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Rumania y la sombra rusa: La OTAN y la Unión Europea buscan frenar a Călin Georgescu

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En los últimos días, Rumanía ha sido escenario de un evento que ha puesto en tela de juicio la integridad de sus procesos democráticos: la anulación de las elecciones presidenciales. Este incidente, catalogado por algunos actores políticos como un «golpe de estado», ha generado un debate intenso sobre la soberanía nacional, la influencia extranjera y la legitimidad de las instituciones democráticas en tiempos complejos por todo lo que ocurre en Europa actualmente.

El contexto del conflicto en Rumania

Rumanía, miembro de la Unión Europea desde 2007 y de la OTAN desde 2004, ha sido tradicionalmente un aliado estratégico del Occidente en la región de los Balcanes y el Mar Negro. Sin embargo, la victoria inesperada del candidato independiente Călin Georgescu en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una plataforma crítica hacia la OTAN y la política exterior de la UE, desencadenó una serie de acciones legales y políticas que culminaron en la anulación de los resultados electorales y con ello la anulación de la voz del pueblo.

Manifestantes rumanos protestan contra Calin Georgescu. (Foto: Robert Ghement EFE/EPA)

La Corte Constitucional de Rumanía, citando influencias rusas a través de plataformas digitales como TikTok, decidió anular las elecciones, lo cual fue interpretado por Georgescu y sus seguidores como una maniobra para evitar su ascenso al poder. Este acto judicial se ha visto como un intento de preservar la alineación de Rumanía con las políticas occidentales, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia.

¿Por qué es un golpe de estado?

Un golpe de estado es una acción mediante la cual un grupo, generalmente militar o político, derroca al gobierno establecido de un país para tomar el poder. Esto puede ocurrir de manera violenta o mediante la amenaza de fuerza. Los objetivos de un golpe pueden variar, pero generalmente incluyen:

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Cambio de régimen: Derrocar a un gobierno que el grupo considera ilegítimo o ineficiente.

Control del poder: Asumir el control de las instituciones del estado como el ejército, la policía, y las comunicaciones.

Reforma o restauración: Implementar cambios políticos, económicos o sociales, o restaurar un régimen anterior.

Desde una perspectiva interna, esta anulación puede ser vista como un golpe a la democracia, donde la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, es subvertida bajo pretextos de seguridad nacional o interferencia extranjera. Georgescu ha denunciado esta decisión como un «golpe de estado oficial», sugiriendo que el sistema judicial ha perdido su independencia en favor de agendas políticas externas. Georgescu, conocido por su firme defensa de la soberanía nacional y su crítica hacia las estructuras supranacionales, representa una alternativa al status quo, atrayendo tanto apoyo popular como oposición política.



Călin Georgescu, habla con la prensa después de la primera vuelta el 26 de noviembre de 2024 en Izvorani. (Foto: Daniel Mihailescu AFP)

Externamente, el episodio ha levantado sospechas sobre la verdadera autonomía de los estados miembros de la UE y la OTAN frente a la injerencia de potencias globales en sus asuntos internos. Todo esto parece llevar a que la decisión judicial fue influenciada por presiones de la OTAN y la UE, deseosas de mantener a Rumanía en su esfera de influencia, especialmente dado el discurso anti-OTAN de Georgescu. Este incidente pone de manifiesto cómo las instituciones democráticas pueden ser instrumentalizadas para perpetuar una narrativa favorable al equilibrio de poder dominante.

Georgescu: un líder controvertido

El carisma de Călin Georgescu y su compromiso con la soberanía nacional han capturado la imaginación de muchos rumanos, especialmente aquellos que se sienten desilusionados con las políticas tradicionales y las alianzas internacionales percibidas como restrictivas. Su propuesta de alejar a Rumanía de las estructuras dominadas por Occidente y de priorizar un enfoque más independiente ha generado una base de apoyo apasionada. Este respaldo no solo proviene de ciudadanos comunes, sino también de intelectuales y figuras públicas que comparten su visión de un país más autónomo.

No obstante, sus detractores argumentan que su retórica podría llevar al aislamiento de Rumanía en un contexto internacional donde las alianzas son clave para la estabilidad y la seguridad. A pesar de estas críticas, Georgescu ha mantenido su postura firme, calificando las acusaciones de interferencia rusa como una herramienta para desacreditar su campaña y sofocar un movimiento que amenaza el status quo.



Manifestaciones en Bucarest (Foto: Robert Ghement)

La decisión de optar por la alternativa de Georgescu en Rumanía puede estar relacionada con una profunda crisis económica y social que afecta al país desde hace varios años. En el ámbito económico, el aumento constante de la inflación, combinado con un estancamiento en los salarios reales, ha reducido significativamente el poder adquisitivo de la población. Además, el alto nivel de deuda pública y la dependencia de subsidios europeos han limitado la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que impulsen el crecimiento económico sostenible. 

Estas dificultades han generado un descontento generalizado, especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes se sienten abandonados por las políticas tradicionales. En el plano social, la migración masiva de jóvenes profesionales hacia otros países de la Unión Europea ha dejado un vacío en el mercado laboral, debilitando la capacidad de innovación y desarrollo del país.

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A esto se suma la percepción de corrupción endémica en las instituciones públicas, lo que ha erosionado la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Las crecientes asimetrías sociales, junto con la sensación de que las élites gobiernan en favor de intereses externos, han alimentado movimientos populares que exigen un cambio radical en la dirección del país, abriendo el camino para líderes como Calin Georgescu, que prometen una ruptura con el pasado.

El papel de las redes sociales

Uno de los aspectos más intrigantes de este caso es el papel de las redes sociales como campo de batalla para la información y la desinformación. TikTok, en particular, ha sido señalado como una plataforma clave utilizada para influir en la opinión pública. Mientras que algunos lo ven como una evidencia de injerencia extranjera, otros consideran que estas acusaciones son una excusa para justificar la anulación electoral y mantener el control político.



TikTok, bajo investigación por presunta interferencia en elecciones presidenciales de Rumania. (Foto: Reuters)

Georgescu ha utilizado las redes sociales para conectar directamente con sus seguidores, esquivando los canales tradicionales que considera sesgados en su contra. Esta estrategia le ha permitido consolidar un apoyo significativo entre los jóvenes, quienes ven en él una figura disruptiva que desafía las normas establecidas.

Implicaciones geopolíticas

La situación en Rumanía no solo es un caso de estudio sobre la estabilidad democrática sino también sobre cómo las dinámicas de poder internacionales pueden afectar la soberanía nacional. La acusación de injerencia rusa, aunque no probada fehacientemente, destaca la vulnerabilidad de los procesos electorales a la guerra híbrida y la desinformación en la era digital. Georgescu, en este contexto, se presenta como una figura que desafía las narrativas predominantes, abogando por una política exterior independiente y un retorno a los valores soberanos, ganándose la admiración de sectores que buscan un cambio.

Por otra parte, la reacción de los organismos internacionales y de otras naciones hacia este evento podría revelar una doble moral respecto a la intervención en asuntos internos bajo la bandera de la «seguridad» o «democracia». Este doble estándar podría erosionar la confianza en las instituciones globales, fortaleciendo movimientos políticos que buscan desvincularse de las estructuras de poder tradicionales.

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Un hombre ondea una bandera frente a un colegio electoral de Rumania. (Foto: Andreea Alexandru AP)

El golpe de estado oficial en Rumanía abre un debate crucial sobre la integridad de las elecciones, la influencia extranjera en la política nacional y la verdadera naturaleza de la democracia en un mundo multipolar. Este evento podría ser un preludio para futuros enfrentamientos entre la soberanía nacional y las presiones internacionales, cuestionando no solo la legitimidad de las instituciones rumanas sino también el rol de las organizaciones internacionales en la preservación o subversión de la voluntad popular. Georgescu, con su posición firme y crítica, encarna un desafío significativo al statu quo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la hegemonía europea.

Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva y transparente sobre las acusaciones de interferencia extranjera, asegurando que cualquier decisión judicial o política en Rumanía respete el principio democrático fundamental: la voluntad del pueblo. Además, se requiere una reflexión profunda sobre el papel de las alianzas internacionales en la soberanía de los estados. En este contexto, Georgescu destaca como una figura central en el debate, catalizando una discusión sobre cómo equilibrar los intereses nacionales con las demandas de un orden internacional cambiante. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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Argentina reclama a Uruguay parte de los U$S 10 millones que Eduardo Costantini pagó por el campo de Lázaro Báez

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La Justicia argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF) analizan cómo pedirán parte de los 10 millones de dólares que su par uruguaya cobró ayer por el campo “El Entrevero” que el empresario K Lázaro Báez había comprado con 14 millones de dólares de la corrupción con obras públicas en la Argentina.

La Justicia uruguaya consideró que Báez lavó esa plata en su territorio y, por lo tanto, el delito se había cometido en su jurisdicción, pero se trató de fondos públicos argentinos que Báez obtuvo de sobreprecios y obras cobradas pero no terminadas cómo quedó demostrado en la causa Vialidad donde se lo condenó, junto a Cristina Kirchner, a 6 años de prisión.

En agosto pasado, Báez fue condenado -además- a una pena de 4 años y medio de prisión por lavado de activos agravado, al haber comprado El Entrevero. Fue una causa conexa a la Ruta del Dinero K, entre otras condenas.

Lázaro Báez mientras asiste al Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por la Ruta del Dinero K.

El fallo del Tribunal Oral en lo Federal 4 (TOF4) fue por la mayoría Jorge Gorini y Néstor Costabel, mientras que la jueza María Gabriel López Iñíguez sostuvo disidencias parciales. La acusación estuvo a cargo del fiscal Abel Córdoba,de la AFIP y de la UIF. El TOF también dispuso un decomiso de 14 millones de dólares.

La estancia marítima El Entrevero comprada por Lázaro Báez La estancia marítima El Entrevero comprada por Lázaro Báez

Fuentes del TOF 4 informaron a Clarín que ahora “se verá la forma de avanzar” con el reclamo a la Justicia del Uruguay en este caso testigo de cooperación con bienes decomisados.

El reclamo al vecino país ya había empezado en la instrucción con el juez federal Sebastián Casanello. Para fuentes de Comodoro Py el campo es un bien “decomisable (adquirido con fondos ilícitos) por lo que el producto de su remate debiera haber ido, en todo o en parte (de acuerdo a la buena voluntad uruguaya), al Estado argentino”.

En paralelo, el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, en consulta con la Cancillería, verá también como hacer el reclamo a Uruguay.

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El ex titular del organismo antilavado, Mariano Federici, recordó que en el 2019 “ya lo reclamamos a la justicia como querellantes, y es la justicia argentina la que debe reclamarlo ahora a Uruguay”.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se firmó con Uruguay un acuerdo para la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional con este caso y el de Balcedo a la vista, entre otros.

El entonces canciller Jorge Faurie y su par de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, suscribieron un Acuerdo Marco entre ambos países para la Disposición de Bienes Decomisados. El acuerdo estableció “los mecanismos de cooperación y negociación para la recuperación de activos que se encuentren en el territorio de un país y hayan sido obtenidos a través de delitos de corrupción, tráfico ilícito de estupefacientes y delincuencia organizada transnacional, cometidos en el otro país”.

“Es un estándar y una buena práctica internacional establecer acuerdos entre países para compartir bienes decomisados en causas de corrupción y lavado, cuando el esfuerzo por investigar y despojar a los delincuentes de sus bienes haya sido compartido” recordó Federici en diálogo con Clarín.

En 2019 Argentina y Uruguay suscribieron ese acuerdo marco en tal sentido.

Federici subrayó que “fue el primer acuerdo de ese tipo que el país suscribía, reflejando un compromiso conjunto de Argentina y Uruguay en la lucha contra estos delitos y un espíritu de cooperación” que ahora se debe poner en práctica.

El campo “El Entrevero”, en José Ignacio, decomisado a Lázaro Báez, representa “el producto de un delito investigado y juzgado en Argentina, donde la víctima es el Estado Argentino”, detalló el experto en lavado.

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Por lo tanto, “la justicia argentina y la justicia uruguaya deberían ponerse de acuerdo en como se distribuye el valor al cual fue rematado para que nuestro país pueda recuperar parte de lo que le fue robado”, enfatizó Federici.

El allanamiento a la Estancia Entrevero en Uruguay de Lázaro Báez.El allanamiento a la Estancia Entrevero en Uruguay de Lázaro Báez.

Pero hay otro caso en carpeta. En 2018, el exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) Marcelo Balcedo solicitó el refugio en Uruguay para evitar ser extraditado a la Argentina, donde cumple una condena a más de cuatro años de prisión por «lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas».

Balcedo fue detenido junto a su esposa en enero de 2018, en su lujosa mansión «El Gran Chaparral» de Playa Verde, en Maldonado, Uruguay. Fue por una causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos abierta en Argentina. En la mira estaba el desvío de 500 millones de pesos del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad entre 2012 y 2018.

En el operativo, del que participaron fuerzas de ambos países, descubrieron que el sindicalista y empresario tenía 500 mil dólares, armas de fuego de distintos calibres y autos de lujo que no estaban a su nombre. La flota incluía una Ferrari, un Mercedes Benz y un Chevrolet Camaro. Un Porsche, en tanto, estaba registrado a nombre de su esposa. Todos estos bienes también fueron decomisados en parte por la Justicia del Uruguay y también son motivo de reclamo de la Argentina.

En ese sentido en noviembre pasado, el Procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, instruyó a los fiscales para que impulsen el dictado de medidas cautelares sobre los bienes sospechosos de origen ilícito en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo.

Las cautelares permiten asegurar el decomiso de los bienes del corrupto o lograr eventuales sanciones como el cobro de multas y el pago de indemnizaciones, tras los juicios.

En una instrucción, Casal también les ordenó a los fiscales hacer “una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela al objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en casos graves de criminalidad económica”.

Se trata de una profundización de la doctrina de los decomisos anticipados de bienes, en general, se dictan después de las condenas que tardan varios años en llegar. Y está en el marco de recomendaciones de organizaciones como el Banco Mundial que prefieren que los corruptos devuelvan el dinero robado al Estado, más que cumplan condenas de prisión.

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Mientras, el kirchnerismo bloquea en el Congreso el proyecto de ley de Extinción de Dominio que facilitaría estos decomisos.

Un caso emblemático es el de la ex presidenta Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la condenó a 6 años de prisión y dispuso el decomiso de 84.835 millones de pesos a ella y los otros condenados, cifra que será actualizada al momento en el fallo en que quede firme​. El fiscal del juicio Diego Luciani estimó que el direccionamiento de licitaciones de obra pública a favor de Lázaro Báez implicó un robo de “mil millones de dólares” de bienes del Estado. Pero cómo cobrarlo cuando la Corte decida si confirma la sentencia, será otra historia.

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