El Gobierno formalizó este viernes la anunciada disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), así como también la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con una «estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática».

Lo hizo a través del Decreto 953/2024 publicado en la última edición del Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei, del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El artículo 3° de esa normativa estableció que ARCA estará a cargo de un director ejecutivo que será designado por el Poder Ejecutivo nacional y tendrá un mandato de cuatro años, “pudiendo ser designado por sucesivos períodos, siendo requisito ineludible el previo cumplimiento del Plan de Gestión del mandato anterior”.

El siguiente punto, en tanto, indica que debajo de ese funcionario habrá un director general a cargo de la Dirección General Impositiva y otro al frente de la Dirección General de Aduanas. Luego, existirán “subdirectores generales cuyo número y competencia serán determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”.

Los directores generales podrán ser designados y removidos por el Poder Ejecutivo, mientras que idéntica tarea podrá asumir el máximo responsable de la ARCA en relación con los subdirectores generales y los titulares de las unidades de estructuras organizativas.

La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, quien liderará este proceso junto a Andrés Gerardo Vázquez y José Andrés Velis. Ambos serán titulares de las actuales Dirección General de Impuestos ( DGI) y Dirección General de Aduanas (DGA) respectivamente. Sus designaciones fueron confirmadas por intermedio del Decreto 954/2024 en el Boletín Oficial.

ARCA, dice el documento, “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional mencionados en el artículo 9° del presente decreto”.

Ese apartado fija que el titular del nuevo ente autárquico “deberá elevar al Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de sesenta días hábiles administrativos siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente, la propuesta de las normas referentes a las competencias, facultades, derechos y obligaciones y de la Estructura Orgánica y Funcional” de ARCA.

El miércoles, en un discurso que brindó en el evento del Foro Económico Mundial en Buenos Aires, que se realizó en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), Javier Milei se refirió a la ahora disuelta AFIP como «un organismo superpoblado utilizado para perseguir al sector privado” y apuntó contra la oposición al decir que hay «un sector que lo único que quiere es que nada cambie, protegiendo sus privilegios a costa de todos los argentinos”.

“Esa oposición carancho dijo que nos íbamos en enero, Semana Santa, junio y ahora no saben dónde meterse porque la motosierra sigue más prendida que nunca», desafió el Presidente.

Tras el anuncio de esta medida, los trabajadores de ese organismo iniciaron un plan de protestas en reclamo de los 3.000 puestos de trabajo, con apagones informáticos en la DGI y la Aduana durante el miércoles, jueves y viernes.

La comunicación oficial precisó que el cierre de AFIP «reducirá en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de $6,400 millones«.

Al mismo tiempo, el Gobierno adelantó que se desvincularán «3.155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante al ultimo gobierno kirchnerista«. Esto equivale al 15% de la dotación actual del organismo. «Este paso es imprescindible para desmantelar burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos», aseguró el Gobierno.

En julio, el Gobierno ya había avanzado con un plan de «achique» de la AFIP: mediante el decreto 559, implementó una fuerte reestructuración dentro del organismo con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo.

Con esa medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.

En ese momento ya se habían eliminado distintas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que generó una reducción organizacional sin afectar al personal.

Según detalló el vocero presidencial, como inicio de la gestión de la nueva ARCA, se eliminará la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, un ítem especial del salario de los empleados de AFIP, que permitía que por ejemplo el salario de la actual oficial del organismo, Florencia Misrahi, fuese de $32 millones al mes, mientras que el del resto de los ministros de la Nación ronde los $ 4 millones.

«Lo mismo ocurrirá con los salarios de los Directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA), que actualmente perciben 17 millones y cobrarán un sueldo equiparable al de un secretario de la Nación», aseguró el Gobierno.