POLITICA
La diputada que propuso eliminar las fotomultas debe casi $6 millones por infracciones
La diputada nacional del Pro, Patricia Vásquez, impulsó un proyecto de ley para declarar la emergencia vial en Argentina, incluyendo una revisión del sistema de fotomultas y una unificación de los plazos de prescripción de las multas de tránsito en todo el país. Sin embargo, la iniciativa de Vásquez generó controversia, ya que acumula 34 infracciones y una deuda cercana a los 6 millones de pesos por multas impagas. “No las pagué porque nunca fui notificada. De esas multas hay muchas que no hice yo”, declaró la legisladora.
Vásquez sostiene que el actual sistema de fotomultas es “nefasto” y acusa a las autoridades de tener un “afán recaudatorio”. En su proyecto, busca que las infracciones leves prescriban en un año y las graves en dos, argumentando que muchas cámaras de control de velocidad “no están señalizadas y están escondidas”. Asegura que su objetivo es poner fin a “un sistema que llena los bolsillos de empresas, municipios y universidades” a través de estas sanciones.
El proyecto de Vásquez también plantea anular las infracciones detectadas automáticamente si no están señalizadas o si el acta carece de información precisa sobre la falta cometida. Entre las infracciones de la diputada, la mayoría son por exceso de velocidad y se distribuyen entre dos vehículos registrados a su nombre, un Honda Accord y un Ford Territory. Al respecto, Vásquez cuestionó la legitimidad de algunas sanciones, argumentando que varias de ellas ocurrieron en el mismo lugar y a la misma hora.
Además, Vásquez propone centralizar los fondos recaudados de las infracciones en un “Fondo Nacional de Infracciones”, con el 100% de estos ingresos destinados a educación vial, reparación de rutas y asistencia a víctimas de accidentes. “Me importan tres cominos mi situación personal”, sostuvo la diputada, en respuesta a las críticas sobre sus propias multas.
La legisladora, que tiene mandato hasta 2027 y responde a Patricia Bullrich en el Pro, se defiende afirmando que el proyecto busca atender una preocupación generalizada en la sociedad por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y las multas automatizadas.
POLITICA
El Gobierno condenó el «hostigamiento» del régimen de Nicolás Maduro a la embajada argentina en Caracas
El Gobierno condenó los actos de «hostigamiento e intimidación» por parte del régimen de Nicolás Maduro contra los dirigentes opositores asilados en la Embajada argentina en Caracas, actualmente bajo la protección diplomática del gobierno de Brasil.
Durante la tarde del sábado, Pedro Urruchurtu Noselli, uno de los seis dirigentes cercanos a la opositora María Corina Machado que llevan ocho meses refugiados en ese lugar, denunció la presencia de agentes de la DAET (la Policía Nacional Bolivariana), «encapuchados» y con «armas largas«, junto con la de funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en las inmediaciones del asilo. El descargo lo hizo a través de la red social X, donde compartió imágenes del patrullaje intimidatorio.
Ante esa situación, Cancillería Argentina emitió un comunicado e hizo un llamado a la comunidad internacional para «condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas del país».
En el mismo mensaje, se agradeció al gobierno de Brasil «por representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los locales diplomáticos, y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano».
«La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto de las normas internacionales y la seguridad de quienes se encuentran en situación de asilo», concluyó el descargo.
La última vez que Urruchurtu Noselli denunció «asedio» del régimen de Maduro a la embajada argentina en Venezuela fue a principios de septiembre. En ese entonces, el referente opositor señaló también que agentes de la DAET, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Sebin rodeaban el lugar. Sobre ese mismo hecho, el exdiputado Omar González, también asilado, acusó un corte del suministro eléctrico adrede.
Además de Urruchurtu y González, en ese edificio se encuentran Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.
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