El inicio del próximo mandato presidencial en Venezuela está previsto para el viernes, cuando el congreso controlado por el partido gobernante organice una ceremonia de juramentación para el presidente Nicolás Maduro a pesar de serias dudas sobre la validez de los resultados oficiales de las elecciones del año pasado.

Se espera que Maduro comience un tercer mandato de seis años en medio de manifestaciones de sus seguidores, pero no está claro si alguien entre los millones que votaron por su principal adversario, Edmundo González, también protestará. González, quien afirmó haber ganado las elecciones del 28 de julio, dejó Venezuela para exiliarse en España en septiembre después de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra.

González emprendió en los útlimos días una gira interancional que lo llevo desde Washington a Panamá, pasando por Buenos Aires en busca de apoyo en su reclamo de la presidencia ganada. El líder opositor aseguró que continuará la «lucha hasta lograr hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano», al término de una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien le confirmó su apoyo como «presidente electo» de Venezuela.

«Muchas gracias por nombrarnos como lo que somos, y continuaremos con esta lucha hasta lograr hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano», declaró González Urrutia en un discurso junto a Mulino y ante cancilleres y expresidentes latinoamericanos

Incluso los gobiernos de izquierda de la región se han mostrado contrarios al régimen de Maduro. El colombiano Gustavo Petro confirmó que no asistirá a la investidura y aseguró que las elecciones del 28 de julio en Venezuela no fueron libres por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

Chile anunció este martes que retira a su embajador de Venezuela en medio de la escalada de tensiones entre los dos países de cara a la ccontrovertida toma de posesión de Nicolás Maduro que tendrá lugar el próximo viernes.

Según expresó en un comunicado la cancillería chilena, la medida obedece a la “evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”, tras las cuales “Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen”.

Tomar posesión del cargo permitirá a Maduro consolidar un conjunto de políticas que permitieron al gobierno poner fin a la escasez y la inflación descontrolada que dominaron la mayor parte de sus 11 años en el cargo. Sin embargo, esas medidas ya no cumplen con las promesas socialistas auto-proclamadas por él y su predecesor y continúan despojando a Venezuela de su democracia.

González ha dicho que tiene la intención de estar en Caracas el viernes, pero no ha explicado cómo piensa hacerlo ni cuáles son sus planes al llegar.

Las dudas provienen de la falta de transparencia del gobierno en el manejo y anuncio de los resultados de la elección presidencial.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lleno de leales al partido gobernante, declaró a Maduro ganador horas después de cerradas las urnas. Sin embargo, a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de votos, alegando que un hackeo del sitio web les impidió hacerlo.

Sin embargo, la oposición recopiló actas de escrutinio del 80% de las máquinas de votación electrónicas del país, las publicó en línea y dijo que los registros de votos detallados mostraban que González ganó la elección con el doble de votos que Maduro.

La condena global por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al tribunal supremo del país, también lleno de aliados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que auditara los resultados electorales.

El tribunal, sin mostrar pruebas exhaustivas, posteriormente reafirmó la victoria de Maduro y alentó al consejo electoral a publicar los recuentos de votos. Pero las autoridades electorales nunca lo hicieron, y tampoco lo hizo el partido gobernante, cuyos representantes de centros de votación —al igual que los de la oposición— tenían derecho a las actas de escrutinio de cada máquina de votación.

El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, que el gobierno de Maduro invitó a observar la elección presidencial, ha dicho que las actas publicadas por la oposición son legítimas.

El gobierno frecuentemente programa manifestaciones, especialmente cuando quiere mostrar fuerza en números, como el viernes. Maduro ha llamado a los venezolanos a salir a las calles ese día, pero no todos los que marchan con una remera progobierno lo apoyan. El gobierno a menudo coacciona a empleados públicos y beneficiarios de ayudas estatales para que participen en las manifestaciones.

Si la gente protestará contra Maduro el viernes aún está por verse, ya que la campaña de represión postelectoral del gobierno, que incluyó la detención de más de 2.000 personas, ha tenido un efecto disuasorio. Y aunque los partidarios de la oposición decidan manifestarse, no está claro quién los lideraría.

El domingo, la veterana de la oposición María Corina Machado instó a los partidarios a manifestarse el jueves en todo el país para sacar a Maduro del cargo.

“Maduro no va a salir por su propia voluntad, debemos hacer que se vaya con la fuerza de una población que nunca se rinde”, dijo Machado en un video en redes sociales. “Salgan, griten, luchen. Es hora de mantenerse firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron. Que esto se acabó”.

Machado, quien ha estado escondida durante meses en un lugar no revelado para evitar ser arrestada, dijo a los partidarios que “estaré con” ellos el jueves.

Mientras tanto, González permanece fuera de Venezuela y los líderes de la oposición que a menudo lo acompañaban a él y a Machado en los mítines de campaña fueron encarcelados después de las elecciones.

Se espera que asistan miembros de la Asamblea Nacional, ministros y aliados cercanos de Maduro dentro de Venezuela.

La oficina centralizada de información pública del gobierno no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para obtener una lista de los jefes de estado que han confirmado su asistencia.

Pero la lista podría ser muy breve ya que la crisis postelectoral del país ha aislado aún más a Maduro.

Maduro ha enfrentado críticas por la falta de transparencia en las elecciones de docenas de países, incluidos los vecinos Colombia y Brasil, cuyos líderes habían sido amigables con él en prácticamente todos los demás asuntos. Incluso intentaron intermediar un acuerdo de paz entre su gobierno y la oposición después de la votación de julio. Ninguno de los presidentes de esos países asistirá a la ceremonia del viernes.

La última inauguración de Maduro, en 2019, fue atendida por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales.

Las escaseces de alimentos y la aguda inflación que caracterizaron la mayor parte de los 11 años de presidencia de Maduro han desaparecido, pero la prolongada crisis del país no tiene fin a la vista.

Hoy día, el venezolano promedio debe hacer frente a un salario mínimo mensual de menos de 2 dólares, precios de alimentos en aumento, suministro irregular de combustible y un sistema de educación pública deficiente.

Pero al mismo tiempo, unos pocos afortunados con vínculos con Maduro y sus aliados se benefician de trabajos y contratos que les permiten pagar papel higiénico importado que cuesta 70 dólares, importar y vender vehículos, abrir restaurantes hechos para Instagram y ofrecer experiencias de turismo de lujo.

Esa desigualdad es precisamente la que se suponía que iba a desaparecer bajo las políticas que el mentor y predecesor de Maduro, el difunto presidente Hugo Chávez, describió como el socialismo del siglo XXI. Es de esperar que aumente a medida que el gobierno continúa luchando con una economía dependiente del petróleo paralizada por la limitada producción de crudo, la corrupción, la mala gestión, las sanciones económicas, el acceso al crédito firmemente restringido y la falta de inversión privada.

Antes de las elecciones, los votantes de todo el país dijeron repetidamente que ellos o sus seres queridos emigrarían si Maduro permanecía en el poder. Bajo su mandato, más de 7,7 millones de venezolanos ya han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida.