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POLITICA

Con Lijo y García-Mansilla congelados por la política, la Corte resolvió cómo se sortearán los conjueces para no retrasar las causas

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En un diciembre febril que todavía no terminó, la Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles cómo seguirá funcionando cuando dentro del diez días, el 29 de diciembre, el ministro Juan Carlos Maqueda se jubile y el tribunal sólo quede integrado por tres de los cinco miembros que debe tener. La Acordada, que responde al fracaso del gobierno para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el Senado, es un escrito técnico pero con alto contenido político: admite un mecanismo de veloz sorteo de conjueces cuando los tres votos no coincidan para llegar a una sentencia.

Con el objetivo manifiesto de que «el procedimiento aprobado impide que los expedientes se paralicen ante la falta de mayorías«, la Corte envía un mensaje al presidente Milei, quien aún cavila si designar a sus candidatos por medio de un decreto durante el receso legislativo, bajo el argumento de evitar que el funcionamiento del máximo tribunal quede detenido.

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Pero la carta también llegará al buzón de Cristina Kirchner, entregada a suceder maniobras procesales -todas agotadas justamente con las resoluciones que la Corte vino tomando en los últimos días- y políticas, para retrasar y procastinar los engranajes del tribunal que terminará decidiendo sobre su libertad y sus bienes, cuestionados en varios y graves expedientes judiciales por corrupción y por el encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA.

Para empezar, en el primer semestre del 2025 llegará al cuarto piso del palacio de Tribunales el recurso extraordinario contra la sentencia definitiva -no firme- del caso Vialidad, en el que la expresidenta y actual titular del PJ fue condenada por unanimidad como autora de una multimillonaria defraudación al Estado, en una sentencia confirmada por la Casación Federal también por unanimidad.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda reglamentaron un mecanismo rápido para el sorteo de conjueces en las ocasiones en que sus tres votos no sean coincidentes y sean necesarios uno o dos más para alcanzar la mayoría de tres (recordemos que el total siempre es cinco, el número legal de integrantes de la Corte). El doctor Ricardo Lorenzetti votó en disidencia.

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«Se garantiza la seguridad jurídica al establecer que un mismo conjuez resuelva siempre los casos análogos. De lo contrario, se atomizaría la jurisprudencia, las sentencias de la Corte variarían cada vez que se sorteare un nuevo conjuez», advierten desde el máximo tribunal. Y avisan al Senado y al Poder Ejecutivo que «están vencidas las listas de conjueces para los casos en que no puedan integrar la Corte los presidentes de las cámaras federales.»

«Con el objeto de preservar la seguridad jurídica y contribuir a la pronta terminación de los procesos», el mecanismo reglamentado este miércoles establece que «si al finalizar la circulación de una causa el secretario interviniente advirtiere que, en principio, no se ha logrado la mayoría legal para que sea sentenciada, deberá informar por escrito dicha circunstancia a los jueces del Tribunal.»

Transcurridos quince días hábiles desde ese informe, el secretario suscribirá una providencia para disponer la integración del Tribunal, «salvo instrucción en contrario de la mayoría de los jueces de esta Corte habilitados para participar de esta decisión». O sea dos. Este dato es importante mientras duren las graves diferencias personales entre Rosatti y Rosenkrantz con Rosatti, y viceversa.

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En su disidencia, Lorenzetti advierte que, «cuando no hay mayorías, los jueces de la Corte deciden en ese caso designar un conjuez entre los presidentes de las Cámaras Nacionales. Esta es la regla histórica. Lo que está en discusión en esta acordada es algo diferente: establecer como regla general una suerte de sustitución de los jueces por conjueces, lo que afecta los precedentes, porque cambiarán permanentemente, afectando la seguridad jurídica

Para Lorenzetti, esas «deficiencias jurídicas» podrían producir «numerosas nulidades procesales». Además, desliza, «la oportunidad es cuestionable, toda vez que se regula una práctica que no necesitó de regulaciones referidas a la Corte durante más de cien años, y se lo hace cuando termina el presente ejercicio sin necesidad, y sin esperar la opinión de dos jueces que están por ingresar.» No sólo eso: también cuestiona que Maqueda firme la Acordada, cuando esta por jubilarse y su vocalía ya no recibe expedientes.

El expresidente del máximo tribunal por más de una década, va al grano cuando advierte que la urgencia de la Acordada «pareciera estar dada por la necesidad de condicionar la llegada de otros dos nuevos jueces para integrar el Tribunal. Así las cosas, el mecanismo que se propone establecer podría llevar a la Corte a funcionar con conjueces frente a opiniones diferentes de los nuevos integrantes y ello sería aplicable a una amplia categoría de casos ‘análogos’

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«Cuando esta Corte funcionó con tres miembros, no necesitó hacer ninguna acordada de este tipo, porque se respetaron los principios de buena fe, coherencia y transparencia«, continúa Lorenzetti, dejando entrever que esos principios se habrían hecho a un lado en esta ocasión.

«Es evidente que si la Corte se integra, habitualmente, con otros jueces para un caso, o para una cantidad de ellos, se afecta la seguridad jurídica, porque los justiciables que no están conformes con una decisión, esperarán a otras integraciones. Más grave aún, esperarán a que la Corte esté integrada por los procedimientos constitucionales», objeta también el voto en disidencia.

El sistema establecido ahora, dice Lorenzetti, «constituye un incentivo para no lograr consensos, recurriendo inmediatamente a conjueces». «La gravedad de la decisión es más notoria aún si se toma en cuenta que se habilita a los secretarios a designar un conjuez para causas análogas. La determinación de que una causa es análoga es una valoración jurídica que deben hacer los jueces del Tribunal. La analogía puede ser en los hechos, total o parcial; además, los recursos tienen numerosos argumentos de derecho diferentes, y puede haber coincidencia en un argumento y no en otros», concluye el voto.

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Juicio por la muerte de Maradona. Leopoldo Luque agredió a un periodista y le quitó la cámara

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Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona que es juzgado por la muerte del exfutbolista, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y generó sorpresa su transformación física.

Además, en un cuarto intermedio protagonizó un incidente con un reportero gráfico al que le quitó la cámara con la que lo grababa.

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En los pasillos del Tribunal, Luque paseó junto con su abogado y allí se lo pudo observar con toda su fisonomía cambiada, producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses.

Leopoldo Luque atacó a un camarógrafo a la salida del juzgado

Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural.

En diálogo con LA NACION, el periodista gráfico agredido explicó que el médico le arrebató el teléfono y que, segundos más tardes, se lo devolvió.

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Además, explicó que no fue agredido físicamente por el galeno.

“Justicia por papá”

El más chico de los hijos de Diego Armando Maradona se puso ante la lente de la cámara para personificar el pedido de justicia por su padre, el astro del fútbol mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en una casa de un country de Benavídez, en circunstancias que, para el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, fue responsabilidad del equipo médico que debía cuidarlo y no lo hizo.

Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen del Diez en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, dijo solo tres palabras: “justicia por papá”.

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Su madre, Verónica Ojeda, se encontraba en la sala de juicio por jurados de los tribunales de San Isidro, donde ayer por la mañana comenzó el juicio donde se buscará dilucidar las eventuales responsabilidades penales de siete de los ocho imputados de la causa en la muerte de Diego. Vistió la misma remera que su hijo.

En el momento de su entrada se cruzó con una de las principales acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, y le gritó “perra mal parida”.

Luego se sentó en el sector dedicado a los jurados populares; a su lado estaban Jana, Dalma y Gianinna Maradona, tres de los cinco hijos del astro.

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Desde allí escucharon cómo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro que llevarán adelante la acusación por parte del Estado, calificó como un “teatro del horror” la internación domiciliaria de Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Tigre, alquilada a tal efecto, que estuvo a cargo de un equipo médico que caracterizó como “un grupo de improvisados” encabezado por el neurocirujano que lo había operado los primeros días de noviembre de 2020, Leopoldo Luque, y completado por Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y dos enfermeros. A ellos, en la imputación, se agregan un coordinador de enfermeros y otros dos médicos que revistaban en una empresa de medicina prepaga y otra de internaciones domiciliarias que tuvieron intervención en el caso.

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POLITICA

Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada

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Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente Javier Milei por la promoción de la “Beca Presidencia de la Nación”, otorgada por la Universidad ESEADE. La acusación señala una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al Código de Ética Pública por el uso de la imagen presidencial en la difusión de una iniciativa de una institución privada, fundada por el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h), mentor del mandatario.

El caso tomó notoriedad cuando Milei compartió en sus redes sociales un flyer con su imagen y la banda presidencial para promocionar la beca, mientras que afiches con el mismo diseño aparecieron en la vía pública. En el anuncio se afirmaba: “Beca Presidencia de la Nación. Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras. Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado”. La universidad también difundió un comunicado en el que destacaba la relación de Milei con la institución y el alineamiento de su gobierno con las ideas liberales.

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Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro firmaron la denuncia y exigieron que se investigue la posible existencia de un conflicto de intereses. En el documento presentado, señalaron que la promoción de la beca “expone una vinculación especial entre el Presidente y la institución educativa” que podría implicar “uso indebido de recursos públicos”. La polémica surgió casi en simultáneo con el escándalo por la promoción del token cripto $LIBRA, lo que intensificó las críticas al Gobierno.

Desde ESEADE afirmaron que el programa de becas era financiado íntegramente por la universidad y que el Consejo Académico sería el encargado de definir su otorgamiento. Sin embargo, en su página web se mencionaba que la validación final de las becas estaría a cargo de la Presidencia de la Nación. Consultada sobre estos aspectos, la institución no detalló cuál fue el apoyo concreto de Milei ni qué papel desempeñaba el Gobierno en la iniciativa.

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Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, aclaró que no tuvo injerencia en la beca y que se trataba de “un arreglo entre privados”. No obstante, al tratarse de una iniciativa educativa, la supervisión estatal debería recaer en dicha cartera, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Tras la denuncia, ESEADE emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que “el uso de la imagen del Presidente por parte de nuestra institución no ha sido expresamente autorizado” y que la decisión de incluirlo en la promoción de la beca fue “un homenaje a la figura presidencial”. Sin embargo, la referencia a Milei y a la validación gubernamental fue eliminada posteriormente de su página web, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad del programa y el posible uso indebido de la investidura presidencial.

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Jugada de la oposición: sorpresiva convocatoria de la comisión de Acuerdos del Senado para bajar el pliego de García-Mansilla para la Corte

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La tensión en el Senado no da tregua y este martes aumentó la presión entre el oficialismo y la oposición luego de que, en un giro sorpresivo, la presidenta de la comisión de Acuerdos, la larretista Guadalupe Tagliaferri, convocara a una reunión este jueves a las 11 con la intención de tratar el pliego del académico Manuel García-Mansilla, quien juró como miembro de la Corte Suprema de Justicia tras ser designado por decreto por Javier Milei.

La decisión de la senadora de citar a la comisión causó sorpresa en el Senado porque el pliego de Ariel Lijo, quien también fue designado en comisión por el Presidente, estuvo seis meses circulando por los despachos de los legisladores hasta que consiguió las 9 firmas, la mitad más a uno de los miembros de la comisión de Acuerdos, que lo habilitan para ser tratado en el recinto gracias a los avales del peronismo.

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Desde el despacho de Tagliaferri explicaron que no hay obligación de convocar a una reunión de comisión para emitir dictamen, pero se puede citar a los senadores para que den acuerdo. En este sentido recordaron los casos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes fueron a la audiencia pública, se dictaminó en fechas distintas y fueron al recinto meses después.

En rigor, la comisión fue convocada para resolver la controversia generada por el dictamen de Unión por la Patria en rechazo a la nominación de García-Mansilla. El despacho fue firmado por Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans.

Con el rechazo del peronismo sumado a otro dictamen firmado por Martín Lousteau y Tagliaferri, también en oposición al nombramiento de García-Mansilla, se alcanzarían las 9 firmas que exige el reglamento para llevar el tema al recinto.

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Pero el aval de Mayans, jefe de la bancada K, fue cuestionado por Tagliaferri, porque el senador formoseño no estuvo en la audiencia pública que se realizó en el Senado el 28 de agosto del año pasado, cuando García-Mansilla defendió su candidatura y, entre otras cosas, dijo que no asumiría el cargo si era designado en comisión. Por eso también llamó la atención la convocatoria a la reunión.

La camporista Anabel Fernández Sagasti con Manuel García Mansilla, durante la audiencia pública en el Senado. Foto: Federico López Claro.

Tal como informó Clarín, el legislador peronista se aferró a dos artículos del reglamento para rechazar los argumentos de la senadora del PRO, quien ya había aplicado la misma medida cuando se trató el pliego del embajador en Israel, Axel Wahnish, y se le impidió firmar al libertario Ezequiel Atauche porque estuvo ausente en la audiencia obligando a convocar a otra reunión de comisión.

En el caso de los pliegos para la Corte, la resolución de Tagliaferri para validar la firma de Mayans provocó la reacción del oficialismo y de los aliados más cercanos al Gobierno, quienes coincidieron en opinar que se trata de una maniobra del kirchnerismo con la senadora del PRO para voltear los pliegos de los candidatos de Milei para el máximo tribunal.

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Existe una mínima duda de que el peronismo pueda conseguir el quórum para la reunión de comisión, ya que la Casa Rosada tiene, entre propios y aliados, 8 senadores y con uno más puede bloquear al peronismo. La clave será cómo se posicionan Tagliaferri y Martín Lousteau, quienes rechazan la nominación de García-Mansilla y buscan llevar la discusión al recinto, donde se especula no están los dos tercios que exige la Constitución para designar a los Lijo y García-Mansilla ministros de la Corte.

Siguen las tensiones en la UCR

En tanto, la puja por los pliegos de Lijo y García-Mansilla profundiza la interna en el radicalismo. Según pudo averiguar este diario, en la última reunión de bloque de la UCR que se realizó el jueves pasado hubo al menos 10 senadores que se expresaron a favor de firmar dictamen en rechazo a la nominación de García-Mansilla.

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En ese cónclave, le pidieron a Martín Lousteau que redacte el dictamen, pero el viernes a la mañana cuando el jefe del Comité Nacional puso a circular la propuesta todos esquivaron el tema y el jefe de la bancada, Eduardo Vischi, comenzó a operar para desactivar la iniciativa.

Ante un panorama complejo, Vischi, que responde al gobernador Gustavo Valdés, y el libertario Ezequiel Atauche recomendaron al Gobierno retirar los pliegos, una jugada arriesgada porque en el futuro deberá volver a enviar los mensajes al Senado cuando el próximo año se venzan las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Desde el radicalismo ya le habían recomendado lo mismo al Gobierno.

A todo esto, el Comité Nacional de la UCR, que comanda Lousteau, resolvió este martes convocar a Vischi para discutir la situción de los jueces designados por comisión. Posteriormente, en una reunión de bloque, el correntino puso a votación de sus compañeros de bancada el pedido de las autoridades partidarias y resolvieron aceptarlo pero sumando a la discusión a los gobernadores.

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La apuesta de la Casa Rosada puede estar en lo que ocurra en el recinto, si el kirchnerismo avanza con los pliegos. Es que nadie da por seguro que todo Unión por la Patria vaya a rechazar el pliego de Lijo, por más que en la última reunión de bloque se haya acordado rechazar ambos candidatos del Gobierno que fueron designados por decreto.

Por ahora, el Gobierno está confiado en que lo que resuelva el Senado no tendrá efecto en los mandatos transitorios de García-Mansilla y Lijo, si finalmente decide asumir en comisión mientras esté vigente el decreto que los nombró hasta el 28 de febrero de 2026.

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