no cerrar”, concluyó Grasso. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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