La investigación por la muerte de la estudiante Juanita Sirimarco Díaz (13) tras un viaje de egresados a Córdoba, sumó sus primeros elementos de prueba este jueves. El juez de Instrucción Ricardo Balor recibió la historia clínica del Hospital de Pediatría de Posadas y dispuso que la Policía, que instruye el sumario, le tome declaración a los directivos del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), donde la nena era abanderada.
La carpeta donde consta el estado en que ingresó la estudiante al centro asistencial y el tratamiento que recibió hasta su muerte, el sábado pasado, fue remitido en forma urgente al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para que emitan un informe donde, entre otras cosas, deberán determinar el tiempo de gestación de la sepsis que acabó con la vida de Juanita.
Por otra parte, la empresa Viaturex, organizadora del viaje, ya presentó la documentación vinculada a la contratación del servicio y también las intervenciones médicas que tuvieron los chicos durante su estadía en Córdoba.
Fuentes vinculadas a la causa dijeron que el juez Balor se enteró del hecho cuando escuchó en una radio de Posadas a Claudia Díaz, la mamá de Juanita. En forma inmediata dispuso el secuestro de la historia clínica y la apertura de una investigación de oficio para determinar si el caso encuadra en algún delito.
El miércoles se presentó ante el Juzgado de Instrucción 6 el abogado de la maestra del ICRA que acompañó al contingente. El defensor adelantó que la docente estaba dispuesta a declarar y dar detalles de lo sucedido durante el viaje de regreso, donde la nena tuvo un cuadro de vómitos, fiebre y diarrea.
Investigación por la muerte de Juanita. La Justicia pidió la historia clínica y citarán a declarar a los directivos del colegio de la nena que murió tras volver del viaje de egresados.
Según trascendió, desde el Juzgado le adelantaron que por ahora no será citada, hasta que el Cuerpo Médico Forense envíe su informe con las conclusiones. Es que la docente podría ser testigo o imputada en la causa.
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“Por ahora, en sede policial sólo van a declarar la directora y la vicedirectora del colegio. Una vez que vayamos sumando información a la causa se determinará si serán citadas y en qué caracter”, sostuvo una fuente vinculada a la investigación.
Para los investigadores es una complicación que la familia haya dispuesto la cremación del cuerpo de la nena. Eso impedirá que se pueda realizar la toma de muestras del cadáver para estudios complementarios.
En su viaje de egresados a Villa Carlos Paz, Juanita sufrió una lesión en la rodilla izquierda y fue atendida en forma ambulatoria en un centro asistencial privado contratado por la empresa de viajes. El 7 de octubre los chicos emprendieron el viaje de regreso a Posadas. Durante la madrugada, la nena comenzó con un cuadro de fiebre, vómitos y diarrea. Fue por eso que en un primer momento le suministraron Reliverán. La maestra que acompañaba al contingente se contactó con el médico de Córdoba y éste recomendó aplicarle dipirona, responsabilidad que recayó en una enfermera que formaba parte del grupo de viajeros.
Claudia Díaz, la mamá de Juanita, dijo que le pidió a la maestra que el colectivo desviara su recorrido y llevaran a la nena a un centro asistencial para que recibiera atención médica luego que la pequeña le dijera que ya no aguantaba el cuadro.
Para ese entonces, el grupo estaba a unos cien kilómetros de Posadas. Según Díaz, la docente consideró que la atención que podría recibir en el hospital de Virasoro no sería la adecuada y tomó la decisión de seguir viaje a la capital misionera.
Apenas arribó a Posadas, la nena fue llevada al Hospital de Pediatría “Doctor Fernando Barreyro” con un severo cuadro de deshidratación. Con el paso de las horas se complicó y la trasladaron a terapia intensiva, donde el sábado falleció a causa de un shock séptico, según el informe de los médicos.
El propietario de Viaturex, Mariano Soczyuk, deslindó responsabilidades de la firma. “Sentimos que no hicimos nada mal”, sostuvo. Y destacó que “todos los contingentes viajan con seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil y un servicio de asistencia médica durante el recorrido y la estadía”.
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Agregó que el día del retorno, Juanita abordó el colectivo sin síntomas de ningún tipo. Un día antes había recibido atención médica debido a que se había dislocado una rodilla en un tobogán de agua. “Tenemos videos de la nena subiendo sin ningún problema. Ese día a la noche cenó en San Francisco en la misma mesa que los docentes”, relató Soczyuk.
Por su parte, el colegio al que asistía aseguró que “el viaje recreativo a Villa Carlos Paz no fue organizado, avalado ni autorizado por nuestra institución”. En ese sentido, dejaron en claro que se trató de “una iniciativa exclusiva de un grupo de padres, quienes contrataron a la empresa Viaturex para su organización, sin la intervención ni el consentimiento del ICRA”.
Los ex alumnos del Colegio del Salvador continúan su lucha para pedir justicia luego de más de 22 años. Es que una sala de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró prescripta la causa que investigó la denuncia de 10 víctimas de abuso sexual, corrupción de menores y encubrimiento agravado.
Los hechos que fueron denunciados ocurrieron entre 1998 y 2003 y se cree que existieron al menos 40 abusos. Como principal autor de los aberrantes hechos fue señalado el cura Carlos Fretes, «acompañante espiritual» de chicos entre 10 y 12 años, quien murió en 2015.
Por tal razón, los querellantes apuntaron contra las principales autoridades de la institución y de la congregación religiosa Compañía de Jesús, a quienes los acusaron de partícipes necesarios y encubridores.
Los curas denunciados son Andrés Aguerre Herrera, actual rector de la Universidad Católica de Córdoba; Rafael Velasco, máxima autoridad de los jesuitas en Argentina y Uruguay; Álvaro Pacheco, quien será el reemplazante a fin de año de Velasco y Alfonso Gómez. En tanto, el ex vicerector es Ricardo Moscato.
En el fallo de nueve páginas, al que tuvo acceso Clarín, los jueces de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal definieron en una votación dividida que la causa quedó prescripta por la extinción del delito y su relación con la pena, que es de hasta 12 años de prisión.
No obstante, los jueces Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petite habilitaron a los denunciantes que puedan realizar un juicio por la verdad, que no posee consecuencias penales para los imputados.
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El abogado Pablo Mayer, quien representa a las diez víctimas denunciantes, confirmó a Clarín que ya fue presentado el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación para revocar el fallo de Casación.
Casación declaró en fallo dividido que la causa prescribió pero los denunciantes irán a la Corte. Foto Maxi Failla
En tanto, los cuatro curas denunciados y el ex vicerrector del colegio presentaron, por su parte, la apelación para que no se lleve adelante el proceso de la determinación de la verdad.
“Estamos muy esperanzados en que la Corte Suprema en breve va a disipar toda duda en torno a que los casos de abuso infantil no prescriben, conforme lo que viene sucediendo en el resto del mundo”, aseguró Mayer a Clarín.
La palabra de una de las víctimas
Gonzalo Elizondo (34) es uno de los primeros denunciantes. En 2022 contó que durante un retiro espiritual fue abusado sexualmente por el Hermano Jesuita César Fretes, quien era su tutor en sexto grado.
A partir del testimonio de Gonzalo y de Pablo Vío (34), fueron 40 los ex alumnos que se presentaron para realizar sus denuncias correspondientes. Todas apuntaban al cura fallecido, pero también a las autoridades del colegio.
Gonzalo Elizondo, uno de los primeros denunciantes.
La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) con el patrocinio de los abogados Pablo Mayer, César Mayer y Carlos Lombardi.
La Unidad de género comenzó a investigar, tomaron testimonios a las víctimas y testigos, un proceso largo porque fueron muchas declaraciones. Tomó meses, pero la información fue tanta que se judicializó el caso.
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“La Compañía de Jesús y el Colegio del Salvador continúan obstaculizando la investigación y que se esclarezcan los hechos ocurridos y las responsabilidades que les cabe a sus autoridades. La apelación que los mismos presentaron para que no se lleve adelante el juicio por la verdad muestra a las claras la voluntad de silenciar nuestro reclamo y a todos aquellos que buscamos echar luz sobre hechos tan dolorosos”, sustuvo en diálogo con Clarín.
Para Gonzalo, “son muchas las víctimas que, desde antes que nosotros, todavía están esperando una resolución de este tribunal para evitar la prescripción en este tipo de delitos y que los abusadores no sigan impunes”.
“Esperamos que el tiempo no siga demorando una respuesta que lleva años de tristeza y dolor acumulados. De nuestra parte, seguiremos luchando para que la justicia decida investigar y estos hechos no vuelvan a ocurrir”, concluyó.
Las denuncias
A comienzos de este año se conoció un comunicado del grupo de ex alumnos denunciantes en los que describieron los hechos de los que fueron víctimas.
«En julio del año 2022, víctimas de abuso sexual infantil por parte de César Fretes, quien fue hermano de la orden jesuita hasta el año 2007 y trabajó en el Colegio del Salvador entre 1995 y 2003, decidimos hacer público nuestro caso. No fue una decisión improvisada, sino consecuencia de un largo y doloroso proceso», relataron.
«A partir de este testimonio, supimos que más de 40 exalumnos sufrimos algún tipo de abuso por parte de César Fretes mientras asistíamos al Colegio del Salvador», continuaron y detallaron que las víctimas tenían entre 10 y 12 años cuando fueron abusadas. A la vez, subrayaron que en al menos dos oportunidades, la primera en 1998, las autoridades del Colegio fueron alertadas de lo que pasaban pero no hicieron nada.
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«Recién en el año 2003, ante nuevas denuncias, trasladaron a Fretes a la ciudad de Mendoza, pero lo hicieron bajo un hermetismo total. No alertaron ni a la comunidad educativa ni a las familias, no lo denunciaron ante la justicia y tampoco realizaron una investigación interna», dijeron.
«Al no poder hablarlo, durante décadas creímos que lo que le había pasado a cada uno de nosotros había sido un hecho aislado, y tuvimos que transitar el dolor de forma individual», expresaron.
Los denunciantes enviaron dos cartas al Papa Francisco, la última en octubre de 2022, pero no obtuvieron ninguna respuesta.
«El dolor por los hechos que sufrimos en el pasado siguen vigentes en el presente, por la falta de respuestas, porque hay quienes hablan de moral en nombre de la Iglesia cuando hicieron todo por ocultar estos hechos, porque César Fretes murió impune», cerraron.
La respuesta de la congregación
Al hacerse pública las denuncias, la Congregación «La Compañía de Jesús” aseguró a través de diversos comunicados que prestó colaboración con la justicia en toda la documentación que le fue solicitada.
«Por último, la Compañía de Jesús recordó que Cesar Fretes falleció en el año 2015 y que no era más religioso de la Compañía por haberlo dimitido mediante el decreto del 20 de junio de 2007, que le fuera anoticiado al fallecido ex religioso el día 22 de junio de aquel año. Asimismo, que la persona acusada de los hechos, y ya fallecido, fue separado de inmediato de sus funciones en el Colegio del Salvador al conocerse la primera denuncia hacia finales del año 2003. Lamentablemente, en aquellos años, la Ley vigente no facultaba a las autoridades educativas para denunciar ante delitos dependientes de instancia privada, aunque se dejó en libertad de hacerlo a los padres, quienes evidentemente optaron por no hacerlo por razones no comunicadas», aseguraron en ese momento.
Gonzalo Elizondo, uno de los primeros denunciantes.
DEPORTE2 días ago
