Dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron graves irregularidades en el manejo de millonarios subsidios otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a comunidades mapuches, algunas de ellas vinculadas a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según el informe, el dinero que debía destinarse a proyectos comunitarios fue utilizado en parte para pagar abogados en litigios contra el Estado y muchas de las obras financiadas con estos fondos nunca fueron realizadas.

A lo largo de más de una década, los gobiernos kirchneristas transfirieron más de $1.200 millones a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Sin embargo, la falta de controles permitió el desvío de fondos a otros fines. La auditoría reveló que en muchos casos no existían registros sobre el contacto con las comunidades, ni informes de avances en los proyectos financiados.

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El actual titular del INAI, Claudio Avruj, calificó este programa como una “obscenidad” y ordenó su cierre a través de la Resolución 8/2025. “Estos subsidios se convirtieron en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras”, denunció Avruj, citando los hallazgos de la SIGEN.

Casos de usurpaciones y subsidios millonarios

El informe destaca al menos tres casos en los que comunidades que recibieron subsidios fueron protagonistas de usurpaciones de tierras:

Lof Che Buenuleo (Río Negro): en 2019, miembros de esta comunidad ocuparon terrenos en San Carlos de Bariloche pertenecientes a la familia Soriani. En 2023, recibieron $1.770.000 del INAI para asistencia jurídica.

Lof Kinxikew (Neuquén): ocupó tierras en San Martín de los Andes y fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino. En 2023, recibió $1.950.000 para asesoramiento legal.

Newen Mapu (Río Negro): en 2023, recibió $4.480.000 en subsidios del INAI mientras mantenía reclamos territoriales en El Bolsón.

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Otras comunidades, como la Agrupación Mapuche Linares (Neuquén) y Lof Malal Pincheira (Mendoza), también recibieron subsidios millonarios y están involucradas en conflictos por tierras en zonas de interés para la exploración de hidrocarburos y el desarrollo ganadero.

Irregularidades en la rendición de cuentas

Las auditorías detectaron irregularidades en la firma de convenios y en la posterior rendición de cuentas. Un caso emblemático es el convenio firmado en octubre de 2022 por $1.690.000 para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan. Al revisarlo, los auditores encontraron que:

No hay registros de reuniones entre el INAI y las comunidades para evaluar la solicitud.

No existen informes de avances en el uso del dinero.

No se notificó a la comunidad sobre el desembolso de los fondos.

Se pagaron honorarios a un Licenciado en Ambiente, cuando el dinero debía destinarse a asistencia jurídica.

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Un caso similar ocurrió con un convenio de $1.770.000 para la Comunidad Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi, donde tampoco se encontraron registros ni rendiciones de cuentas.

Subsidios sin control en litigios contra el Estado

Uno de los puntos más preocupantes es que las auditorías confirman que estos fondos fueron utilizados para litigar contra el Estado. En el caso de las ocupaciones en el Parque Nacional Los Alerces, los subsidios financiaron la contratación de abogados que defendieron a las comunidades en juicios por usurpación.

Otro caso llamativo es un convenio por $29.210.000 firmado en Salta en cumplimiento de una sentencia internacional. Según la SIGEN, el dinero se ejecutó sin que existiera registro de contacto con las comunidades ni informes sobre su uso.