Después de seis años de espera, el caso de los cuadernos de las coimas marcará un antes y un después en noviembre del año próximo, cuando finalmente se inicien las audiencias para determinar quiénes son inocentes y quienes culpables de haber defraudado al Estado. Se trata, ni más ni menos, que del juicio de corrupción más importante de la historia argentina, al menos si se los categoriza por cantidad de procesados. Alrededor de 160 exfuncionarios, empresarios, ejecutivos de empresas, testaferros, intermediarios y familiares que prestaron su nombre para operaciones corruptas se sentarán a tratar de demostrar su inocencia o a escuchar la sentencia que los condene.

En rigor, el caso de los cuadernos no es un solo juicio, sino varios expedientes que se dispararon a raíz del manuscrito que realizó el chofer del ex-Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno en el que se detallaban centenares de viajes que los funcionarios realizaban, varios de ellos en busca de dinero que entregaban empresarios. La sorpresa que causó en aquel invierno de 2018, cuando se conoció, y la solidez de las acusaciones llevaron a decenas de empresarios a negociar una parte de la verdad con la Justicia, a cambio de una mejora en la calificación de los delitos que confesaban.

Fueron casi 40 los que optaron por usar esta tangente procesal, pero, en rigor, hubo otros tantos que si bien no se adhirieron al instituto procesal también reconocieron haber llevado dinero a funcionarios o a oficinas apuntadas por ellos y donde funcionaban verdaderos centros de acopio de dinero espurio.

Como se dijo, no es un solo caso, sino varios. El caso cuadernos, el más grande de todos, dio origen a otros. En uno llamado “Camarita”, se investiga la cartelización y el reparto de las obras viales. Gran parte de los empresarios implicados fueron involucrados por los archivos que aportó el financista del matrimonio Kirchner Ernesto Clarens. El hombre contó cómo le llegaba la información desde Vialidad con los pagos que se realizaban a los constructores. En esas oficinas estaban los encargados de reclamar la “comisión” para que los empresarios, obedientes, pasaran a dejarla.

Será el tiempo de los hechos, de los testimonios y de las pruebas. La Argentina merece que, después de semejantes confesiones, de ver cómo se rompió la omertá del “club de la obra pública”, se celebre el debate oral y público. No es sana una sociedad donde todos son sospechosos

También se sustanció otro juicio en el que se investigó cómo los empresarios que explotaban las concesiones de trenes devolvían el 5% de lo que les pagaban por subsidios y un tercero en el que se ventilan hechos similares, solo que el vertical donde se recaudaban era con los dueños de las concesiones viales.

No solo alumbraron otros expedientes desde la causa cuadernos. En la etapa de instrucción del juicio hay relatos de corrupción a cielo abierto. Por caso, el contador del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner relató cómo el secretario presidencial Daniel Muñoz, hoy fallecido, justificaba el dinero que recaudaba de centenares de empresarios prebendarios. “Acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien”, le dijo el exsecretario privado de los Kirchner a Víctor Manzanares cuando ambos transitaban los agitados días donde el dinero viajaba en valijas de Buenos Aires a Santa Cruz.

Para la Justicia no solo se trató de un expediente que ventiló un hecho de corrupción, sino que se describió un sistema de recaudación que partía desde el vértice mismo del poder y que funcionó, con algunas interrupciones, en los tres primeros gobiernos kirchneristas, desde 2003 hasta 2015. Fue el propio Carlos Wagner, el ex poderoso presidente de la Cámara Argentina de la Construcción –para muchos, la Cámara Argentina de la Corrupción–, el que le puso voz a una de las confesiones más crudas. Dijo dónde, cuándo y cómo se repartían las obras. Entregó una nómina de sus colegas con los que se juntaban para cartelizarse y hasta llegó a reconocer que tenía una persona dedicada a preparar las remesas de dinero que debía entregar. Como si faltara algún detalle, nombró los lugares adonde llevaba el dinero: el popular café La Puerto Rico, a 50 metros del ministerio; un hotel ubicado cerca de la Plaza de Mayo, sobre la calle Bolívar, o sus oficinas, en la calle San José. El Alemán, como le decían sus colegas, dueño de Esuco, fue uno de los arrepentidos que aceptaron contar una parte de la verdad para salir de la cárcel.

Después de seis años de espera, de centenares de cursos que ofrecieron las defensas y de un férreo trabajo de la valiente fiscal Fabiana León, quien tendrá a su cargo la acusación, la Justicia decidió que los expedientes más importantes del caso cuadernos se empiecen a ventilar en las audiencias de un juicio oral y público que se citó para noviembre de 2025. Será el momento de regresar a los hechos, a los recorridos, los dólares y los bolsos, en el que cada cual deberá demostrar su inocencia, después de que aquella investigación que inició LA NACION en enero de 2018 se convirtiera en un debate procesal generado por la multiplicidad de recursos que interpusieron las defensas.

Será la hora de los hechos, de los testimonios y de las pruebas. Porque la Argentina se merece que después de semejantes confesiones, de ver cómo se rompió el silencio de omertá del “club de la obra pública”, al menos, se lleve adelante un debate oral y público para conocer a los culpables y, también, a los inocentes. No es sana una sociedad donde todos son sospechosos.